Sin discusiones ni consultas previas, la comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la iniciativa de Ley General de Minería Metálica del presidente Bukele, el 21 de diciembre pasado. En la víspera de navidad, la Legislatura derogó la prohibición de la minería metálica. Habían transcurrido siete años de respiro para las comunidades que lucharon durante 12 años contra las mineras y lograron la prohibición constitucional en 2017. La mayoría de diputados abyectos al gobierno organizaron el madruguete para evitar movilizaciones de los pueblos que conocen los efectos de la minería a cielo abierto. Con 57 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones se canceló la legislación, única en el mundo que, al prohibir el saqueo de las mineras, daba la pauta para cuidar y conservar el agua, los ecosistemas y la vida de las personas en El Salvador. Algunos diputados de la mayoría de Bukele, repitieron las frasecitas huecas que su jefe publica en X, que la minería a cielo abierto puede ser sustentable.
El texto de la ley aprobada expresa, en sus primeras líneas, que el Banco Mundial (BM) ha recomendado la extracción de metales y minerales como camino hacia un posible desarrollo de los países. Así fue décadas atrás. El BM instaba a privatizar la tierra y a sacar de ella todo lo que fuera vendible. Años más tarde este organismo, como en tantas ocasiones, tuvo que revirar un poco porque las consecuencias devastadoras de la minería a tajo abierto y por la creciente oposición a ella. Al parecer Bukele y sus modernos alfiles no se enteraron del cambio. Tampoco revisaron que la Ley presenta una contradicción intrínseca. De una parte, dice que se trata de promover empleos y desarrollo del país mediante una minería sustentables y en el mismo texto dice que el Estado se encargará de la remediación de los efectos (crímenes) ambientales de esta minería. Esta ley ni siquiera exige una Evaluación de Impacto Ambiental a las mineras. No regula el acceso a la información y la transparencia sobre las actividades mineras. Menos aún exige la consulta libre e informada a los pueblos.
El presidente que se ha reelegido inconstitucionalmente, que tiene control casi total sobre los poderes legislativo y judicial y que mantiene un estado de excepción que le permite violar los derechos humanos de las personas que, según su consideración, violan la ley, arrancó su mandato con un bono de simpatía cuando encarceló a decenas de miles de personas, muchas de ellas de las bandas criminales, pero en este hecho recluyó a miles de personas inocentes.
El intento de reintroducir la minería a cielo abierto en El Salvador ha mostrado quién es este personaje que se vende con una imagen de modernidad. Me ha recordado a Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994, quien aparecía como un modernizador con las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como fundamentos del promisorio desarrollo. Relativamente joven y jactancioso, llegó al poder mediante el gran fraude electoral y violó derechos humanos de tantas personas luchadoras. Privatizó empresas y bienes públicos. En 1992, envió la iniciativa de Ley Minera que abrió las puertas a la minería monopólica que por más de treinta años ha devastado a México. Hoy, millones de hectáreas están concesionadas a los consorcios mineros. Casi el 10% del país. Entre los efectos padecidos, están las sequías a escala regional por el drene de pozos por parte de las mineras, lo que presionó a miles de personas del campo a migrar a Estados Unidos. Otra consecuencia grave ha sido la asociación entre mineras y el crimen organizado.
Similar a Bukele, Salinas ofreció modernidad, apertura comercial, desarrollo regional a través de la inversión extranjera pero hubo despidos masivos y el impulso de un capitalismo de amigotes en el que familiares, políticos de su partido y los millonarios de siempre se enriquecieron, aún más, con las privatizaciones. Nada más peligroso que un niño bien, un mirrey, adherido al discurso de las elites extractivistas de la minería transnacional.
El pueblo salvadoreño, tiene una gran capacidad de organización. Se han pronunciado contra el regreso de la minería metálica universidades y sus organizaciones académicas, frentes sindicales, comunitarios, campesinos, organizaciones ambientalistas, seiscientos curas del país, la Iglesia Católica y las Iglesias Históricas. “El rechazo popular en El Salvador ha sido fuerte y rápido”, expresa la carta de los Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador e invita a apoyar a los cinco ambientalistas de Santa Marta criminalizados por advertir, desde hace dos años, lo que hoy ha hecho Bukele. Reproduzco su petición: Le pedimos que su organización firme la siguiente carta dirigida al presidente salvadoreño Nayib Bukele antes del viernes 24 de enero. También son bienvenidas las adhesiones de académicos y abogados a título individual. La carta se publicará el lunes 27 de enero, una semana antes de que se celebre – muy injustamente – un nuevo juicio contra cinco defensores del agua de Santa Marta que ya fueron absueltos de todos los cargos en una sentencia decisiva el 18 de octubre.
