Durante años el discurso oficial del movimiento gobernante se sostuvo en una fórmula tan simple como efectiva, frente a cualquier señalamiento sobre corrupción, improvisación o error en política pública bastaba con responder “sí, pero el PRI robó más”, una frase que pretendía clausurar el debate moral y político bajo la lógica del mal menor, el pasado era el monstruo conveniente contra el cual podía compararse cualquier tropiezo y salir bien librado, no importaba si el desabasto, la inflación o el desorden administrativo golpeaban la vida cotidiana, siempre quedaba el consuelo de que “antes era peor”. Esa narrativa funcionó durante un tiempo, especialmente en una sociedad cansada de décadas de abusos priistas, pero la historia tiene la mala costumbre de colocar a cada quien en su justa dimensión y hoy, con el descubrimiento del llamado “huachicol fiscal” que supera los 120 mil millones de pesos anuales que se fueron por el caño de la corrupción, la excusa se derrumba como un castillo de naipes.
No se trata de una cifra cualquiera, hablamos de un saqueo monumental que exhibe el mismo patrón que se prometió erradicar, redes de complicidad, uso político de las instituciones, negligencia en la supervisión y una maquinaria que permitió drenar los recursos públicos con absoluta impunidad. Quien hizo bandera de la honestidad y de la supuesta regeneración moral del país hoy carga con el mayor quebranto financiero conocido en la historia moderna de México, y no hay eslogan capaz de maquillar semejante contradicción. La narrativa del “pero el PRI robó más” pierde todo sentido cuando el monto del robo supera con creces cualquier antecedente, cuando las promesas de austeridad y vigilancia terminan convertidas en un espejismo.
Durante el sexenio se insistió en que el enemigo era el pasado, que bastaba con moralizar la administración pública para que los males desaparecieran, se destruyeron instituciones de control con el pretexto de que eran nidos de corrupción, se concentró el poder de decisión en una sola figura y se desmantelaron los contrapesos que daban equilibrio al sistema, pero lo que parecía torpeza ahora se revela como un plan deliberado para dejar al país indefenso frente al abuso, la opacidad y el saqueo. No fue una consecuencia casual ni una coincidencia administrativa, el desmontaje del sistema de vigilancia institucional parece haber sido diseñado para permitir estos monumentales actos de corrupción sin rendir cuentas ante nadie, como si la honestidad proclamada fuera patente de corso para delinquir.
El “huachicol fiscal” no surge de la nada, es la consecuencia lógica de un sistema que sustituyó la vigilancia técnica por la fe política, que confundió lealtad con probidad y que hizo de la austeridad una religión sin resultados. El daño no solo es económico, también institucional, porque destruye la idea misma de que el Estado puede vigilarse a sí mismo, y porque normaliza el desmantelamiento del equilibrio democrático como si fuera un avance hacia la eficiencia. Mientras los organismos autónomos eran debilitados, mientras se desprestigiaba a los medios y a la sociedad civil, el dinero se drenaba con la misma eficiencia con la que se silenciaba a los críticos.
La justificación moral del gobierno perdió vigencia, porque el argumento de que antes se robaba más deja de ser refugio cuando el nuevo régimen demuestra que puede robar mejor, más sofisticado y con el mismo cinismo. El ciudadano que durante años creyó que el cambio implicaba un nuevo pacto ético ahora asiste al mismo espectáculo de simulación, solo que con otros colores y otros nombres. El daño más profundo no es financiero sino simbólico, porque destruye la confianza social en la posibilidad de un gobierno decente, normaliza la deshonestidad como parte inevitable de la política y deja a la ciudadanía sin esperanza ni referente moral.
La magnitud del desfalco obliga a repensar el significado de la corrupción, ya no como un vicio heredado del pasado sino como un sistema de poder transversal que se adapta y sobrevive en cualquier ideología, la diferencia es que ahora se cometió bajo el disfraz del cambio, con la retórica de la justicia y la austeridad como cortina de humo. En la historia reciente ningún gobierno había tenido tanto respaldo popular ni tanta oportunidad de transformar la administración pública desde sus cimientos, sin embargo, ese capital político se dilapidó entre improvisaciones, purgas internas y el culto a la personalidad, la honestidad se volvió consigna, no práctica, y la transparencia, una palabra hueca que se invoca cuando conviene.
Morena prometió ser diferente, pero terminó reproduciendo los mismos vicios del sistema que criticó, con la diferencia de que ahora los ciudadanos tienen más información y menos tolerancia, el argumento de que el pasado fue peor ya no basta porque la realidad es demasiado visible, el país observa un nuevo capítulo de impunidad, quizá el más costoso de su historia, y nadie parece dispuesto a asumir responsabilidades. La evasión retórica de “nosotros no somos como ellos” se estrella contra los datos duros, contra los montos imposibles de explicar y contra el sentido común que ya no acepta cuentos de conspiraciones o herencias malditas.
Lo más grave es que este episodio erosiona la credibilidad del discurso de transformación, porque si la regeneración moral termina siendo un fraude monumental, ¿qué queda de la promesa de cambio? La historia no recordará a este gobierno por sus programas sociales ni por sus obras faraónicas con sobre costos, sino por haber institucionalizado el autoengaño, por haber sustituido la rendición de cuentas con relatos épicos sobre la lucha contra el pasado mientras el presente se vaciaba en silencio. No hay reforma que valga cuando la corrupción se vuelve parte del ADN de quienes prometieron erradicarla.
Hoy la presidenta enfrenta una disyuntiva histórica, puede optar por rectificar el rumbo y reconstruir el sistema de contrapesos que su antecesor demolió, o puede sumirse en el mismo lodo junto a los políticos que le heredaron el poder y la desconfianza, su papel no será el de una simple sucesora sino el de una posible restauradora de la credibilidad pública o la cómplice silenciosa del mayor saqueo de nuestra era. México no necesita discursos sobre esperanza, necesita justicia, necesita un gobierno que no use la historia como coartada, que no invoque fantasmas del pasado para ocultar sus propios fracasos, la verdadera transformación no se construye con frases vacías ni con enemigos imaginarios, sino con resultados, con ética, con responsabilidad, con instituciones sólidas y con rendición de cuentas. Mientras eso no ocurra, la única constante será la decepción y el único cambio, el del nombre de los culpables.
*Universidad Autónoma del Estado de México
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