El pasado 27 de junio asistimos a la presentación del Informe anual 2024 de actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) que realizó su presidenta, Nashieli Ramírez Hernández, quien diligentemente concluirá una gestión de ocho años, en un ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad y ante la presencia de la jefa de gobierno, autoridades de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil.
En este importante ejercicio a que está obligado el Ombudsperson, por ser la difusión de su labor esencia de su naturaleza y parte de su fortaleza, al permitirle, fijar su posición de frente a las autoridades de la Ciudad de México sobre el estado de respeto de los derechos humanos, su mensaje tuvo diversos señalamientos sustentados y objetivos que, como hemos comentado en otras colaboraciones, deben caracterizar a estos organismos públicos autónomos de defensa de los derechos humanos. Entre otras cuestiones la maestra Ramírez Hernández mencionó que su hoja de ruta hacia el cumplimiento progresivo de los derechos humanos es la Constitución de la CDMX, norma de vanguardia, que adoptó con creces la reforma constitucional del 2011 en la materia al reconocer un catálogo de los llamados derechos emergentes como el derecho al cuidado y el derecho a morir con dignidad; el enfoque que se le dio a ciertas instituciones sociales como las familias en plural; y a fenómenos como la violencia obstétrica, entre otros, así como ser la primera en despenalizar el aborto, la primera en aprobar el matrimonio igualitario, la primera en ofrecer la voluntad anticipada a su población.
La presidenta Nasheli Ramírez reconoció que el Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos requiere de grandes transformaciones, impulsos y renovaciones, dejando de ser solo un contrapeso en el marco anacrónico de la teoría clásica de división de poderes, debiendo adaptarse a los cambios sociales, generacionales, orgánicos, políticos y globales, sin perder su razón de ser y su autonomía. Se debe superar la idea de ser principal y exclusivamente fiscalizadores del poder para convertirse en agentes activos de propuesta y cambio, materialización de bienestar para las personas, colocando a las víctimas al centro, permitiéndoles acceder a la justicia, en restituirles sus derechos cuando han sido vulnerados.
Se destacó que insistir, y coincido con ella, en hacer vinculantes las Recomendaciones es una solución equivocada, pues hay una razonabilidad que respalda que no lo sean. “No contar con fuerza coercitiva no tendría que traducirse en la indefensión de las personas. El sistema Ombudsperson está en posibilidades de ofrecer alternativas para la justicia integral. Ya existen recursos para la justicia administrativa, constitucional, familiar, civil, laboral. Nosotras debemos ofrecer herramientas para la justicia social para que no devengan ni siempre ni exclusivamente de los tribunales”.
“Se debe regresar a la idea originaria de que la fuerza y la efectividad del trabajo de las instituciones de Ombudsperson radica en su calidad, legitimidad y capacidad de articulación, respuesta y construcción de consenso social para el cambio y para la construcción de una justicia cotidiana y palpable, lo que hoy en día se traduce en el apego al principio y derecho a una buena administración pública para la transformación estructural de las condiciones que generan violaciones a derechos humanos. Estamos llamados a ser parte de la solución para impedir abusos de poder, para construir relaciones distintas con los poderes, para perfilar nuevas formas de ejercerlo y no solo -o principalmente- a constituirnos como espacios de pasiva confrontación.”
Las Recomendaciones son el principal instrumento que identifica al Ombudsperson, sin embargo, como ordena la propia la Constitución de la CDMX, el Organismo debe estar presente y próximo a las personas como mediador, impulsor de procesos de justicia restaurativa, conciliar. Es así como busca la restitución inmediata de derechos siempre que se pueda apostando a la conciliación y mediación como formas de solución. Estas acciones buscan eliminar formalismos innecesarios, adaptarse a los nuevos contextos e innovar, como debe ser una institución moderna que potencia las atribuciones que la ley otorga a su titular.
Entre los retos diarios a que se enfrenta el Ombudsperson de la CDMX, desde una lógica urbana local, se encuentran: la necesidad de distribuir equitativamente el agua, el abuso policial, las complejidades de la vida en la cárcel, la protección de la niñez, la prevención de las violencias, la expresión de la protesta, la mejora de la calidad de vida. Además, vista la progresividad de derechos, en la agenda del Ombudsperson se encuentran temas que atender como empresas y derechos humanos, la salud comunitaria, la salud mental, la agenda digital y la inteligencia artificial, la accesibilidad tangible en todos los ámbitos; la participación de los beneficios del progreso científico para todas las personas, entre otras materias.
Ante los distintos retos y desafíos que se deben afrontar, se reconoció que el Ombudsperson debe ser un aliado que requiere de la participación de servidores públicos, de la sociedad en general, de la academia, de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales, porque la lucha de la defensa, protección, promoción y difusión de los derechos humanos es tarea de todos y es diaria. Concluirá así una gestión que gozó de legitimidad, no sólo jurídica, sino también social, que en algunos Ombudsperson se ha perdido.
*Especialista en Derechos Humanos
Nashieli Ramírez Hernández. Foto: CDHCM