La partidización del crimen y la seguridad
El asunto es lo bastante grave como para tomar decisiones.
La presunción de que alcalde, César Dávila, y exalcalde, Rafael Vargas, de Huitzilac; tendrían lazos familiares con presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en el municipio junto con otra serie de evidencias sobre la colusión de autoridades municipales con esa organización criminal; no son, desgraciadamente, las únicas señales de preocupación sobre la probable implicación de autoridades electas y funcionarios municipales con la delincuencia.
De hecho, ya habíamos adelantado en este espacio que por lo menos la mitad de los alcaldes y algunos otros ayuntamientos, estarían bajo la sospecha de autoridades estatales y federales por la presunta vinculación con mandos y grupos delictivos a quienes permitirían operar en sus demarcaciones y hasta en algunas estructuras de los ayuntamientos.
El riesgo de partidización de la seguridad y justicia
Y cuando la política se contamina con actividades criminales, es difícil establecer las fronteras que deberían separar las acciones policiales y judiciales de las determinaciones políticas, como demuestra, por ejemplo, la movilización de algunos familiares de los detenidos en un operativo en Huitzilac el 4 de octubre.
La acción busca, sin duda, generar presión política sobre asuntos que deben resolverse en el terreno de lo jurídico; aunque, por supuesto, el gobierno estatal y la Fiscalía General tienen la obligación de escuchar las quejas y denuncias de toda la ciudadanía (por más sospechosas que sean).
Lo mismo ha ocurrido en el caso de Patios de la Estación, donde se trata de politizar un asunto que debe resolverse en los tribunales y conforme a derecho. En este asunto el problema se agrava en tanto un grupo probablemente vinculado con actividades criminales abandera la intención de que la policía no entre a la zona fundada en lo que parece un uso excesivo de la fuerza policial durante una intervención legítima de prevención del delito.
Esos aparentes problemas, por cierto, parecen muy menores a los que se presentarían en caso de que las investigaciones que realizan las autoridades federales y estatales sobre alcaldes postulados por todos los partidos políticos concluyen con detenciones de funcionarios de los ayuntamientos o hasta de presidentes municipales.
Supongamos para prever
Porque, imaginemos, si finalmente se comprobara que un alcalde de cierto municipio al norte de Morelos no solo tenía vínculos familiares, sino protegía las actividades de un grupo delictivo en su zona, es muy probable que su partido supliera la vergüenza que debería sentir con la rabia y las acusaciones de uso político partidista de la justicia. Entonces ese partido, digamos entre amarillo y rojo, podría iniciar presiones políticas de otro nivel para evitar mayores daños a sus aspiraciones de poder. Lo mismo ocurriría de haber otros alcaldes detenidos, aunque fueran de color azul, verde, rojo, guinda, o descoloridos.
Y eso ilustra un problema mayor que, con la discusión de una reforma electoral debe volverse a poner en la mesa. Los partidos políticos no hacen una tarea adecuada de formación, pero tampoco de perfilamiento de sus cuadros; no se investiga a los liderazgos políticos que se postulan con el objetivo único de ganar ayuntamientos y con ello mayo presencia política en cabildos y legislativo para poder aspirar a mejores futuros para ellos y sus dirigentes.
Tampoco, por cierto, se hacen corresponsables de los malos resultados o vínculos criminales de sus postulados. En eso, las dirigencias partidistas actúan peor que las marcas comerciales que, por lo menos suelen reconocer sus fallas, retirar productos del mercado y hasta, en casos graves indemnizar a los afectados.
Lo cierto es que, pervertida por el pragmatismo electoral, la política partidista en México y en Morelos, no solo malentendieron el concepto moderno de los partidos políticos como agencias de postulación electoral; también, y mucho más grave, se alejaron de sus principios fundacionales y con ello de la ética política elemental, lo que ha derivado en una colección de vituperios electorales y gubernativos contra la población de muchos municipios y estados, por decir lo menos.
Los damnificados pueden ser muchos
Si finalmente se verifican acciones contra todo el catálogo de municipalidades morelenses contaminadas por vínculos con grupos criminales, prácticamente todos los partidos políticos resultarían gravemente afectados, aunque quisieran hacerse a un lado como en el caso del alcalde cuautlense Jesús Corona Damián.
Si a partir de una investigación sólida resultara que realmente estuvo o está vinculado con un mando criminal de la región oriente de Morelos, los partidos que lo postularon (primero Morena, luego Acción Nacional, y al final la alianza de los blanquiazules con PRI, PRD y RSP), sólo ese caso pondría en duda los mecanismos de reclutamiento, selección y postulación de cinco partidos políticos.
Pero también hay otros funcionarios de otras fuerzas políticas bajo sospecha, y ahí se incluye a Movimiento Ciudadano, el PT, el Verde Ecologista, y hasta Nueva Alianza.
Pretender que los nexos con criminales no existen, que se trata de una jugada perversa del ajedrez político local, o asumir que no hay una responsabilidad partidista real en estos asuntos, no sólo es considerar a la ciudadanía poco inteligente; además desvía el tema fundamental que debería atenderse desde los partidos, cómo mejorar los mecanismos de selección, verificación y responsabilidad de las agrupaciones políticas respecto de las personas a quienes postulan, algo que debería extenderse a quienes las dirigen y a quienes militan activamente en ellas.
@martinellito / martinellito@outlook.com
