Al inicio de un nuevo año es relevante reflexionar sobre los retos pendientes en materia de derechos humanos, entre los cuales destaca la persistente violencia de género que afecta a miles de niñas, adolescentes y mujeres en México, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema. Las estadísticas son contundentes: diez mujeres son privadas de la vida diariamente en promedio en el país, mientras que el 70% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH).
Estas cifras reflejan una crisis definida como una pandemia permanente y silenciosa que no puede ser ignorada; tan solo de enero a mayo de 2024 se registró un promedio diario de 930 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género, de las cuales 140 mil llamadas se relacionan con violencia emocional, física o sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estas cifras solo representan una parte de la problemática, ya que detrás de cada número hay vidas mutiladas, familias devastadas y comunidades heridas. Las mujeres víctimas de feminicidio no son cifras, sino personas con historias y sueños destruidos, lo que enfatiza la urgencia de fortalecer la prevención y respuesta ante este flagelo.
Es esencial adoptar medidas preventivas para combatir la violencia de género y su máxima expresión -los feminicidios-. Estos delitos son evitables y pueden reducirse mediante la identificación temprana de mujeres en riesgo y promover la denuncia de todos los tipos de violencia; es primordial proteger a las víctimas y fincar las responsabilidades que correspondan a las personas agresoras, lo cual requiere informar y facilitar los mecanismos de denuncia. Es crucial el desarrollo de un proceso de capacidades institucionales que permita a las organizaciones adquirir y fortalecer las habilidades necesarias con capacitación especializada, protocolos claros y unidades enfocadas en atender la violencia contra las mujeres; es necesario fomentar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, reforzar la recopilación de datos sobre violencia de género a fin de identificar patrones para mejorar la respuesta y ejecución de políticas más eficaces que aborden esta problemática.
Es importante reconocer que la violencia de género en México afecta de manera particular a ciertos sectores de la población debido a factores como raza, etnia, discapacidad, orientación sexual y clase social. Las mujeres mayores, indígenas y migrantes, entre otras, enfrentan obstáculos adicionales para acceder a la justicia debido a barreras lingüísticas, discriminación y falta de recursos. Las mujeres con discapacidad sufren de violencia, abuso psicológico y control sobre sus decisiones personales. Reconocer esta discriminación interseccional es fundamental para diseñar políticas públicas inclusivas y programas de prevención que atiendan las necesidades específicas de los grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria.
En este contexto la sociedad civil ha jugado un papel relevante en la lucha contra la violencia de género, tales como los movimientos feministas #NiUnaMás y #NosQueremosVivas que han presionado a las autoridades y sensibilizado a la población sobre la gravedad del problema en México. Estas organizaciones muchas veces logran llenar las brechas que el Estado no alcanza a cubrir; han creado una mayor conciencia pública sobre el problema y fomentan la participación ciudadana activa. Asimismo, los medios de comunicación y redes sociales son cruciales para visibilizar los casos de violencia de género y feminicidio; movimientos como #MeToo y #YoSíTeCreo han permitido que muchas mujeres se sientan apoyadas y encuentren espacios para compartir sus experiencias en una red de apoyo virtual.
En el marco de los avances legislativos recientes, se aprobó una reforma constitucional en noviembre de 2024 en materia de igualdad sustantiva de las mujeres, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la cual se estableció, en el artículo 4° de la Constitución General de la República, lo siguiente: «Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños.» Este mandato reconoce la gravedad de la violencia de género y fortalece las bases legales para implementar políticas públicas más efectivas y mecanismos institucionales que contribuyan a su erradicación. Se establece también que las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas en la investigación de delitos relacionados con violencia de género.
La construcción de un México libre de violencia de género requiere la colaboración activa de todos los sectores y el cumplimiento del mandato constitucional que garantiza este derecho, especialmente para niñas, niños, adolescentes y mujeres. En el inicio de este año es imperativo exigir la implementación efectiva de estas políticas públicas y fortalecer los mecanismos para garantizar su cumplimiento, así como movilizar a la sociedad hacia la erradicación de esta pandemia silenciosa. Solo con un compromiso decidido del Estado y de la sociedad podremos asegurar un futuro donde la dignidad y los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos