POLÍTICA SIN ECONOMÍA: PAÍS SIN FUTURO
México no está creciendo. Por años se ha venido repitiendo la narrativa de que el gasto social masivo y las grandes obras emblemáticas serían el motor de una transformación histórica. La realidad fiscal y económica muestra el costo de esta apuesta: el dinero ya no alcanza. Ningún país puede sostener el bienestar sin crecimiento, y no se puede crecer si se confunde gasto con inversión.
Datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y del FMI (Fondo Monetario Internacional), revelan que México mantiene un crecimiento muy bajo. La Secretaría de Hacienda reconoce un déficit fiscal superior al 5 % del PIB en 2024, el más alto en décadas, reflejo de un gasto que no encuentra respaldo en los ingresos públicos.
Un gasto social sostenido requiere necesariamente una estrategia productiva. En México, buena parte del presupuesto público se ha destinado a transferencias directas indiscriminadas, sin evaluación rigurosa de impacto, sin condicionalidad productiva y sin mecanismos de salida.
Es cierto que se alivia el presente, pero se vacía el futuro. El gasto social deja de ser una política de justicia y se convierte en una herramienta de control político funcional para mantener lealtades, pero ineficaz para construir desarrollo. Cada año se necesitan más recursos para sostener el mismo nivel de apoyo, pero la base productiva permanece estancada.
A este esquema se suma el gasto destinado a obras faraónicas, presentadas como símbolos de soberanía y modernidad, caracterizadas por la opacidad, altos sobrecostos y beneficios económicos dudosos.
Mientras los hospitales carecen de insumos, la educación y la cultura sobreviven con presupuestos mínimos; miles de millones se canalizan a proyectos cuya rentabilidad social real sigue sin evidenciarse con claridad. Cuando el gasto en obras no genera encadenamientos productivos, ni empleo sostenible, deja de ser inversión y se convierte en una pesada carga fiscal.
El Estado gasta más de lo que ingresa. Para cubrir ese hueco, recurre a dos caminos muy conocidos: acude a la deuda externa o carga la factura a los contribuyentes cautivos.
La deuda pública se encuentra en niveles que restringen el acceso a financiamiento adicional, pues los mercados también evalúan la calidad del gasto, la certidumbre jurídica y la viabilidad del modelo económico. Endeudarse más para sostener el gasto corriente no es la opción.
El otro camino es elevar la carga fiscal sobre quienes ya pagan. En un país con alta informalidad, la presión recae sobre empresas formales, profesionistas y clases medias. Se les exige cada vez más para financiar un sobregasto que no genera crecimiento, ni mejora estructural, ni servicios públicos proporcionales al esfuerzo tributario.
Sin crecimiento no hay justicia social sostenible. La justicia social no se logra solo con transferencias; se alcanza con educación de calidad, salud digna y funcional, empleo bien pagado, innovación y productividad.
Sin crecimiento no se pueden financiar derechos universales. Un Estado sin ingresos suficientes termina recortando o endeudándose. Un gobierno que confunde popularidad con desarrollo termina administrando la escasez.
Hoy, México necesita recuperar la política económica como estrategia. Lo que significa más inversión en capacidades, menos obras opacas, más servicios públicos funcionales y más ampliación de la base productiva. Solo así es viable y sostenible la justicia social. ¿Usted qué piensa?