Justicia Indígena y Declaración Universal de los Derechos Humanos
A 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue estando pendiente hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas.
Uno de los puntos centrales del Congreso Internacional sobre Derechos Indígenas realizado en la UAEM, giró en torno a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Se estableció que una verdadera autonomía pasa por el respeto a las formas internas de organización para resolver sus problemas internos con base en sus sistemas normativos indígenas.
Se dijo que autonomía implica autonomía jurisdiccional, es decir, autonomía para decidir conforme a los usos, prácticas, principios, costumbres y valores comunitarios la mayor cantidad de problemas internos que surgen dentro de la comunidad; que el Estado debe mantener una sana y prudente distancia sin interferir en esas decisiones.
Que el respeto de esa jurisdicción indígena implica la necesidad de no establecer modelos «europeizantes» de procedimientos. Que las comunidades conocen los principios esenciales del procedimiento y no deben ajustarse a los impuestos por la jurisdicción ordinaria. Que esas decisiones no necesitan ser «avaladas» por ninguna autoridad distinta, sea un tribunal u organismo surgido del Estado, porque eso implica una injustificada intromisión en sus formas internas de organización social y jurídica.
Que el reconocimiento expreso del pluralismo jurídico en la Constitución Federal es indispensable para que no exista duda de que este fenómeno es una realidad incontestable en nuestro país. El Estado debe apoyar esta jurisdicción tanto en su desarrollo como en la ejecución de sus resoluciones, cuando fuera el caso.
Es urgente que se preparen planes y programas de estudios de nivel universitario para que estudiantes puedan aprender sobre pluralismo jurídico y derechos indígenas. Es forzoso que se inicie la preparación de las primeras generaciones de personas indígenas que ocuparán los cargos idóneos para resolver los juicios dentro las comunidades.
Muchas comunidades necesitan «reaprender» las formas tradicionales que tenían para resolver sus problemas internos y para ello es conveniente voltear la mirada hacia su propia identidad y/o aquellas comunidades que siguen practicando esas formas, ya sea dentro de México o en países latinoamericanos, que son muy cercanos a la cultura de los pueblos originarios de nuestro país.
Asimismo, se coincidió en que la autonomía jurisdiccional pasa por recibir los recursos económicos y de infraestructura necesaria por parte del Estado para que funcione esta jurisdicción. No hay derechos humanos sin presupuestos públicos. Y que los presupuestos públicos que la Constitución Federal reconoce a favor de las comunidades indígenas no puede provenir únicamente de la Federación, sino que también deben aportar el Estado y los municipios en donde se asientan esas comunidades indígenas.
Asimismo, existe la urgencia de capacitar a las y los funcionarios públicos para sensibilizarlos sobre los nuevos derechos reconocidos a las comunidades indígenas.
Y finalmente podemos decir que es necesario impulsar la creación de municipios indígenas y fortalecer los municipios autónomos ya existentes, como formas alternas de administrar la justicia en el país; con una estructura y funcionamiento distinto al tradicional. Así como buscar las alianzas con Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil y con las mismas comunidades indígenas para enfrentar los retos que nos conllevan los Crímenes de Lesa Humanidad como las Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y los Feminicidios, pues estos delitos son desafíos para la Justicia Indígena dentro del marco Nacional.
Por todo ello, la Plenaria del Primer Congreso Internacional nos declaramos en Sesión Permanente para articularnos y responder de manera conjunta ante situaciones de emergencia, así como para abonar los elementos abordados en este Congreso a la Propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos presentada por la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, pues la Unión hace la Fuerza.
Sin lugar a duda, un Nuevo Constituyente se requiere para una Nueva Nación, una Nación Multicultural, Plurilingüe y con un Pluralismo Jurídico en marcha.
Porque la Justicia Indígena no puede esperar, la realidad tiene que cambiar, a una más Humana y Justa.
Por todo ello saludamos este esfuerzo de coordinación entre las organizaciones
«Sumando Derechos Restando Desigualdades A. C.», la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., y la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, que fortalecen a las mujeres indígenas que luchan en defensa del territorio, ya que los modelos extractivistas amenazan sus territorios y la forma de vida de sus pueblos, afectando directamente la salud y el bienestar de las mujeres.
Asimismo, las mujeres indígenas son líderes históricas en movimientos sociales, ambientales y por los derechos humanos, como sucede actualmente en las luchas sociales en Morelos. Su participación es fundamental para la defensa de sus comunidades y del medio ambiente.
Han desarrollado un enfoque de derechos propio, que incluye la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de sus contribuciones a la sociedad, especialmente en la defensa de la Madre Tierra.
Por todo ello, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, es necesario seguir luchando por hacer realidad la propuesta de Ley General de Derechos Indígenas y Afromexicanos elaborada por la Unión, en donde se incluyen los Derechos de las Mujeres, por lo que fortaleceremos la alianza entre la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses con el trabajo de la UPM/CNPA desde el feminismo comunitario.
*Defensoras de Derechos Humanos.
