Las poblaciones remotas en México están invisibilizadas

Gerardo Santoyo Sánchez*

En México, enfermar en una población remota no es solamente un asunto de salud, sino de existencia. Las comunidades más apartadas del país no sólo están lejos: están oficialmente invisibilizadas. No existen como tales en las estadísticas ni en los mapas de planeación.

A diferencia de otros países, México no ha reconocido oficialmente la categoría de “población remota”. En Australia, por ejemplo, sí existe una clasificación que distingue las poblaciones “remotas” y “muy remotas” con base en la distancia a los centros urbanos, la accesibilidad geográfica y la densidad poblacional. En Canadá también se diferencian las poblaciones rurales de las verdaderamente remotas. En contraste, en México se clasifica oficialmente a las poblaciones solamente como urbanas o rurales. Las rurales se definen de manera operativa como aquellas localidades con menos de 2,500 habitantes, sin considerar factores como la distancia o la accesibilidad a los servicios. Así, una población situada a 30 minutos y otra a cuatro horas de distancia de un hospital comparten la misma categoría rural, lo que invisibiliza las condiciones de aislamiento que enfrentan muchas comunidades del país.

Según el INEGI, más de 26 millones de personas habitan en unas 184,000 localidades rurales. Sin embargo, solamente una de cada cuatro cuenta con algún servicio de salud. En estados como Chihuahua, Baja California, Sinaloa o Tamaulipas, la cobertura es todavía menor: menos del 65% de la población rural dispone de un centro o casa de salud. Esta realidad refleja lo que la literatura internacional llama injusticia espacial: cuando el lugar donde se nace o se vive determina las posibilidades de acceder a la atención médica. Más preocupante aún es que, dentro de las miles de localidades rurales registradas por el INEGI, se sabe muy poco sobre lo que ocurre en las verdaderamente remotas: aquellas que quedan fuera del alcance institucional y, con frecuencia, también del conocimiento público.

Desde hace casi cinco décadas, la Secretaría de Salud ha intentado ampliar la cobertura en zonas rurales dispersas. Programas como el de Extensión de Cobertura (1976), Ampliación de Cobertura (1996), Caravanas de la Salud (2007–2014) y, más recientemente, el de Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM), buscaron llevar servicios básicos mediante unidades móviles y equipos itinerantes. Sin embargo, sus criterios de operación se basan en el número de habitantes y la infraestructura disponible, sin considerar las condiciones orográficas extremas que caracterizan a muchas poblaciones remotas. El resultado: comunidades fuera de las rutas de atención o con servicios intermitentes. Además, el Coneval reportó en 2023 que el FAM redujo casi a la mitad las consultas brindadas en localidades menores de 2,500 habitantes entre 2017 y 2021, debido a la pandemia, al deterioro de las unidades móviles y a la falta de recursos. Estos datos evidencian la discontinuidad de los esfuerzos institucionales y la escasa prioridad otorgada a las poblaciones más aisladas.

Ante esta cobertura irregular, la atención a la salud termina dependiendo de las propias poblaciones remotas. Parteras, promotores y promotoras, así como los mismos habitantes, sostienen la atención básica con saberes locales y una lógica de cooperación, pero con recursos limitados. Su trabajo demuestra la resiliencia de estas comunidades, pero también el abandono estructural al que han sido sometidas.

Reconocer a las poblaciones remotas como un subtipo dentro de la ruralidad permitiría diseñar políticas más justas y adaptadas a su realidad. No basta con enviar caravanas o brigadas ocasionales: se requiere garantizar la continuidad de la atención y fortalecer las redes comunitarias. Pero, sobre todo, se requiere nombrarlas. Porque lo que no se nombra no se mide, y lo que no se mide no se atiende.

Desde el Instituto Nacional de Salud Pública desarrollamos el proyecto “Acceso a servicios de salud ambulatorios en poblaciones remotas de México”, con el propósito de comprender cómo las personas viven el acceso a la salud cuando los servicios están lejos o ausentes. Los hallazgos recolectados hasta ahora muestran que las barreras no son solamente geográficas, sino también políticas y simbólicas. Mientras otros países han definido con precisión lo remoto, México mantiene una clasificación binaria rural/urbano que distorsiona la realidad, invisibiliza la vulnerabilidad y limita la acción pública.

Nombrar a las poblaciones remotas es un primer acto de justicia. Sólo al reconocer su existencia podremos construir un mapa de salud más equitativo, uno que no excluya a quienes viven lejos, sino que los coloque en el centro de las políticas públicas.

Porque en México, la distancia no solamente enferma: también borra.

* Especialista en salud pública. Invitado por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.

LA JORNADA MORELOS