Definiciones importantes para el estado
El nombramiento de una nueva persona responsable de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca es una tarea difícil. Por una parte, no cualquiera cumple con el perfil que requiere la seguridad pública de la capital de Morelos, cuyas características geográficas, demográficas y socioeconómicas la hace extraordinariamente particular. Además, el relevo se da bajo presiones mucho más políticas que sociales por parte de grupos que, con la máscara de ciudadanía tratan de impulsar a determinados sujetos o solamente de horadar el trabajo del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Curioso que las presiones no provengan, como ocurría antes, del gobierno estatal, que ha sido particularmente colaborativo con el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado; en este caso, los apremios provienen de grupos de interés que buscan hacerse de la posición o sencillamente minar la capacidad de decisión del alcalde; la mayor parte de esos grupos, por cierto, fueron sumamente críticos de la gestión de Alicia Vázquez Luna, a quien no reconocen aún los logros, moderados pero absolutamente medibles, que tuvo la secretaría bajo su mando.
Otra definición urgente, sin duda, es la que el Legislativo tendría que hacer en torno de la despenalización del aborto, un tema que los diputados han evadido reiteradamente. Incluso antes de la sentencia del juicio de amparo 1638/2023 que obligaría a la LVI Legislatura a despenalizar el aborto voluntario en Morelos, las y los diputados empezaron a hacerse bolas con el tema. Curiosamente, la sentencia que podría haber aligerado la carga intelectual de pensar algo aparentemente tan complejo, ha permitido abrir un debate distractor sobre la cuestión fundamental.
La sentencia del juzgador establece que, al tratarse de artículos que contravienen el derecho de las mujeres a decidir, los que sancionan el aborto voluntario en el estado de Morelos son inconstitucionales por lo que deben derogarse. La instrucción, aparentemente sencilla, ha ofrecido a los diputados una especie de “tablita de salvación” pues ahora se busca dirigir la discusión a si un representante de un poder puede obligar a los diputados a decidir más allá de su conciencia.
La nueva línea de discusión ciertamente es interesante pero no necesariamente por lo que quisieran quienes la promueven, sino porque evidencia que en el Congreso de Morelos no hay la mayoría necesaria para aprobar la despenalización del aborto (de otra forma no habría lugar a la discusión porque incluso antes de recibir la sentencia podrían haber aprobado reformas para el aborto legal y seguro en el estado), algo que nadie se atreve a decir más allá de comentarios tangenciales.
La discusión es medio falaz, porque el juzgador no está obligando a los diputados a legislar en contra de sus posturas personales (derivadas de prejuicios ideológicos, religiosos y culturales) que pudieran ser respetables; sino eliminar una norma que contraviene la Constitución; algo que se ha sentenciado en anteriores ocasiones respecto a temas diversos, sentencias todas acatadas por el Congreso de Morelos.
Por supuesto que sería interesante conocer las razones que tuviera el bloque de legisladores que frenan la despenalización del aborto en Morelos y que no pertenecen solamente, como algunos pensarían, al Partido Acción Nacional, conocido por su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos los casos; pero en términos reales, las opiniones de cada legislador, en este caso, son superadas por la norma que reconoce la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como violatoria de los derechos fundamentales de ellas.
Y una determinación más que tendremos esta semana, el miércoles si todo marcha como esperan los diputados integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, es la que el mismo órgano tomará en torno a la posibilidad de desaforar a dos representantes populares en activo, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador y diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
El desafuero de Cuauhtémoc Blanco no pasará, dicen quienes de la izquierda saben más que uno, por más que la presidenta, Claudia Sheinbaum, frente a las insistentes preguntas de reporteros haya dicho que el tema de la culpabilidad o no del exgobernador de Morelos en la causa penal que se le sigue debe ser resuelto en las fiscalías y no en la cámara. Para algunos esa habría sido una señal de la presidenta autorizando el desafuero, aunque en términos reales lo único realmente dicho por ella fue algo que todos sabemos, si bien el retiro o no del fuero correspondería a los legisladores, la autoridad investigadora es la que puede aportar los elementos de prueba suficientes para que un juzgado determine la culpabilidad de alguien en cualquier delito. En efecto, la investigación de la Fiscalía (o las fiscalías, considerando que hay otras causas penales contra el exgobernador en la Anticorrupción), podría determinar si existen los elementos suficientes para proceder contra el exgobernador por los delitos de violación en grado de tentativa (una carpeta), falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito (otras tres).
Pero para que la Fiscalía proceda con la solicitud de vinculación a proceso, que permitiría continuar con investigaciones a fondo, es necesario el desafuero del exgobernador; una figura que, por cierto, no prejuzga sobre la culpabilidad de quien es sujeto a ella.
Sin duda las tres definiciones, una en términos de seguridad de la capital de Morelos, otra en materia de derechos de las mujeres, y la última que permitiría a la ciudadanía recuperar algo de confianza en las instituciones, pueden cambiar mucho a Morelos en el futuro inmediato, esperemos que cuando lo hagan sea para bien.
@martinellito / martinellito@outlook.com
