En México, cumplir 18 años significa adquirir la mayoría de edad, al llegar a ella podemos votar, trabajar, tomar decisiones y ejercer plenamente nuestros derechos. Sin embargo, cuando se trata de ocupar espacios de poder tales como diputaciones locales, regidurías o cargos de ayudantía municipal, las y los jóvenes siguen encontrando restricciones que no sólo son injustificadas, sino inconstitucionales.
El artículo 135 constitucional reconoce que no existe un impedimento para que una persona de 18 años participe en la toma de decisiones públicas, pese a ello, una parte importante de los ordenamientos locales continúa imponiendo edades mínimas superiores, 21 o hasta 25 años para cargos municipales y legislativos, bajo el argumento de la “madurez” o “experiencia”. El resultado es que miles de jóvenes quedan excluidos de la posibilidad de incidir directamente en la vida pública de sus comunidades, aun cuando ya están plenamente facultados para votar, contribuir fiscalmente y asumir responsabilidades jurídicas como cualquier otra persona adulta.
Por lo que mantener estas barreras resulta discriminatorio porque impone una carga injustificada a un grupo etario, aun cuando la constitución ya les reconoce plena capacidad ciudadana, de manera que no hay razón jurídica, democrática ni técnica que explique por qué a los 18 años se puede votar, pero no gobernar; por qué se confía en las juventudes para definir el rumbo del país en las urnas, pero no para conducir desde una regiduría o una diputación local.
Reconocer el derecho de las personas jóvenes a acceder a cargos públicos desde los 18 años no sólo respeta el ordenamiento constitucional, es una oportunidad democrática.
Sin embargo, a más de dos años de la entrada en vigor de la reforma, el Congreso del Estado de Morelos no ha realizado las adecuaciones a su Constitución local, lo cual incumple con el plazo establecido de manera que contraviene el principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133, que obliga a todas las autoridades del país a ajustar su actuación y normatividad, puesto que reconocer y garantizar el derecho de las juventudes a acceder a cargos públicos es una obligación constitucional.
La pregunta ya no es si las y los jóvenes están preparados para gobernar, es si nuestras leyes están listas para dejar de discriminarlos.
* Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y profesor universitario con trayectoria de 30 años.
Foto: Luis Castillo / La Jornada