Los diputados no dejarán ir al Fiscal
Cuando Uriel Carmona Gándara se presentó ante la Comisión de Hacienda del Congreso local para plantear las necesidades presupuestales de uno de los órganos autónomos menos efectivos y eficientes de Morelos (el otro probablemente sea el Instituto Morelense se Información Pública y Estadística, IMIPE); pese a las dudas y cuestionamientos sobre la gestión del fiscal general de Morelos en particular, y la Fiscalía en general, no se le hizo pregunta alguna.
Según nuestras fuentes, bastante bien informadas, hubo una suerte de acuerdo entre los diputados que permitiría que la entrevista no se convirtiera en una comparecencia que a su vez se transformara en un intento de circo en que Carmona usara sus habilidades dialécticas para escabullirse por enésima vez. Esto no significa, nos aseguran, que se le perdone nada al fiscal Carmona ni que la intención de removerlo del cargo haya amainado. Las bancadas de Morena, Nueva Alianza y Verde Ecologista mantienen su postura de retirar prematuramente a Carmona y hacer reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Morelos a fin de mejorar, desde la estructura, el funcionamiento de la institución responsable de la procuración de justicia. En todo caso, el problema es que los diputados que quieren su salida siguen siendo solo 12 y requieren de un par más para remover a Carmona Gándara. Proceso que, además, deberá tener una de las causas graves contempladas en la ley y provenir de una solicitud de la gobernadora, Margarita González Saravia, en la que se especifique claramente esa causa o causas. Es decir, los votos son tan importantes como los argumentos, porque mientras aquellos validarían la decisión, estos le darían un sustento jurídico que evitaría que Carmona, convertido en un experto en amparos después de tanto tiempo sorteando procesos penales contra la Fiscalía de la Ciudad de México, les ganara en los tribunales un recurso que impidiera su remoción.
Visto así, el asunto sigue igual de trabado hoy como hace uno y dos meses. Así que uno pensaría que los diputados podrían haber recurrido a aquella máxima de los mexicanos insultados por el blindaje institucional que les impide defenderse: “pero me oyeron mi hociquito”. Por ello resultó sorpresivo que, el primer encuentro de la legislatura que menos quiere al fiscal Carmona, con el señalado sin duda responsable de gran parte de la crisis de seguridad, impunidad, desaseo y corrupción que padece Morelos, haya sido tan “suavecito” como se le calificó entre los periodistas.
Porque a final de cuentas, los diputados pudieron ser firmes en los señalamientos, pero amables en el decir, a fin de que el asunto no se tornara en algo inmanejable posteriormente. Si después de acusar a alguien, por ejemplo, de ser un absoluto inútil no se le corre, se da un terrible mensaje. Sin embargo, aparentemente optaron por considerar que el fiscal es quien está hoy en el cargo, pero no se merece siquiera señalamientos. Lo castigaron con el látigo de su desprecio, pues, que francamente, para la cantidad de desprecios que ha padecido Carmona desde hace poco más de seis años, es una pena bastante menor.
Eso sí, es prácticamente un hecho que la solicitud de ampliación presupuestal hecha por Carmona será rechazada casi por completo. Probablemente eso sí duela a la Fiscalía, aunque quién sabe si incomodaría siquiera un poco al titular que permanecerá en el cargo, según proyectan los legisladores y el Ejecutivo solo los primeros meses del 2025.
Los diputados no dejarán ir al fiscal sin señalamientos, pero estos se harán en otro nivel, uno que lleve a la inevitable destitución, según proyectan con bastante seriedad.
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El asunto de la regidora de Cuernavaca, Patricia Torres Rosales, es todo un embrollo jurídico. Recordemos, porque es el origen del caso, que la integrante del cabildo sufrió un accidente, junto con más de una decena de personas que cayeron del puente colgante del Paseo Ribereño en el 2022. La servidora pública electa (y esta definición es importante) demanda ahora pensión por invalidez en una solicitud hecha al ayuntamiento de Cuernavaca 49 días antes de que, por conclusión del periodo se quede sin trabajo.
La regidora recibe del ayuntamiento una dieta de 70 mil 317 pesos mensuales menos descuentos, más otros apoyos para gastos. No es una empleada del ayuntamiento por lo que no debería tener derecho a pensión alguna, sin embargo, como el daño lo sufrió en un accidente ocurrido en su jornada laboral y, dicen, cumpliendo con funciones de su cargo, la balanza podría inclinarse a que merece algún tipo de protección. Los gastos que esto significaría para el Ayuntamiento rondarían el millón de pesos anuales, cantidad a todas luces excesiva para las finanzas de un municipio que aún no sale de deudas heredadas y requiere mejorar mucho los servicios públicos.
El asunto es más que interesante, porque un fallo a favor de la diputada podría sentar un precedente para que otros funcionarios electos pudieran acceder a pensiones, lo que cargaría aún más las flacas finanzas de todo el estado. Habrá que estar pendientes de si el cabildo de Cuernavaca resuelve el tema de forma responsable, esto es, tomando en cuenta todas las implicaciones que tendrá su determinación. Una decisión incorrecta abriría la puerta a que regidores, alcaldes, diputados, pudieran usar los argumentos para pedir pensiones por múltiples causas, donde que ni abusivos son.
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Uno no deja de preguntarse si alguien que solicita una pensión al 100% por incapacidad permanente, está facultado para tener un empleo, por ejemplo, en alguna coordinación del gobierno.
@martinellito / martinellito@outlook.com