El 2 de agosto de 1990 el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó un programa piloto en Baja California para rescatar y auxiliar migrantes víctimas de la delincuencia. Este programa se convirtió en el Grupo Beta Tijuana. Con el paso del tiempo el programa se distribuyó a 9 estados más de México. Aunque su intención institucional era la de proteger, las críticas y violaciones de derechos humanos, reportes de corrupción, robos y maltrato a migrantes han sido documentadas por diversas instancias. A 35 años de la creación de los Grupos Beta: algunas notas sobre sus orígenes, funciones, marco legal, críticas y violaciones de derechos humanos.
El programa piloto de Baja California se convirtió en el Grupo Beta Tijuana que es el primer grupo especializado de protección de migrantes. Durante 1990 el INA abrió el Grupo Beta Nogales en 1994 y Grupo Beta Tecate y Matamoros en 1995. A finales de esa década surgieron grupos en el norte y en el sur del país: Mexicali, Agua Prieta, Sásabe, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Acayucan, Tenosique y Comitán. En teoría, surgen con la misión de proteger la integridad física y los bienes de los migrantes que cruzan la frontera norte (CIDH, 2023). En la actualidad hay 22 Grupos Beta en nueve estados de la República mexicana (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca). El proyecto se diseñó para proteger a migrantes mexicanos, pero desde el inicio sus miembros se extendieron para ayudar a cualquier persona migrante sin importar su nacionalidad o situación migratoria.
En el año 2000 el gobierno mexicano creó el Programa Paisano Para orientar a mexicanos deportados de Estados Unidos y canalizar sus quejas. En 2011 la Ley de Migración formalizó la existencia de estos grupos en su artículo 71, en el cual se establece que la Secretaria de Gobernación creará grupos de protección a migrantes con el objetivo de proteger y defender sus derechos, sin importar su situación migratoria. Además, se permite la creación de convenios entre autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles para la cooperación de los grupos. La misión de los Grupos Beta es proteger y defender los derechos humanos de los migrantes a través de acciones de rescate, ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación.
Las funciones son cuatro grandes áreas: rescate y salvamiento a través de la búsqueda y auxilio de migrantes perdidos y en riesgo en coordinación con otras instituciones. Ayuda humanitaria que proporciona primeros auxilios, traslado a hospitales, entrega de alimentos y colocación de torres con agua y sombra en rutas peligrosas. Brindar asesoría legal a través de la canalización con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y orientación para informar a migrantes sobre riesgos y derechos en territorio mexicano, además de la colocación de señales preventivas en zonas de alto riesgo. Este programa tiene la capacidad de realizar patrullaje de reconocimiento para localizar migrantes, atender emergencias, entregar información sobre sus rutas seguras y gestionar la instalación de albergues. Se distinguen por el uso de camisetas naranja con logotipos del INM, además, cuentan con drones, aerobotes, cuatrimotos, jeeps, camillas y ambulancias.
A pesar de que el surgimiento de los Grupos Beta es la ayuda humanitaria, algunas fuentes han documentado las violaciones y críticas a la institución. Por ejemplo, de 1990 a 2003 la CIDDH observó que existen numerosos reportes de corrupción, robos y maltrato por parte de integrantes de estas autoridades. Las organizaciones civiles como Sin Fronteras reportaron que el grupo podría ser desanimar a las personas migrantes y convencerlas de regresar. La desconfianza crece porque los migrantes temen al INM y a un posible contacto que culminé en detención o deportación (BBC, 2001).
Otro ejemplo de estas violaciones y omisiones es el operativo de Tenosique el 1 de mayo de 2015 en el albergue la 72 en donde diversos testigos observaron la presencia de un vehículo del Grupo Beta junto a la policía municipal. Durante dicho operativo, más de 10 migrantes que iban en un ten fueron perseguidos y detenidos con violencia, golpes y amenazas, infancias fueron separados de sus familias y algunos defensores fueron fotografiados e intimidados (Fundar, 2015). Estas agresiones fueron denunciadas antes la CNDH y organizaciones exigieron el cese de operativos violentos.
Este último evento brinda evidencia para fundamentar la percepción de Grupos Beta como espías, un reportaje de Diario de Cuba relata como algunos defensores de derechos humanos califican a Grupos Beta de espías de la migración que facilitan la ubicación de migrantes, les delatan en su situación irregular para facilitar su deportación lo que genera desconfianza. El gobierno usa eufemismos como «atender, proteger y defender» migrantes.
Aunado a ello, el incendio de la estación migratorio del INM en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023 provocó la muerte de 40 migrantes, algunos funcionarios fueron imputados, entre ellos Juan Carlos M. C. coordinar de Grupo Beta en Ciudad Juárez. Mismo que fue liberado bajo fianza con brazalete electrónico.
En general, la violencia no sólo es hacia los migrantes, también han sido asesinados algunos coordinadores que han denunciado los peligros de la protección de migrantes. Por ejemplo, el caso de José Ángel Martínez Rodríguez, un coordinador de Grupo Beta en Tabasco que denunció los peligros, así como la corrupción y la trata de personas y tráfico de drogas en la zona. Fue asesinado sólo cuatro días después de haber tomado el puesto. Un caso que, de acuerdo con un informe de la CIDH de 2003, sigue impune. Esto ejemplifica la complejidad del tránsito migratorio y de las fuerzas que se tensan en las rutas migratorias de México.
*Momoxca, internacionalista, escritor y migrantólogo.
