En el país donde con frecuencia se afirma que la Marina es un bastión de honor y disciplina, el escándalo reciente del huachicol fiscal ha abierto una grieta profunda en esa narrativa nacional. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, no solo representa una caída personal de alguien muy cercano a las cúpulas castrenses, sino un golpe directo contra una institución que durante años ha sido sinónimo de entrega y servicio público inmaculado.
El inicio de esta caja de Pandora fue un impresionante decomiso, un buque cisterna con 10 millones de litros de diésel robado fue detenido en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Le siguió otro hallazgo en Ensenada, Baja California, de 8 millones de litros adicionales, señal de una logística criminal millonaria que cruzaba puertas institucionales y terrenos estratégicos. Estas incautaciones no solo evidenciaron la magnitud del huachicol fiscal, ese contrabando disfrazado de lubricantes, que elude impuestos de manera sistemática, sino que mostraron que quienes deben custodiar el orden público pueden encabezar su desmantelamiento.
Pero fue más allá, las investigaciones revelaron que áreas clave de aduanas y puertos estaban bajo el control directo o indirecto de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes manipulaban ascensos y comisiones dentro de la Secretaría de Marina, lo que les permitió colocar personas de confianza en lugares que facilitaran la entrada de combustible ilegal. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció estas irregularidades en una carta dirigida al almirante Ojeda Luján, fue asesinado después, en Manzanillo, bajo circunstancias que hoy la Fiscalía señala como vinculadas a la red de huachicol. Días después, bajo el mismo modus operandi, fue asesinada la auxiliar fiscal Magaly Janet Nava Ramos; un patrón que habla de intimidación letal contra quienes levantan la voz
Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch han decidido poner nombre y apellido al problema: la corrupción sistémica no será tolerada, ni si esta se gestiona desde uniformes o despachos institucionales. El fiscal Alejandro Gertz Manero ha señalado que las investigaciones continuarán, hay órdenes de aprehensión pendientes entre ellas contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante detenido y un despliegue de acciones concretas contra las estructuras financieras de esta red.
El huachicol fiscal no es una cuestión menor, representa pérdidas anuales por más de 9.000 millones de dólares para la hacienda pública, un boquete colosal que limita inversiones sociales, frena el desarrollo y alimenta crímenes más sofisticados, como el narcotráfico. Si no combatimos estos mecanismos contaminados desde adentro, las reformas al SAT, a Pemex, o los nuevos sistemas de trazabilidad del combustible como los impulsados por la administración actual serán solo parches sobre una herida abierta. Que la Marina haya sido salpicada por esta red mafiosa no solo debilita su prestigio, también cuestiona la militarización progresiva de diversas tareas de Estado; y obliga a revaluar si las Fuerzas Armadas son realmente impermeables al poder político, o si son tan humanas y corruptibles como cualquiera.
La lección es amarga pero ineludible, ninguna institución, por más tradición o mística que la envuelva, está a salvo de la tentación del poder y del dinero, el huachicol fiscal operado con la participación de altos mandos de la Marina confirma que la corrupción no es un fenómeno aislado ni patrimonio exclusivo de la política civil, sino una enfermedad que permea cualquier estructura sin contrapesos ni vigilancia ciudadana.
Hoy, más que nunca, se requiere que el gobierno federal actúe con firmeza, que las investigaciones no se detengan en los eslabones visibles y que el proceso judicial no se diluya en tecnicismos o complicidades. Si de verdad se busca mandar un mensaje de ruptura con el pasado, el castigo debe ser ejemplar y sin distingos de rango, apellido o uniforme.
Porque lo que está en juego no es solo la credibilidad de la Marina, sino la confianza misma de los ciudadanos en su Estado. El discurso de Andrés Manuel, que mencionaba que los negocios sucios, siempre llevan el visto del presidente, resuena hoy como advertencia y como reto: ¿será capaz la nueva administración de demostrar que ese ciclo puede romperse? ¿O confirmaremos, una vez más, que en México la corrupción sigue encontrando refugio en las más altas esferas?
El tiempo dirá si esta grieta en el orgullo institucional se convierte en una herida irreparable o en la oportunidad de reconstruir, con verdad y justicia, un sistema que hoy clama por legitimidad.
*Universidad Autónoma del Estado de México
Fuente: imagen generada con IA. Cortesía del autor
