(primera de dos partes)
Hace un año, en este espacio hablé la importancia de las declaratorias de territorios libres de minería a cielo abierto de Xochitepec y Miacatlán en Morelos como movimientos socialmente trascendentes para la conservación de la vida esos territorios. El devenir de estos movimientos socioambientales tiene impactos en otras partes del mundo porque son más y más los territorios que dicen sí a la vida, no a la minería. Relacioné estas declaratorias con la prohibición constitucional de la minería de metales en El Salvador en 2017. Único país que hasta el momento que ha puesto un límite definitivo a las transnacionales mineras.
Hoy, me encuentro en Sensuntepeque, municipio de Cabañas en El Salvador. Asisto como parte de un grupo internacional de observación en la vista pública del juicio a cinco líderes comunitarios del poblado de Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), acusados de un crimen presuntamente ocurrido hace 35 años. En Santa Marta inició la lucha contra la pretensión de una minera transnacional de sacar oro de la montaña. Cuatro personas fueron asesinadas en 2009 en la comunidad de San Isidro, Cabañas donde estaba ubicado el proyecto minero El Dorado de la empresa canadiense australiana Ocean Pacific. Finalmente salió de la región cuando la organización de los pueblos logró concientizar a un amplio bloque nacional que comprendió que esta extracción minera envenenaría el único río vivo de El Salvador, el río Lempa.
De las Cañadas de Santa Marta surgieron las voces que lo lograron lo impensable en otros países, la prohibición constitucional de la extracción de metales. Comunidad de tres mil habitantes que se refundó en 1987, cuando las familias desplazadas a Honduras por la guerra civil decidieron retornar a su pueblo. Cada año celebran la refundación de una comunidad que se negó a desaparecer por el desplazamiento forzoso. Estas fiestas se llevan a cabo en octubre. Ocurren al tiempo que muchas mujeres jóvenes, abuelas y muchachos expertos en redes, camarógrafos y reporteros se movilizan por Alejandro Laínez, Antonio Pacheco, Pedro y Saul Rivas y Miguel Games. Todos son hombres mayores de 55 años, son los presos del gobierno que busca abrir el espacio para que multinacionales inviertan en el país. Se trata de una elite comercial salvadoreña que busca apropiarse de los recursos naturales que aún estaban sin comercializarse. Una nueva elite que ha llegado a ocupar el lugar de la oligarquía tradicional.
La segunda ronda del gobierno de Bukele, implica el impulso de megaproyectos extractivistas. Se trata de vender las playas del pequeño país para ese turismo depredador y desplazar a los pueblos pesqueros. Las personas defensoras de los cinco ambientalistas consideran que este proceso judicial constituye la criminalización y persecución contra el activismo ambiental en El Salvador. Los cinco alertaron que las empresas mineras reaparecieron en El Salvador con el gobierno de Bukele con la intensión de reactivar la minería metálica y echar atrás la Ley de 2017.
Se trata de un montaje y la instrumentalización institucional, es decir, usar al poder judicial para los fines que el ejecutivo necesita, expresan las voceras del movimiento que apoya a los cinco. Una jueza los mandó a la cárcel bukelista durante ocho meses, incomunicados y sin que hubiese una sentencia. Bukele pretende enviar el mensaje, no defiendas el agua y los territorios porque puede suceder lo mismo que a los cinco de Santa Marta. En la actualidad Bukele controla el poder legislativo y, parece, que también al judicial. Eso se sabrá en pocos días cuando las tres juezas den su veredicto sobre una acusación sobre la que no existen pruebas.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
