Al paquete económico le moverán más de una coma
Si algo va quedando claro de las primeras reuniones para discutir el paquete económico 2025 para Morelos es que las propuestas de ingresos y egresos y todos sus requerimientos jurídicos serán aprobados el 15 de diciembre o un poco antes, pero no se dejará intacta la iniciativa que la secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, entregó al Legislativo el 15 de noviembre pasado.
Está, primero, el asunto de pura aritmética legislativa, Morena y sus dos aliados en el Congreso, Nueva Alianza y Verde Ecologista, no juntan los votos suficientes para que el presupuesto pasara como quisieran, así que deben construir consensos con la oposición que ya ha pintado sus límites en cuanto al sistema de recaudación que propone el Ejecutivo, y hace anotaciones interesantes al gasto que se programa para algunos órganos autónomos, tribunales y alguna dependencia gubernamental cuyas aspiraciones consideran injustificadamente excesivas.
Con todo y ello, la voluntad de los diputados está puesta en tocar lo menos posible el gasto de capital, reducir el gasto corriente, y recalcular de plano los recursos que se requerirán para el Poder Judicial en su conjunto (considerando ya la aplicación de la eventual reforma judicial local, y la casi ofensiva aspiración de algunos tribunales que pretenden aumentar su presupuesto al doble); y los órganos autónomos, con la idea también de pensar en las reformas que vienen para la extinción de algunos, como el IMIPE, y la reestructura de otros como la Fiscalía General, y hasta adelantándose a la necesidad que plantearía conceder autonomía total a las fiscalías Anticorrupción y de Delitos de Género.
Es decir, el presupuesto tendrá que ser reescrito en algunas de sus partes, pero no para limitar los proyectos del Ejecutivo, sino para adecuarlo a un nuevo diseño institucional que iniciaría tan pronto como los dos primeros meses del año entrante. Así que plantear que dependencias a punto de ser extintas requieran más presupuesto que el año pasado o que otras cuyo adelgazamiento se contempla requieran los mismos recursos que ahora, resulta cerrar la posibilidad de redireccionar los recursos bajo un escenario totalmente realista.
No se trata, eso sí, de un ejercicio sencillo. Requiere plantearse tiempos y costos de extinción de dependencias, efectos financieros de leyes que aún no se diseñan, pero de las que ya se tienen lineamientos generales (como la reforma judicial), entre otras muchas cosas que afectan las proyecciones de egresos para el año entrante.
Por cierto, sí, los diputados de la oposición por lo menos han menguado la resistencia a la reestructuración de la Fiscalía General del Estado, con lo que la conclusión anticipada del periodo de Uriel Carmona Gándara en el cargo puede empezar a considerarse ya un hecho que ocurriría en el primer semestre del año entrante.
Y claro, habrá entre la porra y los analistas villamelones quienes quieran ver al Ejecutivo o al Legislativo como ganadores o perdedores en la discusión presupuestal, pero olvidan (a lo mejor por tantos años de pésima práctica política en Morelos) que la esencia republicana es el diálogo constructor de consensos; y para consensuar cualquier cosa las partes deben ceder. Se trata, por cierto, de un cálculo que ya tienen bien armado en el Ejecutivo y las coordinaciones parlamentarias del Legislativo. Cada uno se llevará sus raspones, pero se trata de que valgan la pena y se recuperen en respaldo político y social con un presupuesto que mejore mucho el ejercicio gubernamental a favor de la ciudadanía.
En otras palabras, Margarita González Saravia y su equipo ya habían considerado que el presupuesto tendría que sufrir ajustes dados todas las variables señaladas y lo incluyeron como parte del espacio de negociación que tienen con los diputados, no solo los de oposición, también sus aliados que han propuesto hacer ajustes al proyecto inicial.
Se construyó, entonces, un proyecto que se sabía no iba a ser la versión final, y por ello, por ejemplo, se dejaron íntegras las peticiones de los órganos autónomos, antes se ajustaban en Hacienda antes de presentar el proyecto; y se pasaron por alto corridas financieras obvias, como el costo de liquidar organismos, de reducir cargas administrativas y otros, que pueden servir para que, después del ajuste final, el incremento al gasto de capital, y a los proyectos que más importan al Ejecutivo, sufran las menores modificaciones posibles.
Vitales en la discusión tras bambalinas y en la construcción del diálogo han sido los diputados Rafael Reyes y Jazmín Solano de Morena, Andrea Gordillo y Daniel Martínez Terrazas del PAN, Eleonor Martínez del PRI y Ruth Rodríguez de Nueva Alianza; quienes han estado más ausentes son los del PT, pero a lo mejor es por diseño.
Por cierto, un pendiente añejo del Congreso, la aprobación de la despenalización del aborto se ha convertido en una complicación adicional porque el plazo que tiene la Legislatura para resolverlo vence el mismo día que deberá aprobarse el paquete económico. Así que los diputados tienen dos temas muy complicados para enfrentar al mismo tiempo. Según todo apunta, quienes participen en una discusión lo harán solo incidentalmente en la otra. La que más preocupa, por cierto, a todas las fuerzas políticas es la financiera. El oficio de la presidenta de la Mesa Directiva, Jazmín Solano, está a prueba ya cada hora que pasa para resolver la agenda de ambos temas que, por cierto, saldrán muy probablemente en sesiones diferentes; lo que queda claro es que los diputados trabajan horas extras.
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