A días de iniciado el presente año, es pertinente realizar un análisis para avizorar los pendientes que deberán atenderse en materia de derechos humanos en México. De inicio podemos decir que la agenda está cargada de asuntos varios y en crisis, entre ellos: el migratorio, la violencia, las lacerantes desapariciones, el disfuncional sistema de justicia y el deterioro ambiental global, siendo solo algunos de los principales temas en los que debemos poner atención y ocuparnos para que se fortalezca como condición de posibilidad para la consolidación del Estado democrático de derecho.

El cierre de 2024 y el principio de 2025 ha estado marcado por el aumento de las tensiones en la situación migratoria mundial. Particularmente, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se esperan tensiones en la relación con nuestro país por una parte y, por otra, la crisis migratoria que una política de deportación masiva y el endurecimiento del cierre de fronteras puede generar, respecto de personas que ya hoy enfrentan situaciones críticas a su paso por México, donde quedan expuestos a las vicisitudes de la violencia y crisis de personas desaparecidas. Sin atender las causas estructurales de la migración desde una perspectiva supranacional y desde la cooperación, seguirá consolidándose como la principal amenaza crítica para este año y aún los venideros. En este pendiente se debe hacer eco del llamado que el Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, hace a toda la sociedad mexicana a cerrar filas ante la agresión que se avecina a las comunidades mexicanas ante esta situación de emergencia y apoyar las iniciativas del gobierno mexicano, ratificando el compromiso de la UNAM de la defensa de la dignidad de las personas y los derechos humanos, sin importar su situación migratoria.

La violencia sigue lastimado día a día a las familias y comunidades en México, con regiones controladas por el crimen organizado en estados como Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero o Guanajuato, donde la línea que debe separar a las autoridades de las organizaciones criminales se ha vuelto en algunos casos inexistente o cuestionable. La violencia afecta los derechos a la vida, la integridad, el patrimonio, la tranquilidad, la salud, el empleo y la movilidad de las personas. Es muy pronto para evaluar la eficacia de la política de seguridad iniciada por las actuales autoridades federales, pero en su caso, se requieren acciones sostenidas, de articulación entre las distintas autoridades involucradas y de los tres órdenes de gobierno, para erradicar ese flagelo, con sistemas de inteligencia y uso de la fuerza legitima del Estado totalmente acorde a los protocolos, siempre e invariablemente con respeto a los derechos humanos.

En el marco de la violencia existente, se tiene el enorme y doloroso reto que es la persistente crisis de desapariciones. Hay que insistir en su atención frente a las pretensiones de algunas autoridades de negar esta realidad, y para no dejar solas a las personas que buscan a sus seres queridos. Su reclamo es vigente y actual pues cada día hay nuevas personas desaparecidas, que tristemente se suman a las de décadas previas, mientras que las políticas en la materia siguen siendo insuficientes, ya que se optó por proseguir en la inercia de dejar de reconocer la crisis, abandonar los esfuerzos extraordinarios de identificación humana, debilitar a las instancias de atención a las víctimas y permitir la negligencia de las fiscalías. Persiste el compromiso del Estado con la verdad y la justicia, existiendo un gran pendiente en términos de acceso a la justicia para las víctimas, lo cual ha bloqueado el progreso de las investigaciones para el acceso a la verdad. Con más de 120 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda, el gobierno mexicano no puede abandonar los esfuerzos por garantizar la verdad y la justicia para todas las víctimas, requiriendo para ello la coordinación y colaboración entre las instituciones para lograr la localización, en su caso identificación de las personas desaparecidas.

Por otra parte, no se puede omitir que este año será crucial para el sistema de justicia mexicano. Aprobada la reforma judicial, en el marco de una serie de modificaciones que terminaron por erosionar el diseño democrático constitucional que se dibujaba al menos normativamente en la Constitución, está previsto que la primera elección judicial se realice en junio de este año. Esperemos que el proceso de selección de candidatos se lleve a cabo con pulcritud, credibilidad y que los perfiles de las personas designadas cumplan con los estándares requeridos y posean el criterio, conocimiento jurídico, solidez y rectitud requerido para desempeñar el cargo. Lo anterior, podrá hacer posible el derecho de acceso a una justicia efectiva, completa e imparcial, reconocido en el artículo 17 constitucional.

Los temas prioritarios y urgentes por atender, como los antes mencionados, no debe dejar de lado el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Su cumplimiento no debe limitarse a las ayudas económicas, ahora constitucionalizadas, sino que deben ir acompañadas de sustentabilidad y sobre todo de crecimiento económico ante el desafió que implica la disminución de la pobreza y revertir el crecimiento de la pobreza extrema, generando mayores fuentes de empleo y mejora del sistema educativo. Tema importante y también urgente será se cumplan las metas planteadas para los próximos años, del derecho a la protección de la salud en donde se ha expresado el compromiso de lograr el abasto de medicinas, instrumental, equipos y personal médico.

Finalmente, destaca el enorme reto que representa la crisis ambiental global. El calentamiento climático, negado por muchos entre ellos el Presidente de los Estados Unidos, pone en riesgo nuestro medio ambiente y por su propia naturaleza demanda soluciones también globales, pero ante ello debemos empezar por atender los problemas nacionales requiriendo el compromiso de todos y poder reclamar soluciones globales.

* Especialista en Derechos Humanos

Luis Raul González Pérez