La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las formas más devastadoras de violación a los derechos humanos. No solo rompe la integridad física y psicológica de quien la sufre, sino que deja huellas profundas en la autoestima, el desarrollo emocional y la confianza en las personas adultas. Denunciar estos delitos no es un simple trámite legal: es un acto de justicia, de reparación y, sobre todo, de protección de la vida y la dignidad infantil.
A escala mundial, las cifras evidencian la magnitud del problema. UNICEF (2024) estima que más de 370 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de violación o agresión sexual antes de cumplir los 18 años, y que, si se consideran formas de violencia sexual sin contacto (como el acoso verbal o la exposición forzada a contenido sexual), el número asciende a alrededor de 650 millones de personas afectadas. En el caso de los hombres, entre 240 y 310 millones sufrieron algún tipo de violencia sexual en su infancia. La Organización Mundial de la Salud señala, de forma convergente, que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres fue víctima de abuso sexual durante la niñez.
En contextos de conflicto armado o de alta vulnerabilidad social, el riesgo aumenta. En el este de la República Democrática del Congo, UNICEF documentó que, durante un periodo de violencia intensa, se reportó la violación de un niño aproximadamente cada media hora. En América Latina y el Caribe, UNICEF calcula que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños ha sufrido abuso sexual antes de los 18 años. En el entorno digital, los peligros se amplían: investigaciones de SafeOnline (2024) estiman que hasta el 20% de las y los niños, niñas y adolescentes, que usan internet fueron víctimas de explotación sexual en línea en un periodo anual.
En México, diversas fuentes públicas y de la sociedad civil han señalado que la magnitud del fenómeno es particularmente grave. La Cámara de Diputados y organizaciones especializadas han estimado que podrían ocurrir hasta 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil cada año, mientras que el INEGI (2023) reporta que el 80% de las víctimas de delitos sexuales son infantes. En comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad, la prevalencia puede superar el 25% en niñas y el 15% en niños. Estas cifras, ya de por sí alarmantes, probablemente están subestimadas por el subregistro: muchos casos no se denuncian por miedo, vergüenza, amenazas o desconocimiento de las rutas de atención.
Denunciar es un paso fundamental para romper el silencio que protege al agresor y perpetúa el daño. La denuncia permite, en primer lugar, proteger de inmediato a la niña, niño o adolescente, separándolo del agresor y activando medidas urgentes para garantizar su integridad física y emocional. Además, facilitar el acceso a la atención médica, psicológica y forense oportuna puede evitar daños irreversibles, prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos tempranos y trastornos de salud mental, y asegurar la adecuada preservación de evidencias.
A partir de la denuncia, se activa la investigación penal que puede conducir a sanciones para la persona responsable. Pero también se abre el camino hacia la reparación integral del daño, que incluye atención psicológica continua, compensación cuando corresponda y medidas de no repetición. Cada denuncia, además, aporta información para el diseño de políticas públicas y fortalece las capacidades institucionales para prevenir y atender la violencia sexual.
Los obstáculos, sin embargo, son reales y deben ser afrontados de forma directa. Muchas víctimas y sus familias sienten miedo, culpa o vergüenza; algunas dependen emocional o económicamente del agresor; no faltan las amenazas o el temor a represalias. A ello se suma la desconfianza hacia las autoridades, la percepción de impunidad, la desinformación sobre cómo y dónde denunciar, la pérdida de pruebas con el paso del tiempo y la estigmatización social. Reconocer estas barreras es el primer paso para desmontarlas.
Saber cómo actuar salva vidas. Lo urgente es priorizar la seguridad de la persona infante, alejándola del agresor y garantizando un entorno de protección. Inmediatamente después, se debe acudir a servicios de salud para recibir atención médica y psicológica, preservando la cadena de custodia de cualquier indicio. Con la información básica del hecho (identificación y relación con el agresor, lugar, fecha, posibles testigos, objetos o mensajes relevantes), corresponde presentar la denuncia ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales o en delitos contra niñas, niños y adolescentes.
La denuncia requiere seguimiento. Es importante ratificarla cuando proceda, solicitar y vigilar la adopción de medidas de protección, y exigir diligencias oportunas. En paralelo, debe garantizarse la reparación integral del daño, en los términos previstos por la legislación de protección a la infancia, incluida la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el acceso sostenido a atención psicológica y social.
Para que todo lo anterior funcione, el Estado debe cerrar brechas institucionales: profesionalizar al personal ministerial, policial, médico y psicológico; consolidar unidades especializadas con enfoque de infancia y perspectiva de género; adoptar protocolos uniformes de atención rápida; dotar de recursos suficientes a los servicios médicos, psicológicos y forenses; fortalecer el registro estadístico y la coordinación interinstitucional; y asegurar la protección integral de la víctima durante todo el proceso, evitando cualquier forma de revictimización.
Denunciar los delitos sexuales contra la infancia no es solo una obligación legal; es un compromiso ético y humano impostergable. Cada denuncia puede significar el fin de la impunidad, el comienzo de la reparación y la prevención de nuevas agresiones. Una sociedad que denuncia es una sociedad que protege. Romper el silencio es dar el primer paso hacia un país donde la infancia crezca sin miedo, con confianza, amor y justicia.
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*Jueza Especializado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos
