El 6 de agosto se cumplieron 11 años del desastre minero más grave en la historia de México, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas de la presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, apropiada por el Grupo México en 1989, contaminaron los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora en la zona central de esa entidad. A la fecha no hay reparación efectiva de los daños causados a más 22 mil personas, pero los proyectos mineros de esta corporación y sus súper ganancias avanzan sin limitaciones.
Como si una bomba atómica hubiese caído en la región del derrame, las tierras quedaron inutilizadas, el agua dejó de ser potable y las personas enferman severamente. Los animales bebieron el agua contaminada hasta que murieron y la fauna silvestre presenta alteraciones. Era una zona de producción de leche, chile, maíz, alfalfa, cacahuate, hortalizas, entre otros productos. La zona recibía visitantes por el agua clara de los ríos.
Al mes del derrame, el Grupo México y el gobierno de Peña Nieto formaron el Fideicomiso Río Sonora. El consorcio informó que entregaría 2 mil millones de pesos para la atención a los pueblos afectados. A los tres años anunciaron que el dinero se acabó y el fideicomiso se canceló. A la fecha no hay una evaluación ni un informe transparente de cómo se usó ese dinero, solo datos parciales.
Se entregaron 15 mil pesos a las cabezas de familia que tenían producción ganadera en pequeña escala, algunos pocos recibieron 70 mil pesos, se distribuyeron tanques para agua de la marca Rotoplas, negocio de un hermano de Germán Larrea, dueño del Grupo México. Algunos habitantes optaron por vender su ganado y tierras, otros se desplazaron a otros lugares. La mayoría vive al límite casi sin recursos.
Desde 2014 los gobiernos federales han prometido la construcción de plantas potabilizadoras del agua de esos ríos porque contiene metales pesados como cadmio, plomo, zinc. Substancias que, se ha probado, aparecen en la sangre de las personas que habitan la zona. Se necesitan decenas de plantas que limpien el agua. Solo se construyó una y no opera. Se comprometieron a construir una clínica de especialidades para atender los padecimientos derivados de la brutal contaminación a la que quedó expuesta la gente. Cáncer y enfermedades de la piel son las más comunes, pero padecen muchas otras y su origen no es investigado.
Los recursos necesarios para remediar las afectaciones a la salud de las personas y al sistema ecológico de este desastre ambiental probablemente quintuplican la cantidad supuestamente entregada al Fideicomiso. Los gobiernos, desde 2014 a la fecha, no quieren obligar a el Grupo México a pagar y a enfrentar la justicia por su responsabilidad. Esto no fue un accidente sino la consecuencia del comportamiento habitual de la corporación minera de aumentar la producción de cobre y disminuir sus costos.
Presionar al Grupo México a remediar las afectaciones a miles de personas y al sistema natural de la cuenca significaría dar un mensaje global de freno a la impunidad contra los daños al medio ambiente. Ningún gobierno, en ninguno de sus tres niveles, ha querido posicionarse de cara al consorcio que controla parte de la producción minera en Sonora. Hacerles pagar su crimen ambiental es permitir la disminución de sus beneficios. Este paso no lo da ningún gobierno porque las ganancias son sacras.
Los Comités Cuenca del Río Sonora, se organizaron para buscar la justicia. Las personas mantienen la vitalidad de la exigencia de la remediación social y ambiental. Denuncian la simulación de autoridades, ellos sí enfrentan la impunidad del Grupo México. Han demostrado que las afectaciones a la vida están vigentes y que la región es una zona de sacrificio, como tantas en México, devastadas por los megaproyectos de minería, petróleo, turismo de masas, producción cárnica y agrícola de exportación y los proyectos inmobiliarios.
Mientras tanto, el presupuesto de la entidad federal encargada del cuidado del medio ambiente en México disminuye consistentemente.
Desastre ambiental en los ríos Bacanuchi y Sonora. Foto: BBC
