La militarización de la seguridad pública empezó con el gobierno panista de Felipe Calderón sacando a las calles de Michoacán a 10 mil soldados y el gobierno priista de Peña Nieto la generalizó en todo el país ocasionando un baño de sangre, lección no aprendida por el gobierno de Morena actual que legaliza la militarización de la Guardia Nacional que sería civil en el planteamiento inicial y que la reforma actual la entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional y la conducción de un General del Ejército.
El Senado ha concretado este lunes el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional se formalizan atribuciones de gran calado que dan luz verde a la corporación para realizar tareas de investigación e inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas; así como la posibilidad de que los militares puedan buscar cargos de elección popular. La reforma presidencial, desbloquea la primera parte de su plan para combatir la inseguridad y su aprobación llega en un día simbólico: el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional y las ejecuciones de Tlatlaya.
La nueva Ley de la Guardia Nacional viene acompañada de enmiendas a nueve legislaciones secundarias que consolidan el carácter militar y entierran el espíritu civil de la corporación asentado en la reforma constitucional. La creación en 2019 de la Guardia Nacional estuvo en un principio supeditada a ser un cuerpo castrense pero sometido al mando civil de la secretaría de Seguridad Pública. Ya en 2022, Morena trató de entregar la corporación al Ejército, vía decreto, al no contar con la mayoría suficiente para una nueva reforma constitucional, y con toda la oposición y parte de la sociedad civil en contra. Un año después, la Suprema Corte tumbó el decreto por ir contra la Carta Magna.
El mando de la institución estará a cargo de un general. La persona titular de la comandancia debe ostentar la jerarquía de general de división de Guardia Nacional y será nombrada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La militarización de la seguridad pública no ha impedido que crezca la violencia en todo el país. En Morelos aumenta la presencia de la Guardia Nacional y los militares en las calles a la vez que ocurren asesinatos a plena luz del día en el centro de Cuernavaca o tres feminicidios en un centro comercial de Cuautla, sin que haya detenciones de los criminales, como ocurre cotidianamente.
Pese a recibir 1,816 quejas por violaciones a derechos humanos, la Guardia Nacional solo recibió 13 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras dependencias con menos quejas recibieron más recomendaciones.
La CNDH actuó de manera parcial en asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas; pues además testó algunas de las recomendaciones hechas al Ejército.
En un balance realizado por el Centro Pro DH recordó que la CNDH no se ha pronunciado sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Guardia Nacional, que han tenido lugar en el sexenio anterior.
Específicamente, hizo referencia a la muerte de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023; al asesinato de 25 personas en el marco de un enfrentamiento en La Concordia, Chiapas en marzo de 2024; y a la ejecución de la niña Nahomi, de nueve años, quien murió por los disparos de agentes de la Guardia Nacional en San Luis Potosí.
Por ello es grave que se haya concretado la plena y absoluta identidad castrense de la Guardia Nacional y se otorga fundamento jurídico a las labores de inteligencia del Ejército, sin incluir controles civiles.
Es paradójico que en la conmemoración de la ejecución extrajudicial de al menos 12 de 22 personas por personal militar en Tlatlaya, ocurre la consolidación de la militarización de la Guardia Nacional, una corporación que nació civil en 2019.
Hay que recordar que desde 2014, cuando se registró el caso de Tlatlaya, se convirtió en un caso emblemático de abusos y graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que además de no reducir la violencia, ha perpetuado la impunidad castrense.
Al mismo tiempo, las reformas planteadas por el gobierno y aprobadas de inmediato por el Congreso de la Unión, sobre el control militar de la Guardia Nacional, así como dar más poder el Ejército en materia de seguridad pública, que abona a una militarización que viene desde la época del gobierno de Calderón y que lejos de suprimir se ha ampliado y fortalecido, a pesar de que se han aportado investigaciones históricas sobre la utilización del Ejército en labores represivas y violatorias de los derechos humanos.
Como hemos señalado, a la vez que mundialmente crecen las protestas por la utilización de los Ejércitos para provocar la muerte y la destrucción, como el genocidio en Palestina y las acciones de guerra en todo el Medio Oriente con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y otros países de la región, crece la exigencia de que México rompa relaciones con Israel, deje de comprar armamento y tecnología de espionaje, así como lograr la extradición de Tomás Cerón de Lucio, exiliado en Israel y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, a quien recientemente se le negó un amparo para no ser juzgado por éstas graves violaciones a derechos humanos.
Por todo ello es fundamental mantener la exigencia de que el gobierno cumpla con los compromisos firmados en el ámbito internacional del derecho humanitario.
Ante esta militarización, seguiremos luchando por una seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos de todas y todos.
¡Nuestras vidas y nuestras calles no son cuartel, fuera ejército de ellas!
