Criminalización de la pobreza y la marginación en la justicia penal para adolescentes
La relación entre pobreza, marginación y justicia penal adolescente en México constituye un fenómeno complejo que revela cómo las estructuras de desigualdad social se reflejan en los sistemas judiciales.
Hablar de adolescentes en contacto con la ley penal obliga a analizar no solo las conductas individuales, sino también las condiciones de exclusión que atraviesan sus vidas. La mayoría de los adolescentes sujetos a procesos provienen de comunidades marginadas, con limitadas oportunidades educativas, laborales y de acceso a servicios básicos. Sin embargo, el sistema penal no atiende estas circunstancias como factores de vulnerabilidad, sino que suele responder con mecanismos de castigo que reproducen y agravan las exclusiones.
El marco internacional de derechos humanos ha sido enfático en señalar que los adolescentes en contacto con la ley deben recibir un trato diferenciado y especializado.
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece que la privación de la libertad debe ser utilizada únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible. De igual forma, las Reglas de Beijing (1985) y las Reglas de Tokio (1990) recomiendan el uso de medidas no privativas de la libertad.
Más recientemente, la Observación General núm. 24 del Comité de los Derechos del Niño (2019) llamó a los Estados a evitar la criminalización de la pobreza, señalando que esta práctica constituye una violación directa de los derechos de la infancia.
En México, aunque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes incorpora estos principios, los informes oficiales revelan una brecha entre la norma y la práctica. Según cifras del INEGI (Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, 2022), más del 70% de los adolescentes privados de la libertad provienen de entornos con rezago social.
Asimismo, estudios del SIPINNA (2021) y de UNICEF México (2020) han documentado que los delitos más comunes por los que se procesa a los jóvenes son el narcomenudeo, el robo simple y el pandillerismo, conductas estrechamente vinculadas a contextos de pobreza y exclusión.
La criminalización de la pobreza comienza desde el contacto con las autoridades policiales. Diversos testimonios y análisis de la CNDH (Recomendaciones Generales 18/2010 y 30/2017) han mostrado que las detenciones suelen realizarse con base en estereotipos de clase y apariencia: ser joven, vestir de cierta manera o habitar en colonias marginadas aumenta la probabilidad de ser detenido.
Frente a este panorama, se vuelve urgente un replanteamiento profundo. Las experiencias internacionales muestran que es posible reducir la reincidencia y promover la inclusión a través de programas socioeducativos, justicia restaurativa y medidas comunitarias. Países como Noruega y Finlandia han apostado por modelos basados en la educación y la formación laboral, mientras que, en América Latina, experiencias como las de Costa Rica y Chile han implementado medidas alternativas al internamiento con resultados positivos.
En México, avanzar hacia una justicia penal adolescente más justa implica invertir en políticas públicas que combinen la prevención del delito con el acceso a derechos sociales. Ello requiere capacitación constante de los operadores de justicia en perspectiva de derechos humanos, enfoque interseccional y justicia restaurativa, así como la creación de programas de reinserción comunitaria que acompañen a los adolescentes en su regreso a la sociedad.
La criminalización de la pobreza y la marginación en la justicia penal adolescente no puede seguir tratándose como una consecuencia inevitable del sistema. Se trata de un problema estructural que exige soluciones integrales. La evidencia muestra que castigar la pobreza solo reproduce la exclusión, pero también demuestra que existen modelos alternativos que funcionan.
México tiene la oportunidad de transformar la justicia penal juvenil si reorienta sus esfuerzos hacia la inclusión y no hacia el castigo. Para lograrlo, es necesario invertir en programas de educación, capacitación laboral y salud mental destinados a adolescentes en contacto con la ley. Asimismo, deben fortalecerse las medidas restaurativas que promuevan la reparación del daño y la reconciliación comunitaria, evitando el internamiento como respuesta automática.
Las políticas públicas deben dejar de ver a los adolescentes pobres como amenazas y reconocerlos como sujetos de derechos en formación, capaces de desarrollarse si se les ofrecen las condiciones adecuadas. Esto requiere no solo reformas jurídicas, sino también una articulación real entre las instituciones de justicia, educación, salud, cultura y desarrollo social.
En última instancia, superar la criminalización de la pobreza en la justicia penal adolescente significa cambiar la pregunta que guía nuestras políticas: ya no “¿cómo castigamos al joven que delinque?”, sino “¿qué sociedad necesitamos construir para que la pobreza deje de ser el camino hacia el delito?”. Esa es la apuesta que puede romper el ciclo de exclusión y convertir al sistema de justicia en una verdadera herramienta de inclusión y oportunidad.
En última instancia, superar la criminalización de la pobreza en la justicia penal adolescente significa cambiar la pregunta que guía nuestras políticas: ya no “¿cómo castigamos al joven que delinque?”, sino “¿qué sociedad necesitamos construir para que la pobreza deje de ser el camino hacia el delito?”. Esa es la apuesta que puede romper el ciclo de exclusión y convertir al sistema de justicia en una verdadera herramienta de inclusión y oportunidad.
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*Jueza Especializado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos
