Enrique Guadarrama López*
La importancia de la autonomía universitaria para todas las universidades públicas del país se puede resumir en una frase: significa la cotidiana y permanente libertad de los universitarios para tomar las decisiones que sean necesarias, en lo académico, lo organizacional, lo presupuestal y lo normativo. Todo en beneficio de la comunidad universitaria.
La autonomía universitaria representa el nutriente imprescindible con el que cuenta la universidad pública en la búsqueda de los fines y propósitos establecidos en el texto constitucional. Le doy el calificativo de ADN institucional universitario, que le otorga identidad a la universidad. Por ello, en el día a día, es obligada su defensa, ante circunstancias o actores externos que la puedan vulnerar, sea una autoridad, un partido político o un particular, sean acciones u omisiones, haya intenciones manifiestas o una actuación aviesa o soterrada, sea que se utilicen instancias de gobierno o recursos públicos. De ser vulnerada la autonomía de la universidad, ésta queda en situación de vulnerabilidad institucional, lo que puede generar un esquema de sometimiento ante autoridades.
Es importante señalar que las personas que forman parte de la comunidad universitaria adquieren la calidad de universitario, lo que les impone la obligación de cumplir con lo establecido en la normatividad de la propia universidad. Sin embargo, la calidad universitaria no les exime de responsabilidad ante cualquier incumplimiento establecido en el ordenamiento nacional, sea de ámbito municipal, estatal o federal. Es decir, un universitario que incurre en una conducta ilegal debe ser investigado y, en su caso, sancionado. No importa que se trate de un caso penal, administrativo, fiscal o privado. La ley debe ser cumplida por todos sin excepción.
Lo grave es que, con una pretendida falta legal de un universitario, una autoridad busque inmiscuirse en la vida universitaria. La observancia de la ley comprende también, con mayor razón, a las autoridades. Fue lo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Campeche, cuyo Rector fue detenido en su vehículo por supuesta posesión de droga. En el fondo, lo que había era una actitud crítica universitaria al quehacer del gobierno estatal. Tan burdo fue el intento de socavar la autonomía universitaria, que el Consejo Universitario fue convocado en horas inusuales para designar rectora interina. Es claro que, de acreditarse cualquier delito, no se puede pretextar la autonomía universitaria para lograr inmunidad.
Afortunadamente, el juez de distrito echó abajo la maniobra gubernamental al conceder la suspensión definitiva a favor del Rector, y ordenó volver las cosas a la situación previa, es decir, dejar sin efecto la designación de la interina.
Es cierto, México requiere una universidad crítica y propositiva, no una confrontativa e irresponsable. Pero también se precisa de autoridades sensibles a escuchar otras voces, por muy diferentes que sean. De cara a la sociedad y a la comunidad universitaria, la actuación de una autoridad se mide por el grado de apoyo a la universidad y, de manera más específica, por el respeto a su autonomía. Se debe establecer ese parámetro de medición en el actuar de las autoridades. Es una manera de fortalecer la autonomía universitaria.
En ocasiones anteriores he señalado que la autonomía universitaria requiere defenderse de manera permanente y que es obligación de los universitarios estar atentos ante cualquier riesgo de ser vulnerada. La vida institucional está de por medio.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII)
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