Corrupción, impunidad y medios de comunicación
En términos generales, la gente de Morelos está profundamente dolida por los episodios de corrupción que ha padecido desde hace por lo menos dos sexenios y a los que no pueden calmar ya, como ocurría en el pasado, los apodos y chistes a costa de los políticos indecentes.
Porque si bien la corrupción en el funcionariado público sigue siendo una molestia enorme en todo el país, en Morelos se enseñoreó mientras se exhibía cínicamente como una práctica constructora de enormes fortunas a costa de la gente a la que dañaba no solo en las finanzas públicas y los rezagos en atención gubernamental, sino también en sus vidas y patrimonios personales afectados por grupos delictivos tolerados, apoyados y a veces hasta formados por funcionarios públicos de diversos niveles.
Ese enojo contra las prácticas corruptas de los gobernantes se ha manifestado en las urnas con resultados frecuentemente desfavorecedores para los grupos en el poder; pero mucho más en el discurso popular, donde se tejen historias que se convierten en sabiduría popular, se juzga a las personas y se exigen castigos que difícilmente han llegado.
En un ambiente así, es obvio el anhelo ciudadano por saber de los casos, sobre todo de los más emblemáticos o que han recibido mayor atención de los medios de comunicación, como las investigaciones sobre Graco Ramírez y sus colaboradores; Cuauhtémoc Blanco y los suyos; el exfiscal Uriel Carmona; y algunos otros que han sido objeto de severos cuestionamientos por su ejercicio en la función pública.
Los medios no siempre ayudan
Los propios medios alimentan estas cadenas informativas con diversas aproximaciones, aunque algunas de ellas suelen contravenir el debido proceso, eso que la legislación mexicana garantiza como un derecho humano fundamental y que consiste en “el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito”.
Parte de las filtraciones que desde órganos judiciales o de procuración de justicia se hacen sobre los casos; o incluso en algunos despachos de defensoría, van orientados a violar el debido proceso y así permitir a los indiciados acudir a recursos de protección que permiten interrumpir los asuntos en cualquiera de sus etapas, desde la investigación hasta la condena. En ocasiones, estas prácticas pueden incluso provocar la prescripción de los delitos que se persiguen o dudas en las integraciones de las carpetas.
No es que los medios contribuyan a la impunidad, pero a veces entorpecen procesos.
En la entrevista que publica hoy La Jornada Morelos, Leonel Díaz Rogel el fiscal anticorrupción de Morelos, me dijo que actualmente su equipo atiende y enfrenta 146 amparos tramitados por entre 80 y cien exservidores públicos con los que se trata de obstruir las investigaciones que se hacen en el órgano autónomo sobre probables conductas delictivas. La mayoría de esos amparos han sido interpuestos por quienes ocuparon cargos de alto nivel (porque los juicios de amparo no son baratos), y algunos de ellos han derivado de filtraciones en medios de comunicación sobre el estado de investigaciones contra personajes específicos.
Claro que debe entenderse que venimos de una etapa en las fiscalías donde se presentaban filtraciones constantes sobre asuntos que por diversos y nunca confesados motivos les parecían relevantes. Se trataba, según todo apunta, de una estrategia para permitir espectacularidad, linchamientos mediáticos, pero también una profunda impunidad en casos que se retrasaban por violaciones al debido proceso.
Así que tendríamos que moderarnos. Vale la pena repensar el modelo de comunicación sobre estos casos. Esto no quiere decir silenciar a los medios (que bien tendrían que recuperar prácticas de periodismo de investigación y hasta de contextualizar la información que se ofrece), pero sí evitar prácticas que lesionan el derecho al debido proceso que, guste o no, es una garantía constitucional fundamental.
Es decir, hay un conjunto de datos de investigaciones que es público y suele darse a conocer en las diversas etapas de los procesos; pero hay otra información que está reservada y así debe quedarse hasta que, en la última parte del proceso, se da a conocer puntualmente.
Por supuesto que a los medios les encanta la espectacularidad y hasta seleccionar un pequeño set de villanos favoritos para cargarles todos los males del universo. Eso contribuye a narrativas medio kitsch de la realidad que pueden ser entregadas fácilmente a los grandes públicos y despertar sus emociones más profundas.
El problema es que esa espectacularidad ayuda muy poco a la construcción de un reflejo, siquiera aproximado a la realidad, y mucho menos a que la gente entienda los complejos escenarios que se presentan en lo político, lo jurídico y lo social.
Cierto que construir nuevas narrativas significa trabajar más, pero para sobrevivir, el periodismo debe repensarse y empezar a explorar nuevas formas de explicar las cada vez más complejas realidades. El reino de los likes y las interacciones no está reñido con el buen periodismo, con la ética y con la responsabilidad social de la práctica; a pesar de que éstas sean inversiones de mucho más largo plazo.
Si el periodismo realmente quiere acabar con la corrupción, vale la pena que ponga la parte que le corresponde.
@martinellito / martinellito@outlook.com