Los cambios necesarios que no se harán en Cuernavaca
El alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, reconoció al final de la semana pasada que hay cosas en el ayuntamiento de Cuernavaca que no están funcionando, por lo que valoraría el relevo de funcionarios de su equipo de trabajo. Aunque la admisión de fallas y hasta ineptitudes puede demostrar que el alcalde no está ciego, resulta difícil anticipar dónde podrían estar los movimientos de funcionarios.
Por supuesto que para la ciudadanía es muy sencilla la ruta de mejora para la gestión municipal: primero está remover a los secretarios del Ayuntamiento, Óscar Cano Mondragón; el de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Guillermo López Mejía -junto con todos sus directores de área-; y a la consejera Jurídica, María Antonieta Luna Herrera.
Después pedir a Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Morelos, que ponga a trabajar efectivamente a Guillermo García Delgado, secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, o que de plano le recomiende a otro elemento para hacerse cargo de la seguridad en la ciudad.
Suspender decisiones del Ayuntamiento que afectan a la ciudadanía en su identidad colectiva, y derechos a un medio ambiente sano, al acceso a servicios públicos de la mayor calidad posible, y a una vida segura y pacífica.
Y finalmente iniciar investigaciones sobre los probables hechos de corrupción que podrían evidenciar las omisiones y acciones equívocas y perniciosas de funcionarios municipales que han permitido el deterioro de la ciudad.
No se necesita ser un gran político, tampoco un administrador público connotado, es una cuestión de sentido común. Donde lloran está el muerto, dice el dicho, y el llanto de los cuernavacenses ha sido constante en las áreas que corresponden directamente a ese grupo de funcionarios. En un esquema de elemental lógica, tendrían que irse ya.
La lógica no lo es todo, aunque sí lo primero
Pero el pensamiento lógico en entramados complejos como el que se construyó alrededor de un ayuntamiento de Cuernavaca desde el primer periodo de Urióstegui, y con mayor fuerza en el segundo, parece ser inoperante por sí mismo.
Oscar Cano Mondragón y Guillermo López Mejía (igual que la mayoría de sus colaboradores directos) no deberían estar en el ayuntamiento de Cuernavaca.
En el caso del primero, la evidente inoperancia en la contención del ambulantaje, la permanencia de la corrupción a cargo de verificadores, el desorden permanente en la operación de antros y bares clandestinos, entre otras evidentes omisiones de su despacho, tendrían que ser suficientes para haberlo removido hace ya varios meses, en la primera evaluación de la gestión municipal.
Respecto al segundo, el desastre en los servicios públicos municipales sólo es superado en daño a la ciudadanía por la devastación del arbolado y en general el medio ambiente de Cuernavaca autorizadas por su oficina. Los aciertos en el manejo ambiental en la ciudad no han provenido del ayuntamiento, el rescate de las barrancas, por ejemplo, se ha logrado gracias a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos; en los trabajos no ha participado mayormente, lo que probablemente debería agradecerse, el despacho municipal encargado del cuidado ambiental. López Mejía y José Alfredo Rodríguez San Ciprián debieron ser destituidos también desde el primer escándalo ambiental.
Si los dichos siguen en sus cargos se debe, primordialmente, a su estrecho vínculo con el grupo de Daniel Martínez Terrazas, el dirigente local del PAN que pretende ser el próximo alcalde de Cuernavaca.
Mantenerlos ahí, sin embargo, parece un cálculo equívoco. El desgaste que provocan a la administración municipal va minando la que hace unos meses se consideraba amplia posibilidad de que Acción Nacional retenga la alcaldía de Cuernavaca.
La seguridad tampoco anda bien
José Luis Urióstegui ha repetido que los hechos de violencia en la ciudad tienen picos que afectan la percepción de seguridad en la ciudadanía. Tiene razón en tanto la seguridad pública en la ciudad es menos mala en los últimos cuatro años de lo que era en el 2021. Sin embargo, el peligro persiste y la sensación de miedo de la ciudadanía se mantiene.
El relevo en la Seprac a principio de este año suponía generar una mayor coordinación con las fuerzas estatales y federales para reforzar la prevención y el combate a los delitos. Probablemente eso esté ocurriendo parcialmente, pero no ha evitado el regreso a periodos de alta violencia callejera, los robos a mano armada, asesinatos, feminicidios, y otros hechos delictivos vuelven a ser el pan de cada día y el jefe de la policía local parece ser solo un espectador regularmente informado de lo que ocurre en la ciudad y no un activo combatiente de la inseguridad. La gestión de Guillermo García Delgado tendría que revisarse; si aún es rescatable, por las virtudes que hayan generado su recomendación y validación por parte de las fuerzas de seguridad federales y del estado, deberá corregir las omisiones.
Aparentemente, tampoco tocaría exclusivamente al alcalde esa decisión.
El caso es que, si el alcalde realmente tiene las manos atadas respecto a los movimientos que puede hacer en su equipo de trabajo, debería reconocerse entonces que Cuernavaca está secuestrada cada vez más por grupos de interés político (y probablemente económico), cuyo interés no necesariamente coincide con el bienestar ciudadano, la conservación de la ciudad y su identidad, o siquiera la viabilidad a futuro de la capital del estado.
En esas condiciones, importan bastante poco los logros que se tengan en otras áreas de la administración municipal cuya relevancia es evidentemente disminuida por las pifias de otros sectores del funcionariado.
@martinellito / martinellito@outlook.com
