Una niñez con voz y sin violencia
Omar Said Olibares Hernández*
El pasado 15 de enero de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó una serie de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que, más allá de la técnica legislativa, representan un giro en la forma en que el Estado mexicano concibe la infancia. No estamos ante un simple ajuste de palabras; estamos ante el reconocimiento de que la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes (NNA) en 2026 exige herramientas mucho más sofisticadas que las de hace una década.
Uno de los puntos centrales de estas reformas es la consolidación del principio de autonomía progresiva. Históricamente, se ha tratado a las niñas y los niños como sujetos pasivos, como “objetos” de protección que debían esperar a cumplir 18 años para que su voz tuviera peso. Hoy, la ley retoma la obligación de las autoridades de que la opinión de los NNA sea vinculante en los procesos que les afecten directamente. Si un adolescente tiene la madurez suficiente para comprender su entorno, no solo se le debe “escuchar”, sino atender su sentir y tomarlo en consideración al momento de intervenir en un asunto en el que se vea involucrado un NNA.
La reforma a los artículos 1, fracción III; 2, fracciones I y III; 3, primer párrafo; 12; 13, segundo párrafo; 83, primer párrafo; 90 y 114, segundo párrafo, así como la adición de una fracción IV al artículo 2 y de un párrafo tercero al artículo 10 de la LGDNNA, analiza un fenómeno cuyas consecuencias se han manifestado de forma abrupta e ineludible. Por un lado, la violencia en el entorno digital. En un mundo donde la inteligencia artificial y las redes sociales moldean la identidad de las y los jóvenes, la ley establece lineamientos para un uso seguro y responsable. No se trata de prohibir el internet, sino de obligar a las autoridades a crear mecanismos de defensa contra el ciberacoso y la manipulación algorítmica. Es, quizá, uno de los avances más significativos para una generación que vive “conectada”, pero que hasta hace poco se encontraba legalmente desprotegida en la nube.
El decreto del 15 de enero de 2026 también aborda una pieza clave, al buscar unificar la protección de los NNA con el sistema robusto que ya existe para las mujeres. El texto establece que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) deberá fungir como referente. Al remitirse a esta ley, se garantiza que las medidas de protección para los NNA no queden en segundo término, sino que gocen de la misma urgencia y rigor que aquellas diseñadas para las mujeres. El objetivo es eliminar la fragmentación legal: en lugar de contar con reglas dispersas, se aprovecha una estructura ya probada para asegurar que ninguna orden de protección quede solo en el papel, archivada o relegada a un trámite sin seguimiento.
Por otro lado, la reforma también alude a la creación y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), un tema de especial relevancia. De poco sirve que en el Diario Oficial de la Federación y en la legislación general y especial se hable de “no revictimización” o de “mínima intervención en juicios” si los ministerios públicos continúan siendo espacios hostiles. A ello se suma la falta de una regulación efectiva sobre la integración, organización y funcionamiento del SIPINNA, lo que impide una protección real y eficaz de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, así como del bienestar físico y mental y del respeto a la dignidad y a la autonomía progresiva de los NNA.
En este 2026, en una sociedad cada vez más digitalizada, las reformas de enero funcionan como una brújula. Sin embargo, la verdadera métrica del éxito no será el número de artículos reformados, sino la capacidad de una niña, niño o adolescente, en cualquier rincón del país, para sentirse escuchado, seguro y, sobre todo, titular pleno de su propia vida y de sus derechos.
Nos leemos en la próxima…
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*Juez Especializado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos.
Foto: UNICEF
