Autoritario intento de desalojo de comerciantes tepoztecos sin contar con una orden judicial
El desalojo de los comerciantes de la Plaza Cívica de Tepoztlán que el presidente municipal Perseo Quiroz intentó llevar a cabo furtivamente en la oscura madrugada de puente del pasado sábado 15 de noviembre fue una situación de mucho mayor complejidad y gravedad que tan solo un simple caso de “recuperación de un espacio público con retiro de estructuras irregulares”, como ha sido recientemente llamada sin puntualizar infinidad de detalles ni narrar el contexto entero de la situación.
Los comerciantes que han resistido a trasladarse al mercado inaugurado a finales de la administración municipal anterior lo han hecho por razones muy claras. Tal como dio a conocer la representante de dicho gremio de comerciantes en pequeño, Columba Rodríguez Barragán, de los 134 integrantes de tal grupo, 132 votaron en contra del proyecto del mercado que se terminó construyendo cuando este se les presentó por primera vez. Posteriormente, señaló Rodríguez, el anterior edil de Tepoztlán, David Demesa, se reunió con un muy reducido número de comerciantes que “dieron el sí” en ausencia de la mayoría de los agremiados, todo para simular que el proyecto de SEDATU “sí había sido aceptado”, de manera furtiva y antidemocrática, cuando esa no era la voluntad mayoritaria de la comunidad originaria. Las posteriores mesas de diálogo y presentaciones de “renders” para la aprobación comunitaria del proyecto se hicieron –absurda y fútilmente- cuando la obra ya había iniciado construcción.
Los motivos del rechazo incluían una muy pobre planeación en un terreno de muy limitada extensión, con obvias complicaciones sumadas al ya de por sí difícil y comúnmente congestionado tránsito en las vialidades que lo rodean, una estructura de varios pisos con cuestionable capacidad de escape en casos de emergencia, e incontables otros problemas que se hicieron evidentes ya que el recinto se inauguró: instalaciones de gas y refrigeración que no funcionaban adecuadamente, un elevador que se descompuso desde el inicio, e inundaciones en el nivel más bajo con daño a la mercadería de los comerciantes, todo ello representando problemas únicamente de carácter técnico, a lo cual se sumó que hasta la fecha no se ha podido constatar que el colegio de arquitectos haya dado su aval o no al apresurado proyecto, y quizá el aspecto que más indignación ha causado entre los comerciantes del gremio: después de más de un año desde la inauguración del recinto no se ha hecho pública en ningún momento la relación de asignación de los locales con los nombres de los comerciantes beneficiados. Continúa habiendo una total opacidad al respecto, y los miembros del gremio que aún resisten han señalado que tal repartición se hizo con desigualdad y privilegios, y que a pesar de que originalmente se les aseguró en la convocatoria que sólo podría asignarse un local por comerciante, sostienen que a personas privilegiadas, incluidos exfuncionarios de la administración pasada y personas ajenas a la comunidad se les han asignado tres o hasta cuatro locales en ciertos casos. Hasta hoy, increíblemente, tal relación/lista de asignación de locales por persona aún permanece oculta, en un caso más de vergonzosa opacidad administrativa.
Son tales los múltiples motivos que fundamentan el rechazo de los 56 comerciantes que aún resisten y defienden su derecho a un lugar digno de trabajo con condiciones de igualdad y transparencia. No se trata de una postura de intransigencia, siendo que ellos mismos han dejado claro, ya en múltiples ocasiones, que desde un principio estaban dispuestos a trasladarse a un nuevo mercado, siempre que fuera un lugar sin riesgos, elegido de forma democrática, y sin opacidad ni privilegios selectivos.
Fue recientemente que Perseo Quiroz, el actual edil de Tepoztlán, declaró como “zona libre de comercio” a la Plaza Cívica. Esto únicamente a través de una junta con sus miembros de cabildo, y no en una asamblea amplia ni consulta popular con los pobladores del municipio del que él estuvo una gran cantidad de años ausente, y siendo que los comerciantes de alimentos han trabajado y vendido sus productos como medio de subsistencia por varias generaciones en dicho lugar por más de siete décadas, ejerciendo su derecho constitucional, ya que su actividad es totalmente lícita y digna.
El abogado con maestría en derechos humanos y exdirector ejecutivo de Amnistía Internacional México Perseo Quiroz pretendió llevar a cabo el desalojo de los comerciantes de su pueblo natal sin contar con una orden judicial, como pudo constatarlo el abogado activista Horacio Solís, quien se presentó en el lugar de los hechos al ser llamado por los comerciantes en resistencia a quienes representa, aproximadamente a las 2:00 de la madrugada en sábado de puente. Al solicitar Solís al personal que iniciaba el desalojo ver una orden judicial, los individuos –quienes estaban alcoholizados de acuerdo al testimonio de los comerciantes, así como acompañados por vehículos de la policía y el ejército- admitieron no tenerla, y sólo presentaron una “orden de visita y verificación”, la cual carece de cualquier validez para poder llevar a cabo un desalojo.
Para que pueda existir una orden de desalojo emitida por un juez competente, los comerciantes tendrían que haber sido ya oídos y vencidos en juicio conforme marca la ley, y la situación actual dista mucho de ello. Un acuerdo de cabildo no tiene sustento para llevar a cabo una acción de desalojo si no es antes avalado por un juez, además de sin dicho aval, existen derechos constitucionales que están por encima de cualquier determinación de cabildo municipal. Solís junto con la licenciada Bárbara Zamora del despacho jurídico Tierra y Libertad han señalado que existe una violación al debido proceso y es contraria al marco constitucional, con grave desconocimiento a la garantía de audiencia y a los derechos humanos de los comerciantes tepoztecos que por décadas han trabajado como mercado tradicional de usos y costumbres en su pueblo.
A lo anterior se suma que durante el intento de desalojo, como han atestiguado para esta nota los comerciantes y el mismo abogado Solís, una mujer de cincuenta años de nombre María Ramírez Castañeda fue golpeada, dos menores de edad fueron sustraídos temporalmente de la zona sin consentimiento de su madre por la oficial mayor Blanca Tapia, y el velador fue amenazado.
El presidente municipal y exdirector de Amnistía Internacional México ha insistido en que continuará el proceso que inició esa madrugada de sábado de puente, cuando las instituciones públicas no laboraban. Mientras tal es su modo de proceder contra los comerciantes del pueblo, que son un grupo vulnerable al ser la elaboración y venta de sus productos alimenticios su único medio de subsistencia, Quiroz no ha cerrado aún las grandes cantinas y terrazas de venta de alcohol y mezcalerías que aún operan en directa proximidad y colindancia con las escuelas Primaria Escuadrón 201 y Héroes Caídos, y Secundaria Jesús Conde Rodríguez, como lo son “Terraza 360”, “Terraza Colibrí “, y “Salón Rupestre”, siendo que desde el prinicipio de su gestión le fue entregada al edil una demanda colectiva con 2 mil firmas de la población tepozteca exigiendo poner fin a la operación de dichos establecimientos, que aún continúan funcionando en total impunidad y violando flagrantemente la normatividad municipal para dicho tipo de comercios en cuanto su clara restricción de proximidad con centros educativos.
Evidentemente, la mano dura del edil con maestría en derechos humanos no es hacia los grandes negocios de inversión foránea y ubicación ilícita, pero sí hacia los pequeños comerciantes originarios de usos y costumbres, sin mostrarles orden judicial alguna.
Los comerciantes que sufrieron los hechos acontecidos han pedido hacer público que responsabilizarán a la presidencia municipal de cualquier acto que atente contra su persona, integridad física, y/o familias.
Foto Rubicela Morelos, cortesía del autor
