¡Ser (in)migrante no es jodedera!
Wilfredo Abraham Alaniz Pérez *
Días atrás escuchaba a Reymar Perdomo con una de sus letras que se convirtió en un himno de la migración venezolana: Me fui. No es una canción de despedida romántica ni de aventura, es un relato crudo de ruptura, cansancio y supervivencia. No habla de irse porque se quiere, sino porque quedarse dejó de ser una opción. Quizá por eso conecta con millones de personas que hoy viven la experiencia migratoria en América Latina y el mundo.
Migrar no es un capricho, tampoco una moda y mucho menos una experiencia vacacional. De acuerdo con la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en 2024 alrededor de 304 millones de personas en el mundo viven fuera de su país de origen. En América Latina, el desplazamiento venezolano se ha convertido en uno de los mayores movimientos humanos contemporáneos, con más de 7.7 millones de personas que han salido del país en la última década. A ello se suman los flujos históricos desde Centroamérica, el Caribe, África y Asia, forzados por pobreza, violencia, crisis climática y colapso institucional.
Como hemos señalado en entregas anteriores, México se encuentra en un escenario complejo al ser país de origen, tránsito, destino y retorno. Millones de mexicanos residen en el extranjero, mientras que miles de personas de otras nacionalidades cruzan o permanecen en territorio mexicano. Tan solo en 2023, informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) colocaron a México entre los cinco principales países receptores de solicitudes de asilo y refugio humanitario a nivel mundial.
Pese a que nadie abandona su hogar, su cultura, su familia y su historia por gusto, el debate público sigue atrapado en una narrativa reduccionista que presenta a las personas migrantes como amenazas a la seguridad o cargas económicas. Se habla de “oleadas”, “crisis”, “contención” y “control”, pero rara vez de derechos humanos, y ahí radica el problema de fondo.
En 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas documentó que en México más de 240 mil personas migrantes fueron detenidas en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, muchas de ellas más allá de los plazos establecidos por la ley, lo que incrementó el riesgo de detenciones arbitrarias y trato inadecuado, especialmente en el caso de niñas y niños.
El derecho a migrar —y a no migrar— forma parte del núcleo duro de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la libertad de circulación y el derecho a buscar asilo; la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe las detenciones arbitrarias y las expulsiones colectivas, y establece que el control migratorio no puede ejercerse al margen del debido proceso. A ello se suma la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que afirma que la condición migratoria irregular no anula derechos fundamentales.
En el ámbito interno, la Constitución mexicana establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales, sin discriminación por origen nacional o condición migratoria. La propia Ley de Migración señala que la irregularidad migratoria no constituye un delito y que las autoridades deben garantizar un trato digno. El desafío, entonces, no es solo normativo, sino político e institucional, ya que la distancia entre la ley y su aplicación sigue siendo abasallante.
Por eso, al escuchar a Reymar Perdomo, cuando dice que ser (in)migrante no es jodedera, es evidente que se trata de vivir con miedo a la detención, a la deportación y a la discriminación cotidiana. Es cargar con duelos, despedidas forzadas e incertidumbre permanente. Es también resistir sistemas que, aun contando con marcos jurídicos de protección, fallan en su cumplimiento. Me fui no es solo una canción, es un testimonio colectivo que dialoga con lo que ocurre en México y la región.
* Investigador Posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM