La movilidad humana es hoy uno de los fenómenos más trascendentes de nuestro tiempo y un desafío central para los Estados Nacionales. Lejos de ser una excepción, la migración forma parte de la historia de la humanidad y refleja las desigualdades que marcan a las sociedades contemporáneas. En el escenario global, la discusión esencial se orienta a construir políticas que reconozcan a las personas migrantes como titulares de derechos, al colocar su dignidad en el centro de toda acción pública. Esta premisa —fundamental para la gobernanza moderna en el tema de movilidad humana— es hoy el punto de partida de los compromisos internacionales asumidos por diversos países.
Entre esos compromisos destaca el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (A/RES/73/195) —Pacto—, que representa un esfuerzo integral de Naciones Unidas para situar la dignidad humana en el centro de la gobernanza migratoria. El documento sostiene que la migración debe tratarse con evidencia, cooperación y respeto pleno a los derechos humanos; propone acciones concretas orientadas a la prevención de vulneraciones tales como construir políticas basadas en datos verificables; reducir factores que obligan a las personas a migrar como la pobreza, la exclusión, la violencia y la discriminación; ampliar vías legales de movilidad; fortalecer los sistemas de asilo; garantizar procedimientos libres de arbitrariedad y deportaciones sin el debido proceso.
El Pacto también exige asegurar protección diferenciada para grupos en mayor riesgo, incluidas mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. La vulnerabilidad no es una característica individual, sino el resultado de condiciones estructurales que agravan los riesgos durante el tránsito. En el caso de las mujeres migrantes, las amenazas son especialmente graves y persistentes: enfrentan niveles desproporcionadamente altos de violencia sexual, coerción, explotación laboral, trata de personas, extorsión y control por parte de redes criminales. Diversos organismos internacionales han documentado que muchas mujeres sufren agresiones sexuales en varias etapas del recorrido, a veces incluso como “precio” impuesto por las personas traficantes, avaladas por autoridades corruptas. A eso se suma una profunda imposibilidad de denunciar derivada del temor a represalias, a ser deportadas o a quedar aún más expuestas en contextos donde no existen mecanismos seguros de protección. La falta de personal capacitado en perspectiva de género, la ausencia de protocolos especializados y la carencia de espacios seguros incrementan la impunidad y la frecuencia de esas agresiones que quedan en total estado de impunidad.
Las niñas, niños y adolescentes —especialmente quienes viajan solas (os)— sufren exposición a reclutamiento por grupos delictivos, riesgos de trata, estancias en lugares inadecuados, falta de acompañamiento jurídico y emocional en procedimientos que no consideran su edad ni su desarrollo. Las personas mayores, por su parte, suelen presentar enfermedades crónicas que requieren medicamentos constantes, controles médicos regulares o tratamientos especializados que difícilmente pueden mantenerse en rutas de tránsito prolongadas. Además, la falta de información en formatos accesibles para ellas y para las personas con discapacidad —como materiales con letra ampliada, lenguaje claro o asistencia para quienes tienen deterioro visual o auditivo— complica su capacidad para orientarse y tomar decisiones seguras.
Asimismo, el Pacto obliga a proteger el derecho al trabajo decente, combatir el contrabando y la trata sin criminalizar a las víctimas, garantizar el derecho a la libertad mediante el libre tránsito, asegurar el acceso a servicios básicos sin discriminación y eliminar los discursos de odio que buscan deshumanizar a quienes deciden migrar.
México como país de origen, tránsito, destino y retorno, sostiene compromisos amplios dentro de este marco. Sin embargo, la implementación enfrenta obstáculos sistémicos que limitan la capacidad institucional para garantizar una atención digna y eficaz. La concentración de decisiones, la insuficiencia de infraestructura humanitaria, la ausencia de procedimientos uniformes y la limitada coordinación entre órdenes de gobierno, generan vacíos que se traducen en violaciones constantes y cotidianas. Las personas migrantes se enfrentan con retrasos excesivos en trámites, detenciones prolongadas, falta de información precisa y constantes riesgos vinculados a grupos criminales que operan en distintas rutas del territorio.
La dinámica en Estados Unidos también influye en este escenario. Las redadas de la agencia ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés Immigration and Customs Enforcement) provocan temor y desintegración comunitaria. Estos operativos no solo separan familias, sino que también inhiben denuncias, criminalizan a personas trabajadoras y aceleran procesos de deportación sin garantías suficientes de debido proceso. La asociación entre migración y criminalidad alimenta discursos de odio y legitima prácticas que vulneran derechos humanos.
En este contexto, las cifras recientes muestran la magnitud del fenómeno: “En la frontera sur de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses reportaron 135 mil encuentros entre enero y agosto de 2025, lo que representa una disminución del 89 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. A pesar de esta reducción, la proporción de personas mexicanas se mantuvo elevada: uno de cada dos encuentros correspondió a personas de nacionalidad mexicana” (OIM Organización Internacional para las Migraciones, 2025).
A pesar de las limitaciones institucionales y de los impactos derivados de las políticas migratorias de Estados Unidos, existen experiencias que demuestran que una política migratoria distinta es posible. Modelos de regularización accesibles, esquemas de movilidad laboral con derechos garantizados, albergues con servicios integrales, acuerdos de reunificación familiar y campañas contra la xenofobia, evidencian que la movilidad humana puede gestionarse con humanidad y responsabilidad. El verdadero problema no es la migración, sino la falta de estructuras que permitan atenderla de manera articulada: instituciones debilitadas, coordinación insuficiente, infraestructura humanitaria limitada, corrupción en trámites y detenciones, así como la presencia de redes criminales que operan con altos niveles de impunidad, aunado a la falta de voluntad política para ordenar la migración.
Frente a ese panorama, México debe fortalecer sus capacidades institucionales, profesionalizar al personal, generar datos confiables, desagregados y consolidar políticas de Estado estables y verificables, enmarcadas en los compromisos internacionales que ha suscrito. La conmemoración del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, recuerda que ninguna persona pierde su dignidad al cruzar una frontera y que su protección no es un acto discrecional, sino una obligación jurídica y moral. Asegurar una migración segura, ordenada y regular es una condición indispensable para construir sociedades más justas, democráticas e inclusivas, capaces de reconocer a las personas migrantes como parte de la vida comunitaria y social.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
