Hace unas semanas Trump anunció su famosa «tarjeta dorada» con un costo de 5 millones de dólares que pretende brindar la nacionalidad estadounidense a inversionistas extranjeros. La noticia causó revuelo entre los medios y comentaristas. Sin embargo, gran parte del sistema jurídico se encarga de producir la legalidad e ilegalidad como medio para controlar flujos migratorios. Este sistema de «convertir» en legal o ilegal a ciertas personas no es nuevo y es parte de un complejo sistema de geopolítica jurídica, aquí algunas notas.
El 25 de febrero Donald Trump anunció su propuesta de introducir la llamada Tarjeta Dorada (Golden Card Visa), la cual permitirá a los extranjeros acceder a la ciudadanía y tener derecho a la residencia permanente en Estados Unidos. El costo de dicho proceso costaría aproximadamente 5 millones de dólares. El presidente comentó que esperaba comenzar a «vender» la visa dentro de dos semanas. Es decir, a mediados de marzo. La propuesta pretende reemplazar la visa EB-5 (immigrant inverstor visa) que permite residencia permanente a cambio de crear trabajo e inversiones de por lo menos 1 millón de dólares. A diferencia de la EB-5 la tarjeta dorada sólo requiere el pago de una cantidad y no la creación de empresas y trabajos, lo que puede prestarse a malversaciones financieras, corrupción e impunidad.
Esta es una medida que no sólo existe en Estados Unidos y aunque es una estrategia con un evidente sesgo no es muy diferente a cómo funcionan los mecanismos de control migratorio. España, Portugal, Grecia, Malta e Irlanda han ofrecido visados de oro a cambio de inversiones financieras en sectores financieros e inmobiliarios.
A lo largo de la historia los gobiernos han decidido escoger a su población con medidas explícitas como en el caso de Estados Unidos cuando le negó la entrada a los chinos en 1882. También con medidas más discretas como las utilizadas por gobiernos de todo América Latina para promover la migración europea. En estos procesos, el derecho como brazo estructural del Estado juega parte importante, porque construye la legalidad e ilegalidad. Es decir, dice lo que es lícito y lo que no es lícito en nombre del Estado-nación. Sin embargo, de manera intencional y no intencional se vulgariza/especializa que la ilegalidad recae sobre las personas y no sobre las acciones. En este sentido hablan de ilegales y no de acciones ilegales.
En la historia de la humanidad, el movimiento es mucho más antiguo que el sistema de deportación y los mecanismos de control de la movilidad. La propia lógica contractual de los Estados-nación indica que a razón de no estar de acuerdo con el «contrato social» se tiene el derecho de migrar o de fundar su propia organización política. Sin embargo, al estar ocupada la mayoría del espacio terrestre por unidades políticas ya preestablecidas los recién nacidos no tienen la oportunidad de fundar su propio Estado sin una espacialidad. Además, el derecho contractual fundamenta el derecho a irse más no a ser recibido. Es ahí donde hacen lógica las teorías del Derecho de Fuga o la propuesta de la migración forzosa. Pero no hay un derecho de recepción internacional propuesto ni por los derechos humanos ni por los derechos estatales. Ocurre porque en la raíz, los contractualistas creadores de la idea del Estado-nación no argumentan una opción.
En la práctica, las personas toman el consejo de los contractualistas y se van de sus tierras o son expulsadas. Sin embargo, otros Estados les señalan de ilegales por cruzar sus fronteras o por querer llegar a otro espacio. El sistema jurídico al dar cuenta de este vacío lógico toma ventaja y selecciona de manera compleja aquellos perfiles que considera favorables. Coloca pruebas de rendimiento, de costos y hasta de vida o muerte para seleccionar y controlar a sus futuros sujetos precarizados y clandestinos. La tarjeta dorada es sólo un ejemplo muy explícito de lo que hacen los gobiernos del mundo
¿Cuántas personas pueden pagar un pasaporte? ¿Cuántas personas pueden pagar un vuelo? ¿Aunque puedan pagar el vuelo y los gastos del viaje son sujetos con capital étnico y racial para cruzar los controles remotos globales? ¿Pasan los filtros de seguridad cuando son catalogados como «narcos mexicanos», «terroristas del medio oriente», «bolcheviques rusos»? El derecho es el brazo moral, ético y técnico del Estado para seleccionar a su población y se da en función de los usos políticos y de las necesidades espaciales de los gobiernos y del mercado. No sólo es Trump como representante de un imperio, es el Imperio que se entremezcla con agencias internacionales, actores no regulares, gobiernos y empresas para la producción y mantenimiento de su fábrica global.
*Momoxca, internacionalista, escritor y migrantólogo.
