El pasado 3 de noviembre de 2025, los usuarios de Pullman de Morelos y Estrella Roja de Cuautla se despertaron con una para nada agradable sorpresa, una nueva y arbitraria alza en los pasajes. Pullman de Morelos ajustó los precios en sus rutas más utilizadas. El trayecto Cuernavaca-Ciudad de México pasó a 205 pesos, mientras que el viaje Jojutla-Ciudad de México ahora cuesta 250 pesos. Pero la sorpresa no se detuvo ahí, en la ruta Cuautla-Cuernavaca el boleto subió de 85 a 100 pesos. Aumento que representa aproximadamente 17.65%, como siempre sin previo aviso, sin una justificación clara y ningún tipo de atención al usuario.
El hecho no es menor ya que se tratan de rutas clave para decenas de miles de personas que diariamente se trasladan entre sus trabajos, estudios o compromisos en la capital morelense e incluso más allá. Y lo llamativo es que este aumento se dio en un contexto en que las quejas siguen acumulándose. En repetidas notas he señalado que ambas empresas utilizan unidades en mal estado, retrasos frecuentes de hasta una hora o más, averías constantes y un servicio que, lejos de mejorar, parece empeorar.
Como ya es costumbre para este monopolio de transporte los incrementos llegan sin previo aviso, una atención que no corresponde a las tarifas “de primera” que la empresa presume en su publicidad. Para quienes viajan cotidianamente, el aumento significa un gasto adicional que no se compensa con mejoras reales. “Subieron el precio, pero seguimos viajando en camiones viejos”, comenta un pasajero habitual en la terminal de Jojutla.
El problema no se limita a la economía doméstica, Morelos carece de una política pública efectiva de movilidad regional. Las rutas foráneas funcionan como monopolios, sin competencia real ni supervisión transparente de nadie. Las autoridades estatales han reiterado que “no hay autorización” para incrementos en el transporte público, pero la realidad demuestra otra cosa, las empresas privadas simplemente aplican los ajustes a voluntad y los usuarios quedamos en el completo desamparo y sin alguna alternativa.
El derecho a la movilidad digna, consagrado en la legislación estatal, se ve vulnerado cuando los aumentos se imponen de forma unilateral. La falta de regulación efectiva abre la puerta a innumerables abusos. Si los pasajes suben sin aviso y el servicio sigue igual, lo que se impone no es una mejora, sino un constante castigo a los ciudadanos que depende únicamente de ese transporte.
Mientras los salarios en Morelos crecen apenas unos puntos por encima de la inflación, los costos de transporte lo hacen al doble. Y el silencio oficial, da le impresión de ser cómplice. Porque cuando las empresas suben el pasaje sin rendir cuentas, lo que en realidad baja es la paciencia y sobre todo la confianza de quienes cada día sostienen la economía viajando en ese servicio.
Este caso plantea varios cuestionamientos, ¿tiene justificación legal una empresa privada para subir unilateralmente la tarifa cuando el servicio sigue reportándose como deficiente? ¿Quién vigila que la empresa cumpla con los compromisos de mantenimiento, puntualidad, seguridad y trato al usuario? ¿Cómo se protege al usuario frecuente ante incrementos que erosionan su salario real? ¿Hasta cuándo será la garantía de que subir la tarifa venga acompañada de mejoras reales en el servicio?
Los usuarios tenemos derecho a exigir información clara. ¿Por qué se incrementó el pasaje? ¿Cuál fue la aprobación oficial? ¿Se cumplirán mejoras en la flota, seguridad y frecuencia? Las autoridades deben actuar como mediadoras, no como espectadores. La sociedad civil también puede organizarse para exigir transparencia y rendición de cuentas. Romper ese monopolio inoperante, abrir nuevos espacios de servicio y permitir la libre competencia con costos accesibles, seguridad en los horarios y buen trato al usuario es una urgencia para mejorar el transporte en Morelos.
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* Historiador ↑
