Nunca será trillado abundar en torno a la seguridad pública, el talón de Aquiles en la agenda morelense. En jornadas recientes, la presidenta de la república, la gobernadora del estado y el secretario general de gobierno se han manifestado al respecto, han reconocido el problema, así como que la violencia no ha cedido. Es de destacar que, a diferencia de Cuauhtémoc Blanco, no ignoren la preocupante realidad así como que no se remitan a cuentas alegres, tal como lo hizo Graco Ramírez quien aseguró que en 18 meses acabaría con la inseguridad en Morelos.
El problema va más allá de querer resolverlo no atendiéndolo o bien decretando una fecha fija en el calendario para extirparlo. La zozobra no es menor, pues los morelenses, sin temor a exagerar, estamos en el filo de la navaja y con el temor de perder los tres bienes más preciados de un individuo que vive en sociedad: la vida, la libertad y su patrimonio.
Si bien no nos encontramos como nuestros conciudadanos en Sinaloa o Tamaulipas bajo un escenario de guerra de baja intensidad, es del dominio público que nuestra vida cotidiana ha sido trastocada y que difícilmente se puede encontrar a alguna familia morelense que no haya sufrido o conocido con alguien cercano de algún delito del fuero común. Si bien se han dado casos de territorios que han estado bajo el control del crimen organizado como ocurrió recientemente en Puente de Ixtla donde la principal compañía refresquera mundial debió suspender temporalmente sus operaciones ante la ola de extorsiones sufridas por su personal, también es cierto que a río revuelto ganancia de pescadores y que los delincuentes del fuero común se encuentran operando en absoluta impunidad.
Los robos a transeúntes, casas habitación así como las imágenes de automóviles que amanecen sobre ladrillos sin sus neumáticos son recurrentes en las redes sociales, las cuales se han convertido en una extraordinaria plataforma de denuncia, pero que desafortunadamente no aseguran que los delitos sean castigados y los daños reparados. De igual forma las extorsiones y fraudes cibernéticos no ceden, incluso individuos como Israel Zúñiga Sánchez de Jonacatepec, con absoluta desfachatez se presentan como líderes sociales y campesinos para cometer fraudes y literalmente robar maquinaria pesada para su uso personal. A todo lo anterior, las redes sociales han dado cuenta de detenciones ciudadanas de delincuentes, como ocurrió hace unos días con un asaltante de rutas en la populosa glorieta de la Luna en Cuernavaca así como también han mostrado que los capitalinos ya saben distinguir muy bien la diferencia entre el estallido de la pirotecnia tan recurrente en las fiestas patronales de Cuernavaca y el tableteo de armas automáticas que se escuchan por las noches.
La clase política local no está exenta del crimen, y no son pocos los alcaldes recién entrados en funciones que han sido objeto de ataques armados, tal como sucedió con los ediles de Cuautla y Yautepec. La agresión que sufrió el fin de semana pasado la Síndica de Temixco Graciela Cárdenas, a pesar de que no terminó en tragedia, es inevitable que no nos remita al asesinato también en estas fechas en 2016, de Gisela Mota Ocampo quien era alcaldesa de ese municipio conurbado a Cuernavaca. Las agresiones a las mujeres no solo se dan en la política, la violencia de género, vicaria y derivada de controversias del orden familiar es constante y desafortunadamente en no pocas ocasiones deriva en feminicidios, de los cuales la entidad es puntera a nivel nacional, mismos que han sido amplia y oportunamente denunciados en diversos espacios de La Jornada Morelos.
La gobernadora del estado recientemente declaró que solo el 30 por ciento de los homicidios en Morelos están vinculados con la delincuencia organizada, lo cual se traduce en que el 70 por ciento restante son producto del fuero común, de ese tamaño es el reto de las autoridades locales por abatirlos. Un rubro preocupante lo representa el hecho de que el Fiscal General de Morelos se encuentre enfrentado a la Presidenta de la República y por ende a la gobernadora, ningún esfuerzo en materia de seguridad pública podrá llegar a buen puerto si no existe la elemental coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de la entidad, la autonomía de esta última debe ser una herramienta a favor de una eficaz persecución de los delitos del fuero común, no una plataforma de enfrentamiento político entre distintos actores, aquí el congreso local debe ponderar el interés superior del pueblo de Morelos sobre rencillas particulares.
De todo lo anterior, se desprende que abatir los delitos del fuero común es la gran asignatura para una administración que llega a sus primeros cien días, un momento oportuno y formidable para dar un golpe de timón, enderezar el rumbo y regresar a los morelenses la paz social que desde hace lustros anhelamos.
*Escritor y cronista morelense.
