El alza histórica del precio de los metales preciosos es una pésima noticia para los países tributarios de oro y plata al mercado mundial. El extractivismo en nuestros territorios se profundizará, pues elevará las ganancias corporativas que contarán con más dinero para apresurar planes de expansión.
El año arranca prometedor para la oligarquía minera mundial, el precio de una onza de oro alcanzó los 5,100 dólares. Entre el 2 y el 26 de enero, el metal aurífero y la plata subieron 18 y 52%, respectivamente. El dólar se ha debilitado como moneda de reserva general. El proceso viene de años atrás pero el grupo que comanda en la Casa Blanca ha acelerado este proceso, entre otras razones, al pelearse con el director de la Reserva Federal de su propio país. Quieren mandar cuánto y cuándo suben las tasas de interés. En tanto esta puja se define, bancos y negociantes corren hacia el oro y la plata.
Las multinacionales mineras están bien posicionadas en México, los proyectos de exploración de empresas de Canadá y Estados Unidos, que se autodefinen como “juniors”, son 200. Se trata de consorcios que se crearon para explorar aquí, en la República. La Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía (SE), reporta que operan en nuestro país 1193 empresas de capital extranjero. Las juniors canadienses que exploran los contenidos de oro y plata en la naturaleza son 94, las de Estados Unidos son 105.
Las esperanzas populares de que la minería extractivista en México se frenaría se desvanecieron. No se detuvieron las concesiones mineras. Solo se hicieron más lentas. Se suspendieron algunas entregas de permisos, derivadas de las manifestaciones de impacto ambiental. Los voceros del capital minero se quejan de que 160 proyectos están detenidos, no por cancelación, sino por revisión.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo más lenta la entrega de permisos pues algunos proyectos están en Áreas Naturales Protegidas. Es el caso del Proyecto del Grupo México, El Arco, en el Valle de los Cirios en Baja California. La Ley de Minería de 2023 estableció nuevas medidas, pero no canceló los tajos a cielo abierto ni la posibilidad de dar más concesiones.
Las mineras juniors de los socios del Tratado México Estados Unidos y Canadá (TMEC) se adaptan a las pocas regulaciones. Afirman ser más transparentes, garantizar el seguimiento de cada momento del proceso de extracción y venta de los metales. Lo llaman trazabilidad. Mantienen sus estrategias de obtención de la licencia social con los pueblos. Sin limpian la cara.
Algunas juniors se han fusionado para crear portafolios diversificados en México con el fin de evidenciar en el mercado bursátil la tenencia de tierras con oro y plata y repartir riesgos en caso de resistencias sociales. Un ejemplo del dinamismo de las corporaciones en el país es la compra de Gold Resource por parte de Goldgroup. Ésta, pagará 372 millones de dólares. En un trimestre quedarán integradas las operaciones de ambas mineras en Oaxaca y Sonora. El multimillonario y accionista de Zacatecas Silver, Eric Sprott es garante de esta operación.
En Sinaloa, la canadiense Mercado Minerals compró a Kootenay Silver el proyecto de exploración Copalito, en la Sierra Madre. Mercado anunció este enero la inauguración de sus actividades en las 3700 hectáreas concesionadas en el pasado por el gobierno mexicano. Ofrece a sus accionistas la garantía de acceso territorial y un programa de comprobación del contenido metálico. Nada menos que 0.22 gramos de oro por tonelada destruida y 347 gramos de plata por tonelada de tierra pulverizada.
Mercado Minerals se jacta de haber firmado acuerdos de acceso a las tierras de los ejidos Llano Grande y La Lapara. El acuerdo, dice, consiste en un pago anual de 100 mil pesos y reparación de daños a los caminos que sean utilizados por la empresa.
En el gobierno actual el extractivismo minero se mantiene vital. El único freno a la minería de metales ha sido el que han logrado comunidades autónomas en Morelos, Puebla, Chiapas, Sonora, Baja California, Oaxaca y Veracruz.
