Licenciada en derecho, nacida en Ariano Iripino, Italia, cuenta con una Maestría en derechos Humanos; un doctorado en Derecho internacional de los refugiados; asesora principal sobre migración y desplazamiento forzado en la organización sin fines de lucro Renacimiento Árabe para la Democracia y el Desarrollo (ARDD), desde el 2022 es Relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos ocupados.
En su primer informe señaló de manera enfática que se requería de un plan para poner fin a la ocupación colonial que Israel ejerce sobre el pueblo palestino en un régimen de apartheid. Ya en el 2014 había declarado que Europa protegía al pueblo israelí por la culpa que aún sentía por el holocausto y Estados Unidos había sucumbido al lobby judío, condenando a los oprimidos en este conflicto. Estas declaraciones le han ganado tanto reconocimiento internacional como una campaña de ataques a su persona con el fin de desestimar sus palabras y desvirtuar su función como alta funcionaria de la ONU. En 2023, miembros del Congreso de Estados Unidos solicitaron su destitución de la ONU, acusándola de ser antisemita y parcial en sus informes, acusación que promovió que 800 miembros de la organización internacional Academia for Equality exigieran al Gobierno de Estados Unidos una disculpa a Albanese por poner en peligro su misión enfatizando que este tipo de difamaciones «se usan frecuentemente como arma para socavar cualquier crítica a Israel y la defensa de los derechos de los palestinos»
En julio de 2023, Albanese acusó a Israel Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de convertir Cisjordania en una prisión al aire libre. El informe decía que desde 1967, más de 800.000 palestinos, incluidos niños de tan solo doce años han sido arrestados y detenidos por las autoridades israelíes. Al informar a los periodistas, dijo: «No hay otra manera de definir el régimen que Israel ha impuesto a los palestinos —que es un apartheid por defecto— que no sea una prisión al aire libre». Israel no estuvo presente en la presentación, pero rechazó las conclusiones.
Guerra de Gaza
Durante la guerra de Gaza, Albanese pidió un alto el fuego inmediato y advirtió que «los palestinos corren un grave peligro de sufrir una limpieza étnica masiva». Asimismo, afirmó que la comunidad internacional debe «prevenir y proteger a las poblaciones de crímenes atroces», y que «la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes y Hamás también debe perseguirse inmediatamente».
Después de que Sudáfrica demandara a Israel por las presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional, varios expertos de las Naciones Unidas, entre ellos Francesca Albanese, recibieron con satisfacción el comienzo de las audiencias. «Elogiamos a Sudáfrica por llevar este caso ante la CIJ en un momento en que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad.
El 26 de marzo de 2024, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe “Anatomía de un Genocidio“, expone que Israel ha cometido tres actos de genocidio contra Palestina de forma intencionada, definidos como tales por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como: 1. causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo;2. infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; y 3. imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo.
El día 3 de julio de 2025, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe titulado «De la economía de ocupación a la economía de genocidio», en el que afirmaba que el genocidio en Gaza continuaba «porque es lucrativo para muchos». En su informe, enumeraba a más de 60 empresas, entre ellas IBM, Microsoft, Alphabet, Amazon, Volvo y Google, que, según las investigaciones de su equipo, están involucradas en el apoyo a los asentamientos israelíes y las acciones militares en Gaza, violando el derecho internacional. En su informe, Albanese urgió a la Corte Penal Internacional a investigar a los altos cargos de estas empresas y a las propias entidades «por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional» y en el lavado de dinero obtenido mediante los crímenes que denuncia.
México también enfrenta la destrucción de pueblos, comunidades que son masacradas, obligadas a abandonar sus territorios ante el asedio criminal de grupos armados, empresas mineras, narcotraficantes, destruyen el territorio, su cultura, su gente, en una guerra todos pierden, la naturaleza, la sociedad, ¿qué intereses lucrativos promueven este genocidio?, ¿qué los mantiene vigentes? ¿Cuántas Francesca Albanese se necesitan para que la voz de los oprimidos sean escuchados, en Gaza, en México?
*Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Imagen: Amnistía Internacional