La reforma judicial y una oposición de saliva
La reforma judicial que al momento de escribir esto empezaba a discutirse en el Senado de la República y que muy probablemente será aprobada sin mayores modificaciones tiene enormes fallas que ponen en riesgo al Poder Judicial y la de por sí escasísima efectividad del sistema de justicia en México. Eso hasta muchos de sus reflexivos defensores lo saben y algunos se han atrevido a advertirlo asegurando, eso sí, que las correcciones necesarias son en detalles mínimos que pueden ser atendidas una vez que el proceso esté en marcha.
Por supuesto que el proceso de aprobación de la reforma ha sido atropellado, como ha ocurrido con la mayor parte de las leyes polémicas que Morena ha impulsado desde que llegó al poder con una mayoría simple en el Congreso y que, todo indica, no cesarán ahora que tienen la mayoría calificada. Pero también tendría que concederse que la oposición en el Legislativo ha mostrado su pequeñez, no matemática sino política que bien podría explicar la facilidad con que el partido en el poder los suele arrasar sin mayores problemas.
Quienes votaron en el 2018, 2021, 2024 por alternativas opositoras pueden, con todo derecho, sentirse profundamente decepcionados no solo de la falta de freno a las reformas que, evidentemente trataron de frenar con sus votos, sino también de la inoperancia de los partidos opositores que fueron incapaces de presentar proyectos de gobierno alternativos al que, con mucho más pragmatismo que ideología, se impone por todo el país.
El problema de la justicia en México no es nuevo y se ha ido agravando en cada uno de los estados de la República. Los partidos de oposición lo sabían, algunos hasta lo denunciaban, pero no hubo propuestas alternativas para una reforma judicial que garantizara mejorar los mecanismos de denuncia, la acción de las fiscalías y garantizar que los delitos fueran efectivamente sancionados en los tribunales.
De acuerdo con datos de Impunidad Cero, en Morelos el 94.2% de los delitos ni siquiera fueron denunciados; y sólo el 0.23% fueron resueltos. Cierto que la mayor carga de responsabilidad parece estar en las policías y las fiscalías que son incapaces de hacer bien su trabajo. Las detenciones ilegales, las carpetas de investigación mal integradas, la confusión en los tipos penales y en los civiles, son los principales motivos por los que los criminales difícilmente son sancionados en el país.
Pero el Poder Judicial tampoco puede defenderse mucho; la sospecha de corrupción en jueces y funcionarios es común no solo en materia penal. Las víctimas de decisiones equívocas en los tribunales locales y federales se cuentan por cientos, muchas de ellas incluso han sido defendidas por diputados y senadores de los partidos de oposición, que fue incapaz, durante todo este tiempo, de presentar una reforma propia, un ajuste que impidiera todas las fallas que tiene la iniciativa de Morena y sus aliados.
La oposición llegó al debate sin una propuesta alterna, aunque la iniciativa de López Obrador había sido anunciada y hasta detallada en múltiples declaraciones públicas y foros. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, no hicieron la tarea y su único discurso se centraba en frenar la reforma judicial, lo que, a la mayoría de la población, así lo muestran los resultados electorales, no le parecía tan relevante pues se le daba a escoger entre un cambio posible o dejar las cosas como estaban, lo que después de años de afrentas a las víctimas, era impensable.
La oposición de dedicó más a la saliva que a la pluma. No diseñaron una iniciativa diferente y esa es una de sus mayores fallas. Si a la gente se le da a escoger entre mantener la corrupción del pasado reciente y el presente, o la posibilidad, aunque sea remota de que las cosas cambien; siempre optará por el cambio. Cierto que grandes mentes advierten sobre los riesgos de la reforma judicial, pero esas grandes mentes no parecen estar en el Congreso de la Unión.
Difícilmente podríamos creer al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano el disfraz de héroes de la patria y la democracia que pretenden usar en la tribuna como un símbolo de la “resistencia” contra el “autoritarismo”, sencillamente porque tuvieron años para pensar en la reforma necesaria a las instituciones de procuración y administración de justicia; para diseñar desde los congresos locales y de la Unión leyes que permitieran políticas públicas que protegieran y garantizaran la protección y reparación del daño a las víctimas, y el castigo a los responsables de delitos, y no lo hicieron.
La reforma judicial será impuesta, tarde o temprano de manera peligrosa porque se presentó como la alternativa única para la reorganización de un poder; pero la responsabilidad no radicará en quienes la aprobaron con todo el riesgo que ella significa, sino en quienes, contratados por los electores para hacerlo, fueron incapaces de ser propuesta y no les quedó más que ser una débil resistencia. No es heroísmo, sino cálculo político.
Tocará ahora a la ciudadanía ejercer como tal, elevar el nivel de exigencia, denunciar las fallas, advertir los riesgos y ver que se garantice que los errores en el diseño e implementación de la nueva norma; bastante claro ha quedado que los partidos de oposición no la representan, y eso es mucho más grave que cualquier reforma, porque 40% de los electores se han quedado sin representantes actuantes en el Congreso de la Unión. A final de cuentas, lo que vemos es una oposición decepcionante que llora como niño lo que no supo defender como adulto; ningún elector merece tan poco.
@martinellito / martinellito@outlook.com
