Luis Raúl González Pérez *
La semana pasada se dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, que elabora Transparencia Internacional, una red global con sede en Alemania y presencia en más de 100 países. El índice mide las percepciones de corrupción en el sector público a partir de encuestas y evaluaciones de expertos, analistas y empresarios. Se construye con 13 fuentes independientes y califica a los países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa mayor corrupción percibida y 100 menor corrupción.
En la edición 2025, México obtuvo 27 puntos de 100 y se ubicó en el lugar 141 de 182 países. Esto lo coloca en la parte baja del ranking global, junto a países como Pakistán y Camerún, es decir, entre las naciones con peor percepción de corrupción en el mundo.
Respecto de 2024, México subió apenas un punto, de 26 a 27. Sin embargo, Transparencia Internacional advierte que variaciones mínimas no suelen ser estadísticamente concluyentes y no representan un cambio estructural.
La tendencia histórica es más reveladora. En 2012, último año de Felipe Calderón, México obtuvo 34 puntos y ocupó el lugar 105. En 2018, al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, cayó a 28 puntos y al lugar 138. En 2024, último año de López Obrador, descendió a 26 puntos y al lugar 140. En 2025, primer año completo de Claudia Sheinbaum, subió marginalmente a 27 puntos, pero retrocedió al lugar 141.
Entre 2012 y 2025, México perdió 7 puntos y 36 posiciones. El leve repunte reciente no altera la trayectoria descendente.
En su informe regional para América, Transparencia Internacional vincula la corrupción con el debilitamiento democrático y la expansión del crimen organizado. Señala que “durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (39), fomentando la impunidad y las injusticias”.
La región no muestra avances sustantivos: su promedio es apenas de 42 puntos sobre 100. “Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, advierte el informe.
México aparece como un caso significativo. Entre los factores que inciden en la percepción de alta corrupción se encuentra el llamado huachicol fiscal: contrabando y evasión de impuestos en combustibles mediante importaciones ilegales, documentación falsa y corrupción en aduanas y puertos. Se estima que esta práctica representó una pérdida cercana a 610 mil millones de pesos en 2025, cifra que equivale a 40 veces el monto del fraude en Segalmex.
A ello se suman grandes obras públicas marcadas por sobrecostos, contratos inflados, opacidad y reservas de información, así como decisiones que en algunos casos han derivado en accidentes y tragedias evitables.
Transparencia Internacional subraya que una condición indispensable para contener la corrupción es contar con un Poder Judicial fuerte e independiente. Esa recomendación adquiere especial relevancia frente a las reformas institucionales recientes en México.
Asimismo, resulta imprescindible fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación con facultades de auditoría en tiempo real, que le permitan intervenir durante la ejecución del gasto y no cuando el daño ya está consumado. Debe poder actuar ante indicios de corrupción, sobrecostos injustificados o fallas graves, sin trabas discrecionales ni obstáculos administrativos.
El Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 para articular los esfuerzos del Estado, ha sido debilitado presupuestalmente. En el Presupuesto 2026, su Secretaría Ejecutiva sufrió un recorte de 85 por ciento: pasó de 128.8 millones a 6.3 millones de pesos.
El índice considera estas circunstancias como señales de captura institucional: debilitamiento de los contrapesos, reducción de capacidades de fiscalización y fragilidad en la autonomía de las instancias encargadas de investigar y sancionar.
La corrupción no es únicamente un problema de imagen internacional ni un número en una tabla comparativa. Es la distorsión sistemática del Estado en beneficio de intereses particulares. Es la puerta que abre espacio a la impunidad, al crimen organizado y a la erosión de la confianza pública.
Mientras no existan contrapesos reales, fiscalización efectiva y justicia independiente, el país seguirá pagando el costo —en recursos, en seguridad y en democracia— de una corrupción que no se combate con discursos, sino con instituciones que funcionen y sanciones que se cumplan.
* Especialista en Derechos Humanos
