Hay una escena que se repite en casi todas las rutas. Alguien huye, atraviesa fronteras sin papeles, paga extorsiones, se expone a violencia y llega a un país donde intenta pedir protección. Sin embargo, el punto decisivo no siempre ocurre en el río o en el desierto. Ocurre en una oficina, en un formulario o en una entrevista. Ocurre en el momento en que el Estado decide cómo nombrar esa vida en movimiento. Aquí algunas notas.
Porque no es lo mismo ser “refugiado” que ser “migrante”. No por una diferencia moral, sino por una diferencia jurídica. La etiqueta define si hay derechos, si hay acceso a protección, si existe la posibilidad de permanecer, si se abre una ruta legal, o si lo que queda es la intemperie administrativa. El problema es que esas etiquetas no describen la realidad, las ordenan.
La puerta estrecha del refugio y el sistema internacional reconoce que toda persona puede pedir asilo, pero no obliga a los Estados a otorgarlo. En cambio, sí existe un principio que se volvió una pieza central, el no retorno o non-refoulement, que impide devolver a alguien a un lugar donde su vida corra peligro, con excepciones acotadas. Ese principio, no es una recomendación opcional, es un compromiso exigible del “hard law”, no un acuerdo voluntario sin sanción. Ese es el piso mínimo. Pero arriba de ese piso, el acceso al refugio funciona como una puerta estrecha. Históricamente, la Convención de 1951 tuvo un alcance regional y luego el Protocolo de 1967 amplió el marco.
En América Latina, Cartagena (1984) propuso una definición más amplia, incorporando violencia generalizada, conflictos internos y violaciones masivas de derechos.
El punto es que, incluso cuando se intenta ensanchar la puerta, muchas veces se hace sin fuerza vinculante. Entonces, en la práctica, la etiqueta se vuelve un filtro. Y el filtro nunca es neutral. Hay una frontera narrativa que selecciona: para ser solicitante de asilo y acceder a beneficios, primero hay que cruzar una “frontera narrativa” que puede terminar en migrante o refugiado. Esa frontera es un mecanismo de clasificación. Produce perfiles. Y esos perfiles, en general, aparecen racializados, atravesados por clase, origen, religión, y por aquello que los Estados consideran útil, deseable o tolerable.
Por eso la pregunta “¿refugiado o migrante?” no es una curiosidad conceptual. Es una disputa por el reconocimiento. La etiqueta puede abrir un expediente de protección o puede cerrar el acceso a derechos con una sola palabra. Aquí está el giro incómodo: no se habla sólo de categorías, se habla de poder. Hablar de “migrante” suele activar sospecha, control, castigo. Hablar de “refugiado” suele activar compasión institucional, aunque sea limitada y condicionada. Esa diferencia, convertida en administración cotidiana, ordena el mundo entre quienes merecen protección y quienes merecen vigilancia.
La legalidad no solo se concede, también se retira. El reloj, la espera, el trámite, la demora no siempre son errores, a veces son estrategia. Esto importa porque muestra algo que suele ocultarse en el debate público: las categorías no son estables. Una persona puede ser “solicitante”, luego “inadmisible”, luego “irregular”, luego “tolerada”, luego “deportable”. Cambian las leyes, cambian los criterios, cambian los cupos, cambia la política, cambia el mercado. Lo que permanece es el efecto: la vida queda suspendida. Por eso no basta decir “que se formen, que esperen, que hagan el trámite”. El tiempo no es neutro cuando se vive bajo amenaza.
Aquí entra la otra parte del debate. El enfoque de migración forzada empuja una crítica estructural. Señala causas históricas, desigualdad, colonialidad, expulsión económica, crisis ambiental. Además, abre un horizonte importante, el derecho a no migrar. Su límite, es que esa crítica no siempre se traduce en marcos jurídicos efectivos para otorgar movilidad legal o protección. Se denuncia, pero no siempre se convierte en garantía. Mientras tanto, la política global encuentra una salida cómoda: despolitizar. Al hablar de la “gestión de las migraciones” promovida por la OIM y enmarcada en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, como contraparte despolitizada a la ampliación de derechos y a la denuncia.
Administrar no es proteger, ordenar no es reconocer, regular no es reparar. El fondo del asunto: la desigualdad es organizada. La separación entre refugio y migración forzada, entre refugiado y migrante, ha ayudado a producir legalidad e ilegalidad. Esa separación forma parte de una estrategia compleja de diferenciación racial, étnica y espacial que perpetúa desigualdad entre quienes acceden a movilidad internacional y quienes no. Se habla de categorías creadas que funcionan como mecanismos de selección, legalización e ilegalización.
Esas categorías se accionan con sufrimiento humano. Cuando la etiqueta decide derechos, el derecho deja de ser universal y se vuelve condicional. Se reparte. Entonces ¿Qué se puede exigir? No basta con escoger bando entre “refugio” y “migración forzada”. El punto es aceptar que, separados, ambos dejan gente fuera. Esa separación le conviene a un orden que prefiere administrar el movimiento humano antes que garantizar protección.
De aquí se desprenden exigencias concretas, posibles de sostener. Primero, defender el piso duro, el no retorno y volverlo práctica real, no solo principio formal. Segundo, reducir el margen discrecional de la “frontera narrativa”, que clasifica vidas y produce perfiles. Tercero, dejar de esconder la política detrás de la “gestión” y reconocer que ordenar migración no equivale a proteger derechos. Cuarto, tomar en serio el derecho a no migrar como horizonte, para que el debate no se limite a seleccionar quién cruza, sino a cuestionar por qué tantos tienen que huir.
Al final, la discusión no es semántica. Es una disputa por el acceso a la legalidad, por la posibilidad de vivir sin miedo, por el derecho a existir con papeles y con dignidad. Si una palabra puede decidirlo todo, entonces el primer deber político es evitar que el mundo se ordene como si la humanidad fuera una categoría administrativa.
*Momoxca, internacionalista, escritor y migrantólogo.
