Las pausas que afectan a la gobernadora
El escenario político del estado se mantiene complicado y podría empezar a costarle a la gobernadora, Margarita González Saravia, a quien se le tratan de remitir facturas por asuntos, muchos fuera de su esfera y otros que algunos subalternos permiten crecer hasta generar espinosos derroteros que acaban resueltos por la mandataria que recibe, por lo menos, los raspones.
De los tres poderes del Estado, uno atraviesa la peor crisis en su historia y mantiene la afectación grave a cientos de víctimas de delitos que deben esperar por la justicia hasta que un atado de magistrados se niega a acordar quién será su presidente durante los próximos dos años. Es un asunto que no compete, pero sí afecta a la gobernadora por dos razones.
La primera, eminentemente funcional, la ausencia de una presidencia en el Tribunal Superior de Justicia impide la participación del Poder Judicial en las Mesas de Construcción de la Paz y en otras tareas de coordinación necesarias para la estrategia de seguridad del estado. Y si no se ha notado el daño grave que provocan es porque los justiciables difícilmente logran hacerse notar; pero cientos de resoluciones están detenidas y muchas de las acciones en materia de seguridad peligran por la crisis en el Tribunal. La gobernadora lo sabe, le preocupa, y probablemente desespera porque el tema no está en su control.
La segunda radica en lo simbólico-político. El renacimiento del sistema presidencialista en México, con la carga enorme del poder público en la persona titular del Poder Ejecutivo, hace pensar que en Morelos la gobernadora tendría las facultades y por ello la obligación de resolver la crisis. Ciertamente, se trata de una ilusión. En Morelos la gobernadora no domina al Congreso, y su influencia es bastante limitada en el judicial porque todas las magistraturas fueron asignadas antes incluso de que ella ganara la elección. Tampoco es, la gobernadora, partidaria de los esquemas autoritarios en que se impone una voluntad desde el Ejecutivo y sus subalternos operan para que ese deseo se cumpla. Aunque hubo quienes trataron de convencer a la gobernadora de que Javier Mújica Díaz era la mejor opción para presidir el Tribunal, Margarita González Saravia soltó muy pronto el tema (si es que lo consideró realmente), y en cambio pidió a sus operadores políticos diseñar escenarios para coordinarse con quien al final resultara electo.
Otro de los poderes parece rehusarse a resolver un tema que resulta vital para la agenda feminista de la gobernadora. Por enésima vez también, un juzgado federal instruyó al Congreso de Morelos a reunirse para resolver la despenalización del aborto voluntario en el estado en los mismos términos que lo han hecho más de veinte estados del país. Se trata de un asunto central en el listado de temas que las colectivas y activistas de los derechos humanos plantearon desde hace mucho tiempo, una de las razones por las que se alinearon a la izquierda en las elecciones y un tema necesario para la igualdad sustantiva, la salud pública, y la justicia de decenas de niñas y adolescentes víctimas de violaciones estatutarias.
Pero el Congreso se ha negado a discutir el asunto y a construir la mayoría y aquí llama la atención que más de la mitad de las diputadas y diputados de Morena, el partido de la gobernadora, se sumen a esa negativa que lesiona una de las agendas fundamentales de la administración de González Saravia en el sector de mujeres y derechos humanos.
El cuatro de junio próximo se cumplirá el nuevo plazo que el juzgado dio al Congreso y el dictamen que derogaría los artículos que castigan con cárcel el aborto en Morelos sigue congelado. Las y los diputados insisten en patear el bote para hacer tiempo tal y como hicieron sus antecesores; llama la atención porque temas mucho más complicados (el del aborto es simplemente un asunto de obedecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) propuestos por la gobernadora (presupuesto y reforma judicial, por ejemplo), fueron resueltos en tiempo y por unanimidad. Los derechos humanos parecen no ser de especial interés en el Congreso de Morelos y eso tampoco ayuda a la gobernadora.
Y en esta área, por cierto, el Congreso también deberá resolver el nombramiento de la nueva persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos. Lo que podría también no tener un buen fin.
Lo que pasa en los poderes Legislativo y Judicial le pega a la gobernadora, principalmente por los anhelos autoritarios de muchos de los simpatizantes de su partido, y algunos integrantes de su gabinete y de la clase política. Las ideas de “dar un manotazo en la mesa” para obligar a acuerdos, como hicieron los gobernadores del siglo pasado, comprometen la vida republicana que se funda en la división y autonomía de los poderes públicos. Mal haría la gobernadora si cede a las tentaciones. A veces llamar a la cordura y procurar que las cosas transiten es lo más que se puede hacer en el Poder Ejecutivo.
En cambio, entre las cosas que le corresponden, convendría echar un ojo a lo que pasa en Salud, donde el secretario Mario Ocampo hay mostrado enormes limitaciones en la solución de los problemas de desabasto y las quejas de los trabajadores del sector. La gobernadora vigila de cerca la transición al IMSS Bienestar en el estado, podría extender la revisión a lo que ocurre en la Secretaría y los Servicios de Salud Morelos, donde no todos los problemas son berrinches del dirigente sindical, Gil Magadán. Malo sería que fuera en la salud donde ocurriera una crisis que realmente dependa del Ejecutivo.
Igual se tendría que vigilar el avance en organismos de la secretaría de Educación: el IEBEM sigue padeciendo la ineptitud de muchos de los subalternos de su director, Alejandro Vique, las universidades tecnológicas van bien, pero la Prepa Abierta, y otros subsistemas de bachillerato como el Conalep, podrían enfrentar o arreciar sus conflictos muy pronto.
@martinellito / martinellito@outlook.com
