La denuncia contra Martínez Terrazas y López Mejía
Daniel Martínez Castellanos
“El diputado Daniel Martínez Terrazas está haciendo proselitismo con recursos del ayuntamiento de Cuernavaca que incluyen materiales y trabajadores”, la acusación, más o menos exacta fue hecha por los regidores de Morena y el Verde Ecologista al alcalde, José Luis Urióstegui Salgado semanas antes de que rindiera su informe por el primer año de su segundo periodo a cargo de la administración municipal. Fue en la misma sesión de cabildo en que le demandaron la destitución del secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos Municipales, Guillermo López Mejía.
Por esos días el alcalde Urióstegui ya manejaba la idea de la evaluación del gabinete conforme a resultados para determinar la permanencia de cada funcionario de primer nivel, una proyección que mediáticamente alcanzó al secretario de Protección y Auxilio Ciudadano, Guillermo García Delgado; pero en términos reales abarca a todo el funcionariado de primer nivel: Demetrio Chavira de la Torre, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Carlos Javier Arozarena Salazar, tesorero municipal; Marcos Manuel Suárez Gerard, de Desarrollo Económico y Turismo (que son los tres que tendrían más o menos a salvo su chamba en enero próximo); además de Sandra Adelina Pinzón Sánchez de Desarrollo Humano y Participación Social; Rosa Icela Gómez Díaz, de Administración; María Antonieta Luna Herrera, consejera jurídica; y Tania Berenice Ulloa Zamora, contralora municipal (con iguales posibilidades de irse o quedarse); y Oscar Cano Mondragón, secretario del Ayuntamiento que, junto con López Mejía y García Delgado parecen tener ya un pie fuera si sólo se toman en cuenta los resultados de su gestión.
La acusación contra el diputado, dirigente estatal del PAN, amigo de Jorge Romero Herrera (dirigente nacional de ese partido), y precandidato adelantadísimo y aparentemente único albiazul a la alcaldía de Cuernavaca, no fue menor. En caso de comprobarse, Martínez Terrazas habría cometido faltas a la normativa electoral, a la decencia política, al decoro ciudadano, ayudado por el responsable de los servicios públicos municipales, Guillermo López Mejía.
De acuerdo con los regidores denunciantes, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos obedecería cualquier petición de Martínez Terrazas y le permitiría presentar trabajos de bacheo, colocación de luminarias, limpieza, y otros que corresponden a su despacho como logros del diputado; con lo que incurriría en responsabilidades administrativas y, con frente a un fiscal duro y jueces ortodoxos, probablemente hasta penales.
Dado que se trataba de denuncias graves sobre responsabilidades administrativas, el alcalde pidió que inmediatamente se diera vista a la Contraloría Municipal para los efectos legales conducentes (investigación y en su caso sanción). Pero el asunto no quedó solo ahí; el alcalde nuevamente había sido expuesto por el grupo de colaboradores que le fue impuesto por la dirigencia panista (Martínez Terrazas), que hacen dudar de la decencia de toda la administración municipal.
El reclamo de los regidores de Morena y Verde Ecologista tampoco fue tan inocente; en gran parte se debió a que López Mejía parece no atender a las gestiones de los regidores lo que refuerza la percepción ciudadana de inutilidad de los integrantes del cabildo. Pero tampoco puede decirse, desde ninguna perspectiva, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca haga siquiera parcialmente bien su trabajo; de hecho, la mayoría de sus intervenciones suelen empeorar los problemas que suponen atender.
El problema es que la remoción (por muy justificada que estuviera) de Guillermo López Mejía sería abrir un nuevo pleito (y mucho más grave al tocar intereses del diputado Martínez Terrazas) entre el alcalde y la dirigencia estatal de Acción Nacional.
Urióstegui turnó el caso a la Contraloría Municipal además de la obligación jurídica por practicidad política -que sea la instancia legal la que determine; y también porque sabía que no hacerlo representaría distanciarse dentro del cabildo no sólo con los regidores de Morena Arnett Jiménez Gaspar, Elia Ortiz García, Alan Salvador Moreno Domínguez y Gabriel Rivas Ríos; y del Verde, Juan Miguel Serrano Gastelum; sino con otros miembros del cabildo que se han vuelto más o menos cercanos al alcalde y le ayudan a transitar en el colegiado sin mayores sobresaltos; porque es evidente que los regidores de Acción Nacional, Paz Hernández Prado, Miriam Barajas Basilio, Alfredo González Sánchez y Sergio Hugo Barón Pulido, trabajan más para la dirigencia estatal del PAN y el proyecto político de Daniel Martínez Terrazas, que en apoyo al alcalde Urióstegui o a favor de la gente de Cuernavaca.
En estas circunstancias, valdría la pena que la evaluación del funcionariado que seguramente presentará José Luis Urióstegui al cabildo sea tan objetiva y pública que conduzca por sí misma a la toma de decisiones más allá de la protección política y de grupos; y que exhiba a quienes intenten, por intereses partidistas defender o destruir a funcionarios municipales.
Por lo pronto podemos adelantar que, hasta este momento, el alcalde no tiene clara la ruta para las eventuales destituciones, pero tampoco para argumentar la permanencia de ninguno de los funcionarios de su equipo a excepción probablemente del tesorero municipal, Carlos Javier Arozarena Salazar. Por supuesto que a Urióstegui le encantaría mantener a Demetrio Chavira de la Torre y algunos otros secretarios, pero las presiones desde Acción Nacional para hacer cambios que no toquen a quienes fueron impuestos desde el partido, son tan fuertes que vuelven necesario presentar una evaluación pública del trabajo de cada uno.
@martinellito
martinellito@outlook.com
