Oficina de la Gubernatura perdió mil 400 millones de pesos en tres años
Las investigaciones que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización realiza sobre la gestión de recursos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo tienen sus casos más importantes en tres despachos que aparentemente funcionaban como baúles de dinero que era manejado discrecionalmente: la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Comisión Estatal del Agua y la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.
La sospecha de corrupción en las tres dependencias hace ver como cosa de niños (corruptos, pero niños) lo que pasaba en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de la Educación Básica, y hasta el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo. Claro que existen y son terribles los agravios sociales que resultaron de la retención injustificada de apoyos a campesinos, la venta de plazas de maestros, la venta ilegal de terrenos, la organización de conciertos fantasma, y otras conductas que siguen en fase de investigación debido a denuncias diversas; pero al parecer ninguno se acerca a lo que ocurría en las tres dependencias de donde se consiguieron recursos para campañas y movilizaciones políticas, pero también para la construcción de pequeñas y grandes fortunas que incluyen, por ejemplo, predios en fraccionamientos de lujo presuntamente adquiridos con dinero público en beneficio de personas.
El escándalo que viene
Los diputados de la LVI Legislatura del Congreso de Morelos conocían de las denuncias de corrupción contra funcionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco. De hecho, muchas de las quejas y acusaciones llegaron a algunos de ellos en su anterior periodo como diputados, otras fueron detectadas por ellos mismos y las utilizaron como parte de sus campañas proselitistas. Pero la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el órgano que se suponía podría investigarlas en primera instancia era prácticamente inoperante.
Vinieron regaños al titular, José Blas Cuevas Díaz, se removió a funcionarios, y se le leyó la cartilla. La ESAF tendría que ser mucho más efectiva en sus procesos de investigación e indagar a fondo las denuncias que tenía rezagadas. Así que empezaron dictaminarse las quejas y se han encontrado datos que prefiguran lo que sería un gran escándalo que involucraría por lo menos a cinco funcionarios del más alto nivel de la administración de Cuauhtémoc Blanco: dos en Movilidad y Transporte, uno en Ceagua y dos en la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura. De este conjunto, dos tienen actualmente cargos que les conceden cierta protección jurídica, uno en el Senado de la República, Víctor Mercado; y otra en el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, Mónica Boggio.
Sumas multimillonarias
La suma de los probables quebrantos a las arcas morelenses es de miles de millones de pesos. Solo en el caso de la oficina de la gubernatura, durante los últimos tres años de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, faltarían por comprobar alrededor de mil 400 millones de pesos, cuyo destino sería responsabilidad final de Mónica Boggio e Israel Calderón.
El despacho fue señalado por presuntos actos de corrupción desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco, cuando el exfutbolista tenía a cargo a su exrepresentante José Manuel Sanz Rivera. En la primera mitad de la administración Blanco, la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto Castillo, denunció públicamente un esquema de triangulación de recursos que permitía ubicar recursos públicos en bancos del extranjero.
La denuncia no pasó a mayores y de hecho, Nieto Castillo fue removido del cargo antes de que pudiera hacer más en ese y otros casos. Por cierto, fue la segunda vez que Blanco Bravo y su equipo escaparon de Santiago Nieto, quien primero, como Fiscal de Delitos Electorales persiguió al exfutbolista por irregularidades en su registro como candidato, pero eso es otra historia.
En efecto, las denuncias no llevaron a más que el quemón para Sanz y Blanco Bravo, pero no hubo sanciones y tampoco se corrigieron los esquemas que permitían el uso discrecional del dinero público en el despacho. Así se explica, por ejemplo, los pagos irregulares a funcionarios de nivel medio y alto que no trabajaban en lo que su nombramiento establecía, como la representación del gobierno de Morelos en la Ciudad de México; pagos en efectivo a medios de comunicación; transferencias de recursos sin mediar explicación alguna, y otras prácticas creativas (a la mala) en operaciones financieras que al final acabaron “extraviando” esos mil 400 millones de pesos.
Pero se protege a Cuauhtémoc Blanco
Para muchos observadores, hay por lo menos un bloque en la política nacional que protege a Cuauhtémoc Blanco de cualquier acción legal, se habría visto en el Congreso de la Unión con el caso del desafuero, y también en la lentitud con que la Auditoría Superior de la Federación procesa la presunción de daños a la Hacienda Pública cometidos por la administración Blanco durante los seis años que ocupó la gubernatura (nótese que no escribimos “estuvo a cargo”, o alguna otra figura que permitiera inferir que en algún momento cumplió con su responsabilidad).
A lo mejor es cierto.
Pero tal protección no alcanza, o no debiera alcanzar a quienes colaboraron con el exgobernador y cometieron atroces actos de corrupción, evidentes latrocinios, abiertos daños a la sociedad morelense. Cada uno de ellos tendría que rendir cuentas siempre que la ESAF haga su chamba y que las y los diputados no teman a hacer justicia, o acaben vendiendo su amor al mejor postor, aunque no sea en un cabaret ni bailando.
@martinelito / martinellito@oultook.com
