Administración Cuauhtémoc Blanco, el tamaño de la corrupción
Aunque la percepción generalizada en Morelos es que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo en el gobierno de Morelos fue no solo profundamente omisa, sino corrupta. Lo cierto es que, entre las complicaciones y deficiencias de las herramientas de transparencia, y la distancia que suele haber entre la información que el gobierno debiera proporcionar a la ciudadanía y el conocimiento que ella debiera tener sobre la toma de decisiones en las esferas políticas, todas las tropelías del exgobernador y sus colaboradores quedaban reducidas a opiniones, más o menos autorizadas. Así las acusaciones podían ser rebatidas por los copartícipes de la que muy pronto se dibuja como la peor gestión gubernamental en la historia reciente de Morelos, con esclusas típicas como “son infundios provocados por la mala fe”, “me pretenden dañar políticamente”.
Pero los procesos de entrega-recepción, y los resultados de las auditorías al gasto federalizado presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, parecen documentar una red de corrupción tejida entre varias dependencias de la administración pública que, bajo esquemas diversos pervirtieron el servicio público, contravinieron las leyes y reglamentos, y obtuvieron beneficios indebidos gracias a sus posiciones en la administración pública estatal.
Las observaciones por más de 200 millones de pesos en tres de las auditorías practicadas al gasto federalizado, establecen probables hechos de corrupción en la adquisición de equipos de cómputo y licencias de software en la Secretaría de Hacienda, la asignación irregular de obra pública a empresas que participaron en invitaciones o licitaciones indebidamente u recibieron contratos de la Comisión Estatal del Agua, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y la Secretaría de Obras, el pago de construcciones inconclusas o de plano inexistentes, y una tolerancia excesiva con las fallas cometidas por algunos proveedores de materiales y equipos.
No se trata de asuntos menores o de errores administrativos, la auditoría 1341 identificó que empresas participantes en la contratación de obra pública eran propiedad de las mismas personas, es decir, los socios o accionistas de algunas empresas eran los mismos o tenían vínculos familiares entre sí. El esquema evidencia omisiones del gobierno estatal en la revisión de las empresas contratantes. Esas faltas no fueron un descuido, de hecho, la ASF tuvo que hacer un rastreo porque justamente en esos contratos de obra no se entregó la información completa, una algo que no parece una coincidencia desafortunada.
Si juntamos el reporte de la auditoría 1341 con los señalamientos del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, Armando Núñez Iragorri, respecto a la asignación de obra pública en la administración de Cuauhtémoc Blanco a sólo los “amigos” de éste; ya habría claridad sobre cómo se fraguó la ruta que llevó al señalamiento del empresario. Se convocaba a empresas relacionadas entre sí, o de los mismos propietarios sólo para llenar los requisitos de invitaciones o licitaciones.
El fin de semana La Jornada Morelos publicó las declaraciones del secretario de Infraestructura de la administración de Margarita González Saravia, Adolfo Barragán Cena, quien acusó que como parte de la revisión de expedientes de obra pública en el proceso de entrega-recepción, se han encontrado alrededor de 400 casos de obras inconclusas o de plano inexistentes. El reporte de auditoría 1346 muestra dos de esos casos. La ASF identificó un posible daño al erario por casi 45 millones de pesos en la construcción de aulas en la primaria Niños Héroes de Temixco, y en la construcción de aulas, techados, sanitarios, y servicios de agua potable y drenaje en el Colegio de Bachilleres de Ahuatepec. Otras obras revisadas por la ASF en el mismo procedimiento fueron señaladas por incumplir el objetivo social para el que fueron planteadas.
Entre las obras observadas por la ASF, por cierto, está el tristemente famoso puente de Xochimalcatzingo en Cuautla. Recordará el lector que la estructura se había derrumbado en octubre del 2022 y fue reconstruido con una obra que inició en el 2023. La rehabilitación fue inaugurada hasta el 24 de junio pasado, pero la construcción fue tan mala que la estructura tuvo que ser nuevamente cerrada el 12 de septiembre debido a nuevos daños por las lluvias. Pese a la evidente pifia de la administración Blanco, el ayuntamiento de Cuautla aseguró que el problema no había sido la construcción, sino “un deslave en los costados previos a la entrada del puente”, algo que cualquier arquitecto (y el alcalde cuautlense, Rodrigo Arredondo lo es, aunque también es cuatito del exgobernador Blanco) o ingeniero debía haber advertido desde el proyecto de reparación.
Frente a esas observaciones, y las innegables realidades que evidencian los errores, omisiones y probables delitos de servidores públicos, pareciera que los señalamientos en contra del exgobernador y sus copartícipes no derivan solamente de las naturales diferencias entre grupos políticos o de la mala fe de quienes pretenden hacer daño al equipo del exgobernador. Hay datos, elementos de prueba y teorías fundadas sobre los modus operandi, en todo caso lo que faltan son las denuncias. La secretaria de la Contraloría de Morelos, Alejandra Pani Barragán, tendrá mucho trabajo en los próximos días.
@martinellito
martinellito@outlook.com
