Del duelo a la confrontación
La desaparición y posterior hallazgo sin vida de la estudiante de la UAEM, Kimberly Joselin, ha provocado una reacción intensa y comprensible en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense. Ante este hecho, no hay argumento capaz de contener la indignación. El miedo se instala, la rabia emerge y la exigencia de justicia se vuelve un reclamo legítimo. No se puede permanecer indiferente ante este hecho.
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en los días posteriores obligan a observar el fenómeno con una mirada más profunda. A la indignación inicial, justificada y humana, se han sumado acciones que responden a una lógica distinta: la toma de instalaciones universitarias, la destrucción de cristales en la rectoría, daños en el Palacio de Gobierno, marchas paralelas con discursos radicalizados, grupos con el rostro cubierto y una creciente exigencia de destitución de autoridades universitarias.
La experiencia histórica en conflictos universitarios muestra que, en momentos de alta carga emocional, pueden aparecer actores que ven en la crisis una oportunidad. La sociología de los movimientos sociales ha descrito este fenómeno como “ventanas de oportunidad política”: eventos dramáticos que abren espacios para que distintos grupos intenten posicionar agendas que, en circunstancias normales, no encontrarían terreno fértil.
Al interior de las universidades públicas conviven corrientes académicas, sindicales, estudiantiles y, en ocasiones, intereses políticos externos. Cuando estalla una crisis, el sentir legítimo de la comunidad puede convertirse, sin que muchos se den cuenta, en terreno fértil de disputas que buscan influir en el rumbo institucional.
La aparición de grupos con el rostro cubierto, las acciones de vandalismo contra instalaciones universitarias y gubernamentales y la ausencia de un diálogo sereno sugieren que el movimiento ha comenzado a transitar de la protesta legítima hacia una dinámica de confrontación.
La indignación es completamente legítima. La preocupación por la seguridad y por la vida de compañeras y compañeros de estudio es absolutamente válida. Pero también es cierto que, cuando la protesta se radicaliza y se desplaza hacia la destrucción o la descalificación absoluta, corre el riesgo de ser aprovechada por otro tipo de agendas.
Las investigaciones en curso han señalado que el presunto responsable del crimen ya fue detenido y que la localización del cuerpo de la joven se produjo gracias a información obtenida durante las indagatorias. El proceso judicial ha comenzado a avanzar. Cuando existen estos avances y, aun así, la escalada de tensión continúa creciendo, uno se pregunta si el conflicto sigue respondiendo al caso que lo originó.
En numerosos movimientos sociales se han infiltrado grupos cuya lógica es intensificar el conflicto. A veces son corrientes políticas; otras veces, de colectivos radicalizados que consideran la confrontación como estrategia de acción; en ocasiones, de actores externos que ven en la agitación social una oportunidad para desestabilizar instituciones.
En medio de este escenario tan complejo, la universidad enfrenta un desafío. Por un lado, realizar las gestiones necesarias para que el crimen no quede impune y que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a su comunidad. Pero, por otro lado, preservar el carácter universitario donde las diferencias se discuten con argumentos.
Que el dolor no se convierta en instrumento de disputas ocultas, pues se corre el riesgo de que la causa original de la indignación se diluya en consignas, confrontaciones y agendas ajenas al ethos universitario.
