Poco más de cinco lustros y el juicio imparcial de la historia han dado cuenta de que Jorge Carrillo Olea, nativo de Jojutla, general de infantería en retiro y hombre con una destacada trayectoria en la administración pública federal, no fue responsable de las graves acusaciones que se le imputaron. Fue víctima del encono de Ernesto Zedillo, por cierto “fan” de Zapata, enfrentado a su antecesor Carlos Salinas de Gortari, y detentando aun la presidencia imperial que fue acento en el siglo XX mexicano. Desde la oficina presidencial se echó a andar la maquinaria del Estado para defenestrar a Carrillo Olea. Con el sensible argumento de señalar una ola de secuestros en la entidad, se le instruyó a los secretarios de Estado a no tomar el teléfono al gobernador de Morelos, se financiaron marchas en su contra, y se dotó de recursos económicos a “luchadores sociales” que encabezaron las furibundas pero “maiciadas” protestas.
Eventos desafortunados como el asesinato, por la espalda, de Marcos Olmedo, opositor al proyecto del Club de Golf en Tepoztlán, así como el descubrir a un jefe policiaco intentando deshacerse del cuerpo de un secuestrador, cayeron como anillo al dedo a la embestida zedillista que derivo en la licencia al cargo de gobernador de Morelos que Carrillo Olea solicitó al Congreso del Estado en mayo de 1998. La rabieta de Zedillo dio cuenta del poder presidencial para quitar gobernadores, aun de manera injusta, y sumió al Estado de Morelos en una espiral de malos gobiernos que corrieron de Sergio Estrada Cajigal a Cuauhtémoc Blanco, a lo anterior se añadió, una crisis de inseguridad jamás imaginada.
Como colofón a este episodio de nuestra reciente historia local, Zedillo terminó trabajando para las empresas extranjeras que se beneficiaron de las privatizaciones que hizo de paraestatales, como fue el caso de Ferronales, e irónicamente ahora es un aguerrido detractor de Andrés Manuel López Obrador, cuando en su momento y abusando del poder presidencial, ordenó que se violara el requisito de residencia en el entonces Distrito Federal para que AMLO fuera Jefe de Gobierno capitalino. Los “luchadores sociales” que, en el Morelos de 1998, usaron las protestas como un trampolín político, hoy son señalados de cometer actos deshonestos en detrimento del erario público. Jorge Carrillo Olea en cambio, en el 2003 fue absuelto de cualquier delito imputado, resolución que fue publicada por la Revista Proceso el 7 de febrero de ese año, hoy es del dominio público la probidad en su vida pública y privada, es también colaborador dos viernes al mes, en La Jornada nacional.
Los acontecimientos alrededor del secuestro del Mayo Zambada han detonado un escenario de guerra en Sinaloa, donde como suele suceder, la peor parte la lleva la población civil. Las afectaciones a la vida y patrimonio de los industriosos sinaloenses son graves, así como al desarrollo económico en polos turísticos como Mazatlán, pero también en Culiacán donde negocios y empresas de todos los tamaños han bajado las cortinas de manera permanente. De lo anterior, destaca la figura del gobernador Rubén Rocha Moya, único sinaloense a quien parece no afectar lo que sucede en su estado. Su negligencia o complicidad es un robusto monumento a la impunidad, de manera desenfadada se ha paseado por los mejores comedores de la Ciudad de México mientras su estado arde en llamas y también de manera cínica y reiterada manifiesta que todo se encuentra bajo control. Ni siquiera la muerte impune y violenta de menores de edad, el que una turba haya arrasado su despacho en el Palacio de Gobierno o multitudinarias marchas de ciudadanos que ya no pueden más, parecen afectar al gobernador Rocha. Su postura incluso compromete la seguridad nacional, pues su permanencia en el poder justifica los graves juicios que Donald Trump pronuncia con respecto a la clase política mexicana, o bien puede dar pie a intervenciones quirúrgicas por parte de los estadounidenses en territorio mexicano, como lo fue la propia captura del Mayo Zambada. Asombrosamente el gobierno federal sostiene contra viento y marea al gobernador sinaloense y la Presidenta de la República apenas ha dicho que su papel no es quitar gobernadores.
Si bien, el poder presidencial mexicano del siglo pasado, se prestó a excesos que al final derivaron en un hartazgo de la sociedad, también lo es que México necesita una investidura presidencial fuerte y decidida, para que en momentos graves como el que vive Sinaloa en estos días, pueda dar un golpe de timón, quitar a un gobernador que no ha cumplido con la fórmula juramentada al protestar al cargo y que destierre la impunidad y la incompetencia en aras de la paz social y el bien común de los gobernados.
*Escritor y cronista morelense.
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