La pobreza en México y en Morelos: una deuda que aún espera justicia
Gabriela Mendizábal Bermúdez y David Vázquez Marbán*
Ser pobre, es no tener tiempo ni para enfermarse. Esta cruda frase coloquial refleja una verdad cruda: la pobreza no solo se mide en pesos, sino en angustia, en sacrificios cotidianos, en generaciones atrapadas en un mismo destino.
La pobreza no es solo la ausencia de dinero. Es la falta de oportunidades, la negación de derechos básicos y muchas veces, el resultado directo de sistemas que no protegen a quienes más lo necesitan. En México, miles de personas viven atrapadas en un círculo de precariedad del que no logran salir, no por falta de esfuerzo, sino por la ausencia de un verdadero sistema de seguridad social que los respalde.
Según el portal ¿Cómo Vamos, México?, al primer trimestre de 2025, el 33.9 % de la población en el país se encuentra en situación de pobreza laboral. Esta cifra representa aproximadamente a 44.2 millones de mexicanas y mexicanos que no pueden adquirir la canasta alimentaria básica para todos los integrantes de su hogar con el ingreso que obtienen por su trabajo. Esta condición refleja no solo la precariedad del mercado laboral, sino también la insuficiencia de los salarios frente al costo real de la vida, lo cual profundiza las desigualdades estructurales y limita el acceso a una vida digna para millones de personas.
Según CONEVAL, en 2025 en las zonas urbanas, la línea de pobreza por ingresos se incrementó 3.7% respecto a marzo de 2024.
No hay datos al 2025 de nuestros querido Estado de Morelos, pero según CONEVAL al 2022 vivían 1,006,726 personas en situación de pobreza, es decir, 50.9% de la población estatal, por lo que la situación no es distinta.
Aunque las cifras pueden variar según el instituto que las mide y los métodos utilizados, la realidad de fondo permanece inalterada: México sigue siendo un país con una alta proporción de población en situación de pobreza. Pese a las políticas implementadas y a los cuantiosos recursos destinados a programas sociales, la pobreza no disminuye de manera significativa. Esto se debe, en gran medida, a que las condiciones estructurales que la provocan —como la precariedad laboral, la desigualdad y el acceso limitado a servicios básicos— continúan sin resolverse.
La seguridad social no debería ser vista como un lujo o un beneficio exclusivo de quienes tienen empleos formales. Es, ante todo, un derecho humano y un mecanismo redistribuidor de la riqueza. Es la garantía de que, ante una enfermedad, un accidente, el desempleo o la vejez, ninguna persona caiga en la miseria. Es un pilar esencial para reducir la pobreza y construir una sociedad más equitativa.
Sin embargo, la realidad local es otra. La mayoría de los trabajadores informales —que representan un porcentaje alarmantemente alto de la población activa— no cuentan con acceso a seguros de salud, pensiones, ni ingresos de emergencia. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad laboral se situó en 54.3% ¿Qué ocurre entonces cuando se enferman o pierden su fuente de ingreso? La respuesta es clara: la pobreza se perpetúa.
La buena noticia es que sabemos lo que funciona. En países donde se han fortalecido las prestaciones de seguridad social y el acceso universal a servicios de salud, la pobreza ha disminuido. Y no solo eso: se ha mejorado la salud infantil, la educación y la estabilidad social.
El problema no es técnico, sino político. Es hora de que las autoridades locales y nacionales prioricen una reforma profunda del sistema de seguridad social, con enfoque inclusivo y territorial. Debemos garantizar que ninguna persona quede fuera por vivir en el campo, por ser trabajadora independiente, por no haber tenido un contrato formal. La seguridad social debe ser universal, sostenible y suficiente.
La seguridad social no es caridad: es justicia social.
Y esa justicia, aquí y ahora, ya no puede seguir esperando. Seguridad social para la vida.
*Profesora Investigadora de la FDyCS y doctorando del programa de Doctorado en Derecho y Globalización de la UAEM.
