Las intensas lluvias de la semana pasada, que ocasionaron severos daños, pérdidas humanas y desastres en diversas regiones del país, se convirtieron de inmediato en el centro de atención noticiosa. Esto ocasionó, como era de esperarse, que otros eventos de gravedad vieran disminuido su impacto mediático. Sin embargo, sin dejar de reconocer y solidarizarse con la difícil situación que se vive en las zonas afectadas, es importante no soslayar lo ocurrido en otros ámbitos, máxime que están de por medio la debida protección de los derechos humanos.
En particular, me refiero a lo ocurrido en la Ciudad de México, durante la marcha del pasado 2 de octubre. El dicho popular “una imagen dice más que mil palabras” aplica plenamente a lo sucedido. Fue ampliamente reproducido en medios y en redes sociales el actuar de un grupo de personas embozadas cometiendo desmanes y agrediendo impunemente a policías, sin que estos (incluyendo mujeres) tuvieran ocasión de responder ante la artera agresión. No es la primera ocasión que esto ocurre.
La reacción mayoritaria de la gente fue de indignación a los agresores, de reproche a las autoridades por la pasividad mostrada y de solidaridad al casi centenar de elementos policiacos lesionados. Es necesario poner en su justa dimensión la instrucción de los altos mandos de “no caer en provocaciones” y “no responder a las agresiones”, so pretexto de “no habrá represión del gobierno”. Una duda inmediata, ¿a qué costo? La sociedad en general, y los elementos policiales en particular, requieren una explicación razonada y fundada, ajena a cuestiones ideológicas, en la que se explique con claridad si esto es irrestricto y absoluto y porqué o, si se tienen previstas algunas variables o matices y cuáles son. Asimismo, las autoridades deben señalar, para ese tipo de eventos, cuáles son los mecanismos de protección diseñados, a favor de quienes resulten afectados. No sólo los son los policías, sino también las personas transeúntes, los locales comerciales, los edificios y monumentos históricos.
Es inevitable hacer un ejercicio de balance de los intereses, derechos y obligaciones en juego, para determinar el camino a seguir. Por descontado, no puede prevalecer el interés de los infractores de la ley. Tampoco lo puede ser la posición del gobierno de no hacer nada, cuando su obligación es enfrentar a los agresores. En cambio, prevalece el interés y el derecho de quienes se manifiestan pacíficamente y de la sociedad en general. Por supuesto, adquiere relevancia el interés de los policías.
Para enfrentar situaciones extremas como las que se vivieron, el Estado tiene una triple alternativa: a) contar con protocolos de actuación específicos, sustentados en esquemas de capacitación práctica, actualizada y permanente, para actuar en estos casos, b) tener decisión de aplicar los protocolos ante situaciones que ocurren en la realidad y, c) hacer valer el uso legítimo de la fuerza como mecanismo reconocido legalmente para actuar en caso de estar en riesgo el interés general y su integridad personal.
Al respecto, no hay duda, los agresores quebrantan la ley; hay cientos de testigos y pruebas gráficas y de video de su actuar in fraganti; deben ser detenidos y puestos a disposición de las autoridades; el no hacerlo acarrea impunidad a su favor. Se envanecen para seguir haciéndolo cuantas veces quieran, en donde quieran, contra quien quieran y cuando quieran. Su mensaje es claro.
Ante ese mensaje de los agresores, la respuesta de las autoridades también debe ser clara. Es el momento de hacer valer la fuerza del Estado. Es cierto, resulta complicado su aplicación en la realidad, pero no hay otra alternativa. Dejar de hacerlo presenta una doble consecuencia: a) renunciar de manera injustificada a ejercer una facultad reconocida legalmente y b) el incumplimiento a su obligación de garantizar la seguridad pública y la seguridad personal de policías y demás personas, lo cual genera violaciones de derechos humanos. Ni más, ni menos.
En este punto, traigo a colación el análisis que se hizo en la Recomendación 7VG/2017, de la CNDH, con motivo de la investigación de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. Ahí se establecieron los criterios a observar con relación al uso legítimo de la fuerza: los principios que los rigen, el análisis de inteligencia, las técnicas y mecanismos para su aplicación, la planeación de un operativo y la rendición de cuentas. Sería conveniente volver los ojos a ese documento.
En la misma Recomendación se abordó el tema de los derechos humanos de los policías y se concluyó que son titulares de estos, pero que la investigación de su violentación les corresponde a otras autoridades. Las instituciones de derechos humanos deben revisar la actuación de las autoridades involucradas en la cadena de mando. En la investigación de lo ocurrido el 2 de octubre es imprescindible incluir el enfoque de los derechos humanos.
La defensa de los derechos humanos exige firmeza y decisión de parte de los obligados a garantizar su respeto y observancia. Reitero, los derechos humanos no son compatibles con cálculos y conveniencias políticas.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) / eguadarramal@gmail.com
Foto: Víctor Camacho y Alfredo Domínguez / La Jornada
