¿Se imagina usted ser señalada, desacreditada o castigada por denunciar la violencia que atraviesa su vida cotidiana? ¿Ser cuestionada por exigir justicia, por tomar la palabra, por adherirse a un movimiento social, político y cultural que busca algo tan básico como una vida digna y libre de violencia?
Denunciar o señalar la violencia sistemática e histórica implica exponerse; resistir implica pagar costos; existir fuera del mandato implica sanción. El castigo social hacia quienes incomodan no es casualidad, no es nuevo, y sucede en el mundo entero. Porque lo que se castiga no es solo la denuncia, sino la ruptura del orden. Un orden histórico construido sobre jerarquías de género, sobre la apropiación de los cuerpos, sobre el silenciamiento de las voces que cuestionan la normalidad de la dominación. Un orden que disciplina, corrige y margina a quienes se resisten a ocupar el lugar que les fue asignado.
Y es precisamente por ello que el 8 de marzo vuelve con su carga simbólica, su memoria incómoda y su capacidad de interpelar al presente. No es una celebración, es una conmemoración, es una pregunta abierta. ¿Qué ha cambiado realmente para las mujeres y qué permanece intacto bajo nuevas formas? ¿Quiénes han podido avanzar y quiénes siguen pagando el costo del progreso?
Esta fecha recuerda luchas obreras, resistencias colectivas y siglos de exclusión sistemática. Pero también nos obliga a reconocer algo más profundo. El feminismo no marcha por nostalgia, marcha porque la violencia sigue siendo estructura.
Conmemorar el 8M implica preguntarnos también qué cuerpos han sido históricamente más vulnerables, qué vidas han sido consideradas prescindibles y qué formas de existencia siguen siendo marginadas por un modelo civilizatorio que ordena el mundo desde el poder, la dominación y la acumulación.
Hoy, en México y en buena parte de América Latina, el movimiento feminista mantiene su exigencia contra la violencia, la discriminación y el patriarcado, y sigue siendo uno de los pocos movimientos sociales que conservan autonomía real frente al Estado. Dialoga, sí. Incide, también. Pero no se subordina. Cada 8 de marzo esa independencia se reafirma en las calles, recordando que la justicia no se decreta: se conquista desde abajo, desde los territorios, desde las periferias, desde las experiencias históricamente silenciadas.
Vivimos tiempos paradójicos. Nunca había habido tantas mujeres en cargos públicos, en espacios de representación y en posiciones de decisión. La paridad política es un logro histórico. Pero la pregunta permanece: ¿qué significa el acceso al poder cuando las estructuras que producen desigualdad permanecen intactas? ¿Puede existir igualdad política sin igualdad material? ¿Quién representa a quién cuando las condiciones de vida siguen marcadas por la precariedad?
Millones de mujeres sostienen su vida en una economía de sobrevivencia que exige renunciar al descanso, al tiempo propio, a la salud y al autocuidado. Se trabaja más horas por menos salario, se cuida sin remuneración, se habitan múltiples jornadas en un solo día. La precariedad no solo vacía los bolsillos, coloniza el tiempo, disciplina los cuerpos y limita el horizonte de lo posible. Se nos pide autonomía en condiciones que producen dependencia. Se nos exige autocuidado en medio del agotamiento estructural. Le pregunto, ¿puede hablarse de libertad cuando la sobrevivencia absorbe toda la energía vital? o ¿puede hablarse de elección cuando las condiciones materiales restringen las opciones?
A esta tensión se suma otro fenómeno inquietante, el retorno de las derechas en distintos países de América Latina, acompañado de discursos que buscan restaurar un orden social basado en jerarquías tradicionales. Su agenda no solo cuestiona el derecho al aborto o debilita políticas de protección; también intenta redefinir el sentido común, negar la violencia de género y reinstalar la subordinación como normalidad. Negar la violencia se ha convertido en estrategia política. Invisibilizar el feminicidio, relativizar el acoso y desmantelar mecanismos de protección no elimina el problema, fortalece la impunidad. Lo que está en disputa no son únicamente derechos, sino el significado mismo de la justicia, la igualdad y la dignidad.
En este escenario emerge otro desafío urgente, replantear qué significa ser hombre. La violencia de género y feminicida no puede entenderse solo como conducta individual; es resultado de un modelo cultural que ha vinculado históricamente la masculinidad con el dominio, la posesión y la negación de la vulnerabilidad. ¿Quién enseñó a los hombres que amar es poseer?, ¿Qué sociedad produce identidades sostenidas en la fuerza y el control?, ¿Qué se pierde cuando la ternura se castiga y la vulnerabilidad se vive como amenaza?, ¿Puede existir igualdad sin transformar la forma en que se construye la masculinidad?
Repensar las masculinidades no es concesión al feminismo, es condición para la vida colectiva. Implica desmontar privilegios, desactivar mandatos de poder y construir relaciones basadas en el cuidado y la corresponsabilidad. Porque los feminismos no solo buscan ampliar derechos para las mujeres. Propone cuestionar el modelo social que organiza la vida misma.
En este contexto, el 8M sigue siendo una fecha incómoda. Nos recuerda que los avances conviven con retrocesos, que la igualdad jurídica no garantiza justicia social y que los derechos conquistados pueden revertirse. Nos obliga a mirar lo que aún falta: nos falta justicia, nos falta igualdad material, nos falta seguridad en las calles y en los hogares, nos falta tiempo propio, nos falta autonomía plena. Y nos faltan muchas: las que fueron asesinadas, las que permanecen desaparecidas, las que no regresaron a casa, las amigas que este 8M no podrán marchar, por eso marchamos por ellas, por nosotras, y por usted, porque merecemos una vida sin miedo a desaparecer.
