Democracia: entre transparencia y simulación
Hertino Avilés Albavera*
La democracia, para ser auténtica, necesita condiciones que se reflejen de manera práctica y cotidiana. No basta con proclamarse como un régimen democrático en el papel, sino que es necesario nutrir la idea con acciones concretas que la hagan sustancial y perceptible para la ciudadanía.
En México, esta discusión ha sido constante, pues su contexto siempre ha estado en entredicho: una organización política frágil, procesos electorales cuestionados, altos niveles de corrupción y una cultura institucional débil.
La forma que adoptó la democracia en México descansó, en gran medida, en la confianza. Confianza en los políticos, en las fases electorales y, en general, en la convicción de que la democracia es un proceso en constante construcción que debe ser vigilado y legitimado. En este entramado, las instituciones adquirieron un papel primordial: cuando las personas y los contextos generan desconfianza, son los procedimientos institucionales los que sostienen el sistema democrático.
El INE no es solo un órgano que organiza votaciones; la Comisión Económica no es únicamente un ente que regulaba el mercado; el CONEVAL no se limitó a publicar estadísticas. Cada una de estas instituciones constituyó un pilar de confianza y legitimidad. Sin instituciones fuertes y confiables, la democracia pierde su sentido. Sin confianza, la democracia pierde su significado.
Los OCA se concibieron como un conducto para reforzar la confianza en actividades delicadas y sensibles que debía llevar a cabo el Estado, con atribuciones establecidas desde la Constitución. Los órganos de transparencia y rendición de cuentas se alzaron como figuras clave para vigilar el uso de los recursos públicos de manera imparcial, crear un canal de exigibilidad entre la ciudadanía y las autoridades, y hacer transparentes las acciones gubernamentales. En una democracia como la mexicana, marcada por la fragilidad institucional y las tentaciones autoritarias, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en herramientas indispensables para que la población no solo vote, sino también supervise y exija.
Por esta razón, la autonomía y el trabajo de organismos como el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resultaban incómodos para muchos actores políticos. El derecho de los ciudadanos a solicitar información pone en evidencia prácticas discrecionales, decisiones tomadas en beneficio de intereses particulares y, en ocasiones, actos de corrupción. En la medida en que los organismos autónomos fortalecen la capacidad ciudadana de cuestionar y exigir, se convierten en un contrapeso natural frente a gobiernos que preferirían mantener opacidad.
La democracia va más allá que votaciones. Es la participación ciudadana, el derecho que tienen las personas para saber lo que hacen los gobernantes, cuál es el destino del recurso público y evidenciar su rendimiento. Solo bajo estas condiciones es posible hablar de una democracia sustantiva, pues sin transparencia y sin rendición de cuentas, la democracia se reduce a un ritual electoral que no transforma la relación entre Estado y sociedad.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) garantiza el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, su autonomía y la posibilidad exigir información. Su existencia, al igual que en la de otros estados, fortalece la democracia. La democracia se construye no solo con discursos, sino con instituciones sólidas y confiables que amplían los márgenes de acción de la ciudadanía.
Una democracia que intenta reducir la participación ciudadana, o que se limita a la mecánica de las votaciones, es una simulación de procesos diseñados para concentrar el poder. Una democracia muere en la opacidad por lo que es fundamental propiciar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos. Si el gobierno no es capaz de hacer públicas y comprensibles sus acciones ¿Quién puede garantizar la democracia?
*Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y profesor universitario.
