Ni un feminicidio más. En el Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Coatlán del Río, Morelos, han ocurrido 20 muertes violentas de mujeres del año 2021 a la fecha, mismos que deben ser investigados de acuerdo a lo establecido en el Protocolo sobre feminicidio, ya que en varios de esos casos se ha demostrado pericialmente que tenían lesiones que no podrían ser autoinfligidas, como lo demostraron análisis periciales solicitados por sus familiares, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y amparos tramitados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública. De acuerdo a los estándares de derechos humanos a nivel internacional, los Estados son responsables de las muertes en custodia. Coincidimos con la Oficina de la ONU-Derechos Humanos en México que es preciso realizar una investigación efectiva y adoptar medidas de prevención, así como medidas integrales para evitar más muertes en el Cefereso 16, como lo ha señalado el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Las víctimas de feminicidio no pueden ser olvidadas, deben estar en el centro de las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de Morelos y los resultados deben ser concretos y verificables, porque gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. La procuración de justicia en Morelos tiene una deuda histórica con las víctimas de feminicidio, ya que se mantiene la impunidad en la mayoría de los casos, como lo hemos demostrado en los informes sobre Alerta de Violencia de Género desde hace 9 años. La sociedad en Morelos se ha movilizado en demanda de justicia para las víctimas de feminicidio y garantías de acceso a una vida libre de violencia.
Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables; II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas; III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad; c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.
Existe una deuda histórica con los Derechos de las Mujeres en Morelos, que debe ser asumida por el nuevo Gobierno del Estado que encabeza la Gobernadora Margarita González Sarabia y el Gobierno Federal que dirige la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han expresado que ante la violencia feminicida, el Estado mexicano tiene el compromiso y deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que luego de 9 años de establecida la Alerta de Violencia de Género en Morelos, no han cumplido los gobiernos precedentes. Tanto la primera mujer Gobernadora como la primera mujer Presidenta deben considerar como reparación una serie de medidas ya enunciadas que establecen el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, investigando todas las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables, en primer lugar.
Como informamos en su momento, solicitamos y obtuvimos una reunión de trabajo con la Gobernadora del Estado, Margarita González Saravia, donde le hicimos entrega de amplia documentación de nuestras investigaciones sobre la AVG y la gravedad del feminicidio prevaleciente. Posteriormente, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, se entregó oficio a la Titular de la Secretaría de la Mujer, al Secretario de Gobierno, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al nuevo Fiscal General de Justicia recientemente nombrado, para dar seguimiento a las acciones y medidas mandatadas en la Alerta de Violencia de Género.
Nuestras propuestas de acción tienen fundamento en todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales contra la discriminación, desigualdad y violencia que vivimos las mujeres, mismos que han sido producto de las luchas históricas del feminismo y la defensa de los derechos humanos.
Por ello les recordamos la conferencia magistral «El feminismo en mi vida” de Marcela Lagarde, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las mujeres, en el Auditorio Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, donde dijo de manera enfática: ¡Otro mundo es posible siendo parte de un movimiento feminista vivo! En éste mismo evento, se mencionó la Investigación del Feminicidio en 10 Entidades de la República Mexicana, en dónde participamos quienes formamos parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Asimismo, se señaló que esta investigación permitió fundamentar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tipificar el término de Feminicidio cómo delito grave. El mensaje es claro: si se aplicaran todas las medidas de la Alerta de Violencia de Género en Morelos se podría atender, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esperamos que las personas y funcionarias que acudieron a la conferencia magistral de Marcela Lagarde saquen las conclusiones adecuadas de toda una vida de lucha feminista y apliquen en consecuencia las políticas públicas que requieren las mujeres en Morelos para que no haya un solo feminicidio más.