En el debate sobre la eficiencia de los gobiernos municipales suele ponerse el acento en la corrupción, la falta de recursos o la ausencia de voluntad política, y sin duda, esos factores pesan. Sin embargo, rara vez se aborda un aspecto igual de determinante, la formación y profesionalización de quienes día a día hacen funcionar la maquinaria burocrática, los funcionarios públicos municipales son la primera ventanilla de contacto entre ciudadanía y Estado, y en ellos descansa buena parte de la legitimidad institucional. Si esa ventanilla funciona con improvisación, sin conocimientos técnicos y sin preparación suficiente, lo que se erosiona no es sólo la eficacia administrativa, sino la confianza social.
En Morelos, los datos revelan con claridad esta carencia estructural, de acuerdo con el INEGI, de un universo de 16,478 funcionarios públicos municipales en 2023: 135 personas no tienen ninguna escolaridad; 1,830 apenas cuentan con preescolar o primaria; 2,779 alcanzaron la secundaria; 3,488 se quedaron en la preparatoria; 1,691 tienen carrea técnica y 2,425 no se tienen registros. Si sumamos estas cifras, obtenemos que más de 10,657 funcionarios, es decir, alrededor del 75% del total, no cuentan con educación superior. A esto habría que añadir un dato aún más inquietante: sólo 181 servidores municipales tienen estudios de maestría, y apenas 18 alcanzaron el nivel de doctorado. En términos porcentuales, menos del 1.3% del total ha recibido formación de posgrado.
Los números son claros, en los municipios morelenses predomina una burocracia con baja preparación profesional. Esto no debería sorprendernos si consideramos la forma en que históricamente se ha concebido el servicio público local, como un botín político, un espacio para repartir favores y mantener lealtades, antes que como una plataforma de servicio ciudadano basada en la técnica y el mérito. El problema es que esta práctica tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la gente, un funcionario sin formación en finanzas públicas puede equivocarse en la integración del presupuesto, lo que abre la puerta a subejercicios o a la mala asignación de recursos. Uno sin conocimientos en planeación urbana difícilmente podrá pensar el crecimiento ordenado de su municipio, y uno sin preparación en temas de derechos humanos puede reproducir prácticas discriminatorias sin siquiera ser consciente de ello.
La profesionalización, entonces, no es un lujo, ni un requisito burocrático más: es la condición mínima para garantizar que el aparato público cumpla con sus funciones esenciales, pensemos en el reto de la seguridad municipal, si la policía depende de mandos que no cuentan con formación adecuada en derechos humanos, protocolos de uso de la fuerza y gestión comunitaria, el resultado será un círculo vicioso de abusos, desconfianza ciudadana e incapacidad de prevención. Algo similar ocurre en áreas clave como desarrollo social, educación, salud o transparencia. Un municipio que carece de funcionarios capacitados en estas áreas se vuelve dependiente de asesorías externas o de ocurrencias políticas que terminan costando caro a la población.
No es casualidad que, en los países donde existen servicios civiles de carrera consolidados, la administración pública goce de mayor estabilidad y eficiencia, en esos contextos, los funcionarios no se eligen por afinidades partidistas, sino por mérito, formación y experiencia. Esa lógica de profesionalización permite que los cambios de gobierno no signifiquen cada tres años el desmantelamiento de equipos técnicos, sino la continuidad de una burocracia preparada para servir al interés público. En México, en cambio, y particularmente en los municipios, la alternancia suele significar una rotación casi total del personal, lo que obliga a empezar de cero una y otra vez, con la consiguiente pérdida de memoria institucional.
Es cierto que contar con estudios de licenciatura, maestría o doctorado no garantiza, por sí solo, honestidad ni sensibilidad social, la corrupción y la indolencia también anidan entre los más preparados. Pero lo que sí garantizan mayores niveles de formación es un umbral mínimo de capacidades técnicas que permiten diseñar e implementar políticas de manera más adecuada. Un funcionario con conocimientos en administración pública, en gestión de proyectos o en perspectiva de género tiene más herramientas para tomar decisiones informadas y menos margen para refugiarse en la improvisación.
Frente a este panorama, la pregunta es qué hacer y la respuesta pasa necesariamente por dos rutas, la institucionalización del servicio civil de carrera y la inversión en formación continua, los municipios deben dejar de concebirse como espacios de empleo temporal y comenzar a pensarse como instancias que requieren cuadros permanentes, estables y en constante actualización. Profesionalizar no significa cerrar las puertas al ciudadano común, sino establecer criterios claros de ingreso, permanencia y promoción basados en mérito y capacitación.
Morelos tiene frente a sí el reto de romper con la lógica del clientelismo político en el nivel municipal, sin cuadros profesionales, los ayuntamientos seguirán atrapados en el círculo vicioso de la ineficiencia y la desconfianza ciudadana, y sin confianza ciudadana, ningún gobierno puede aspirar a legitimidad. Profesionalizar la administración pública no es un capricho tecnocrático, es, sencillamente, la única vía para construir municipios capaces de responder a las necesidades de su gente. El reto es más que claro, la pregunta es si habrá voluntad política para atenderlo.
*Universidad Autónoma del Estado de México
Imagen generada con IA.
