IEBEM, siguiente en la lista de denuncias por corrupción
La semana entrante vencería el plazo para que exfuncionarios del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) solventen las decenas de observaciones que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización tiene sobre parte de la gestión de recursos estatales durante la administración de Eliacín Salgado de la Paz; desde ahora se prevé que, por la cantidad y cualidades de las observaciones, no serán aclaradas por lo que se procedería a las denuncias por detrimento patrimonial valorado en varios millones de pesos ante la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia contra exfuncionarios del IEBEM no es la única, que veremos en los próximos días, falta la que se aplicaría en contra del exsubdirector de finanzas (ya de la actual administración) uno de dos a los que la gobernadora, Margarita González Saravia, dio de baja “porque les ganó la tentación”, y cuya fase de investigación está por concluirse para determinar el grado de responsabilidad.
Así el IEBEM se sumará a la lista de causas penales por corrupción en la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco que están entre los pendientes de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Juan Salazar Núñez; a saber, las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas (ahora Infraestructura), Desarrollo Económico, el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, la Comisión Estatal del Agua.
Fundado en 1992 como subproducto del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (el que descentralizó los servicios educativos en todo el país para dar a las entidades federativas el carácter de patrón de los trabajadores docentes y administrativos en las escuelas de niveles básico, normal y cualquier modalidad de formación del profesorado), el IEBEM ha sido desde entonces el órgano más grande en número de trabajadores del gobierno de Morelos.
También es el que mayor presupuesto recibe, al grado de que aún cuando más del 90 por ciento de sus recursos se utilizan para el pago de su abultada nómina, durante muchos sexenios ha sido una especie de caja chica de los gobiernos en turno, o financiador de otras instancias gubernamentales, dentro y fuera del sector educativo. Las creativas (por llamarlas de algún modo) administraciones del IEBEM históricamente han pagado desde foros educativos hasta facturas de proveedores de diversos servicios a otras dependencias, incluida la gubernatura, mediante el diseño de esquemas de financiamiento que permitían la transferencia más o menos libre de recursos, y favorecían esquemas de corrupción que crearon grandes y pequeñas fortunas en las últimas décadas. Fue en las últimas dos administraciones gubernamentales cuando, entre la ampliación poco racional de la nómina educativa y la expansión de los esquemas de corrupción, los desvíos de recursos empezaron a impactar de forma grave a las tareas educativas con atrasos y omisiones en los pagos de nómina al profesorado y faltas graves en el mantenimiento y equipamiento de planteles escolares, entre otros asuntos que se fueron acumulando hasta volver insostenible el muy complejo funcionamiento del IEBEM.
El primer signo de alarma grave fue en el sexenio de Graco Ramírez Garrido. La necesidad de usar doscientos millones de pesos de un crédito para fondear de forma irregular la nómina del IEBEM, era por sí misma evidencia de desvíos de recursos por más o menos la misma cantidad en el instituto cuya nómina se paga con recursos del gobierno federal etiquetados para ese concepto exclusivamente.
Probablemente si en el 2018 hubiera llegado al IEBEM un funcionariado diferente al que finalmente asumió los cargos más para operar políticamente a favor del exgobernador Cuauhtémoc Blanco (cosa que tampoco lograron con éxito) que, para administrar efectivamente la educación, en el instituto se habrían corregido muchas de las prácticas que permitieron las graves crisis en materia de daño patrimonial y a los derechos de los trabajadores.
La administración de Eliacín Salgado de la Paz en el IEBEM podría ser, con mucho, el peor de todos los mandos que haya tenido el instituto, y conste que la mayoría de ellos han sido bastante malos. Los esquemas de corrupción que han sido detectados no solo en el transcurso de las auditorías, sino en el proceso de entrega-recepción, trascienden las fronteras de lo exclusivamente financiero y evidencian también detrimentos graves al servicio educativo, los derechos laborales y humanos de trabajadores, el derecho a la educación de calidad de una parte de la niñez y adolescencia de Morelos.
Desde ahora tendría que advertirse que el detrimento patrimonial que denuncie la ESAF ante la Fiscalía Anticorrupción podrá parecer menor, particularmente porque la entidad solo tiene facultades para investigar el ejercicio de los recursos estatales, que en el caso del IEBEM representan una ínfima parte de su presupuesto; pero permitirá arrojar luz sobre los procedimientos irregulares que se habrían cometido también en detrimento de los recursos federales de que dispone el instituto. Es decir, las futuras denuncias de la ESAF serán seguramente solo las primeras de otras por integrarse, y podrían abrir la puerta a que los profes y padres de familia afectados por los círculos de corrupción del instituto se animen a denunciar las conductas que les representaron afectaciones directas, y ahí seguro se contarán más de un centenar.
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