El gobierno actual no resiste frente al apetito de los países imperialistas. Entrega todo bajo sus condiciones de precio, regulación extractiva y acceso al agua porque sin ella es imposible extraer metales. Acepta el sometimiento de los pueblos que habitan las tierras con el mineral y la constante violencia contra los trabajadores del sector.
No es viable ubicarse entre la defensa de la soberanía nacional y firmar acuerdos de suministro de minerales mediante tratados bi o multilaterales con Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Ellos imponen los requisitos.
Someterse al mercado de minerales controlado por los países colonialistas e imperialistas ha sido la historia de los países de América Latina en los últimos 534 años. Parece que Trump impuso nuevas exigencias, pero no difieren de las ocurridas a lo largo del siglo XX y las estipuladas en el acuerdo comercial de 1993. Acuerdos firmados a partir de la asimetría económica, la entrega de concesiones territoriales para especular y extraer minerales, el acceso a los hidrocarburos, la desaparición de la soberanía alimentaria y la utilización de una mano de obra barata para las industrias deslocalizadas de Estados Unidos
Las industrias de alta tecnología de Estados Unidos buscan el monopolio comercial de cobre, níquel, cobalto, litio, grafito, tungsteno, oro y plata, entre otros. Perdieron frente a China el acceso y el control a estos minerales, estratégicos para las corporaciones de armamentos, electricidad, autos e inteligencia artificial. El oro, en particular, es el equivalente de valor que todos los países han acumulado y no parece que quieran cambiar. No controlar los precios de estas materias primas es una debilidad del capital monopólico de Estados Unidos. Trump y su grupo en el poder son la vía para cambiar esta situación.
En consecuencia, el primer paso, después de la andanada de aranceles, amenazas, insultos y retiro de apoyo a medio mundo, ha sido un aviso comercial. El gobierno norteamericano anunció que trabajara con una Comisión Europea y Japón para garantizar el suministro de estos minerales e imponer precios semifijos. Para lograrlo, necesita acuerdos, no puedo hacerlo solo. En la construcción de este acuerdo ha incorporado a México.
El gobierno de Trump precisa, también, tener el control de los procesos de refinación de los minerales. Algunos de ellos requieren alta complejidad tecnológica. No basta con garantizar la extracción, tiene que garantizar la refinación y la manufactura de alta tecnología, es decir, los componentes técnicos y electrónicos.
Frente a esta estrategia, los consejeros de los empresarios de la minería han hecho un reconocimiento tácito del extractivismo primario exportador de los países del sur. Hablan ahora de que no es suficiente con extraer más, como ha ocurrido durante 40 años, sino que hay que agregar valor a lo extraído. Con esta afirmación reconocen que lo que ocurrió en este período fue un modelo extractivo de sacrificio ambiental.
Hoy en día se necesita, extraer, procesar y fabricar a bajo costo y en menos tiempo, el gobierno norteamericano incorpora a México a esta nueva dinámica. Esta semana ambos gobiernos se reunieron y anunciaron un plan de 60 días para “definir prioridades y proyectos mostrables”. Es decir, no se admitirán más dilaciones en concesiones, los permisos de impacto ambiental deberán ser más expeditos y, lo que llaman licencia social de los pueblos, deberá fluir a través de la ingeniería de control social o la represión.
Otro tema que debe garantizar el gobierno mexicano es el de la seguridad en las zonas mineras y, lo más importante para el capital minero, no más regulaciones que limiten la actividad. A cambio, el acuerdo transcontinental abre la posibilidad de que lleguen a México inversiones externas para que se procesen algunos de los minerales a fin agregarles valor.
De la mano del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, México se mantendrá en la ruta de la obediencia frente a estos acuerdos sobre minerales. El neoextractivismo en México incorporará, si acaso, pequeñas escalas de manufactura.
