En esta ocasión presento una consideración respecto a la reelección en el marco de la reforma electoral que ha iniciado su curso en nuestro país. Para tal efecto, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral fue creada mediante Decreto del 4 de agosto de 2025, con la finalidad de abrir la discusión más allá de los límites de los partidos políticos y de los liderazgos tradicionales, con los siguientes objetivos. Si bien se puede problematizar el carácter democrático y la representatividad de los integrantes de la Comisión a través de un argumento circular ab infinitum. El problema es que el marco de representatividad que se minimiza a través de la Comisión es, precisamente, el mismo que estableció las condiciones para que MORENA ocupara la presidencia de la república en dos ocasiones, lo que es muestra de que la democracia funciona y existe en nuestro país. Se trata del famoso dilema de la esclarea: subir por la escalera y una vez estando arriba, tirarla porque no sirve.
En diversas ocasiones, la titular del Poder Ejecutivo ha señalado que: “Todo está a discusión.” De ser así, esto implica uno de los acontecimientos políticos más importantes en nuestro país desde el logro del voto femenino, el reconocimiento de la identidad pluricultural de México o la alternancia política, entre otros. Así pues, dentro de este escenario de cambios, quisiera referirme particularmente a la cuestión de la reelección. Considero que su correlato y tema de debate de fondo es la experiencia en el ejercicio del poder. Considero que este intangible es uno de los activos más importantes para la vida democrática del país, sobre todo, si pensamos que el pueblo de México necesita perfiles políticos más capaces y con una vocación auténtica de servicio. En otras palabras, esta es una coyuntura que permite valorar el trabajo político y el alto grado de especialización que implica, en los términos de la vocación política de Max Weber, por ejemplo.
En este mismo sentido, considero que para hablar de reelección se justifica si pensamos que es necesario establecer y someter a procesos democráticos de evaluación el desempeño de los servidores públicos; para que, de este modo, la voz del pueblo, a través de un modelo de evaluación que ya existe en la revocación, no solo cancele o revoque el ejercicio del encargo, sino que también esté en condiciones de reconocer el derecho y la “libertad” del pueblo para otorgar la posibilidad de reelección en cada caso específico. Todo esto con la finalidad de valorar la experiencia que se adquiere en el servicio público y un desempeño sobresaliente cuando sea el caso.
Visto de esta manera, no se trata de una cuestión inédita, sino de la profundización y desarrollo de las implicaciones del argumento que le da sentido a la revocación del mandato propuesta y articulada por el partido en el poder; ya que, si es necesario dar la voz al pueblo para retirar un encargo público en casos particulares, su correlato lógico y el reverso de esta facultad popular es igualmente válida, cuando se trata de reelegir a las autoridades que realizan, ya sea suficientemente bien o sobresalientemente sus encargos, a los ojos del pueblo y de acuerdo a la voluntad específica de los ciudadanos a quienes gobiernan. Digámoslo con todas sus letras: si se considera que el pueblo es sabio para poner y para quitar, también debe resultar sabio para confirmar en un puesto. Así pues, plantear una reforma que, en este sentido deje abierta la posibilidad de expresión de una voluntad popular actualizada y contextual es necesario; sobre todo para hacer frente a los mecanismos y modelos dictados a priori.
Desde luego que las convicciones de todo mexicano libre pensador, patriota y nacionalista se alinean con lo establecido por don Francisco I. Madero, para decir NO a la reelección cuando es automática, impuesta, producto de la inercia, vehículo de intereses partidistas; pero, ni Madero, ni la sombra funesta de los dictadores del siglo XIX que daban sentido al lema de “sufragio efectivo no reelección”, ni nadie más debe limitar la voluntad popular de popular de un país dinámico que ha cambiado tanto en más de cien años de vida posrevolucionaria. Así, cada generación de mexicanos debe tener las mismas garantías para decidir el rumbo de la vida política, ningún personaje y ninguna generación debe imponer su voz sobre las otras; creo que este es el verdadero sentido de la alocución tantas veces citada: “el pueblo pone y el pueblo quita”. Razón por la cual, definir de manera a priori la imposibilidad de que el pueblo elija, revoque o confirme en el puesto a un servidor público es una limitante que coarta la voz del pueblo y que minimiza la sabiduría que lo distingue. De esta manera, la reforma en curso nos da la oportunidad de entrar al territorio donde, efectivamente, el pueblo ordena y el gobierno obedece.
A resaltar final del cuarto párrafo: “Digámoslo con todas sus letras: si se considera que el pueblo es sabio para poner y para quitar, también debe resultar sabio para confirmar en un puesto. Así pues, plantear una reforma que, en este sentido deje abierta la posibilidad de expresión de una voluntad popular actualizada y contextual es necesario; sobre todo para hacer frente a los mecanismos y modelos dictados a priori, que se estructuran a partir de una manifestación histórica y localizada de la voz del pueblo.”
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Nahuatlato, Profesor de Tiempo Completo en el Colegio de Morelos. ↑
